La IA cambiará tanto la sociedad como la forma en que ahora trabajamos. Pero su impacto sobre la tecnología en general y en el trabajo y la sociedad en particular no es determinista. Los efectos sobre el empleo serán diferentes en función del tiempo y los sectores. Los análisis históricos sobre los ciclos largos económicos y las revoluciones tecnológicas del pasado demuestran que la destrucción y creación de puestos de trabajo acaban equilibrándose en la línea temporal. De hecho suele terminar apareciendo más empleo del que se destruye, con mayor productividad, mejores salarios y aumento de la calidad de vida. Porque las instituciones sociales terminan coordinándose para producir un crecimiento económico estable a largo plazo.
Cuando se aplica esto a la revolución digital quiere decir que la primera fase se orientará a las nuevas tecnologías y sus productos relacionados, servicios y procesos de producción forzando la desaparición de un número no pequeño de empleos. Pero la segunda fase se fundamentará en la aplicación a gran escala de esas innovaciones en el tejido productivo, generándose una estructura social que propagará esas innovaciones facilitadas por las nuevas tecnologías al mismo tiempo que crea nuevos puestos de trabajo.
Los impactos serán en todos los sectores
En el caso de la IA estamos todavía en los primeros estadios de la primera fase y en consecuencia la discusión sobre lo que puede suceder tiene un marcado carácter especulativo. Los impactos son difíciles de predecir por dos motivos en particular: no se puede conocer por dónde van a ir las innovaciones tecnológicas y además no llevan implícitas la información sobre los cambios que van a producir en el empleo y la sociedad.
En cualquier caso, el impacto de la tecnología siempre vendrá transformado por filtros culturales e institucionales. Podríamos destacar los siguientes:
Un filtro ético que trabaja las restricciones de las formas en las que la tecnología es aplicada. Desde el punto de vista de las aplicaciones de la IA, los aspectos éticos que deben ser subrayados en el futuro incluyen la apertura de los datos de salud, la geolocalización de personas y objetos, la monitorización de sistemas robóticos y la gestión centralizada de productos y servicios domóticos.
Tiene que haber además un filtro social que limite la manera en que se aplica la tecnología sobre las bases de las actividades de las personas y las organizaciones. Como ya se ha comentado antes, un ejemplo de ausencia de filtro social es la lucha de los transportistas, taxistas y sus organizaciones contra la movilidad autónoma e hiperconectada, mucho más eficiente y competitiva. La falta de organización política y administrativa solo ha empeorado la situación, postergando el problema al mismo tiempo que impide la innovación.
El filtro institucional debe determinar los límites en las formas en las que la tecnología puede ser aplicada. Este tipo de sistema institucional incluye el modelo de gobernanza corporativa (accionistas vs propietarios), las asociaciones, el sistema educativo y también el mercado laboral.
Es necesario además un filtro legislativo que garantice las limitaciones apropiadas del derecho, estatutarias y regulatorias para que la tecnología pueda ser aplicada. Por ejemplo, la circulación de vehículos autónomos necesita una normativa amplia y transversal sobre responsabilidad civil, tráfico, derechos de propiedad, estándares internacionales de interconectividad, etc.
Los mayores beneficios productivos y financieros de las nuevas soluciones tecnológicas llegan a menudo con gran retraso y después de un periodo de prueba económicamente costoso. Este es el filtro económico y quiere decir que muchas compañías en las etapas más tempranas no están listas todavía para afrontar con garantías las primeras pruebas que permiten después soluciones tecnológicas prometedoras. Las compañías que dominan el mercado pueden entonces colaborar mediante convenios de colaboración, ayuda tecnológica o de patentes y venture capital. El sector público debe canalizar todos los incentivos necesarios para que eso suceda.
Finalmente conviene insistir que en la actual economía globalizada y muy especialmente en el sector de la IA y las telecomunicaciones, ningún país puede tomar decisiones unilaterales por su cuenta y riesgo como hace España con la ‘Tasa Google’, con el objeto de proteger grupos empresariales nacionales o determinados sectores que se quedan obsoletos, por los riesgos futuros que supone para la economía nacional y su impacto sobre el empleo a largo plazo. Pueden resolver intereses particulares en lo inmediato, pero en el futuro se crean muchos más problemas sobre el conjunto de la economía y la sociedad. La legislación y regulación de la IA tiene que desarrollarse mediante acuerdos internacionales extensivos, pensando que actuaciones descoordinadas pueden terminar expulsando España de la cuarta revolución industrial.