El principal gran problema que ya se ha detectado en España antes de que la IA comience a andar es su tradicional multipliación normativa que fragmenta la unidad de mercado y lastra la competencia, junto con el también tradicional 'capitalismo de amiguetes' (del inglés 'crony capitalism' o también en español 'capitalismo castizo') que se basa precisamente en la creación normativa 'ad hoc' (especialmente en el BOE o el resto de boletines autonómicos y municipales) para proteger un mercado cautivo o para crear directamente una barrera legal que impida la entrada de nuevos actores y en consecuencia la competencia.
Esto se observa cuando son las grandes corporaciones nacionales las que se ven perjudicadas por nuevos servicios o productos tecnológicos más competitivos, pues aprovechan su proximidad a los gobiernos y las famosas puertas giratorias para coartar esta nueva competencia mediante legislación que perjudique la disrupción o directamente impida su recorrido en el mercado con barreras normativas. Son famosos los casos de las gasolineras autoservicio, directamente llamadas por la prensa “piratas” y que han tenido que recurrir a los tribunales la multiplicidad normativa autonómica impuesta por las empresas energéticas a los políticos para perjudicar el negocio. También cabría destacar la presión del colectivo del taxi contra los servicios VTC mediante plataforma digital y contra la próxima llegada de los vehículos autopilotados, exigiendo tales impedimentos para la competencia que de ser aplicados al taxi habrían provocado su desaparición. Por no mencionar el potente lobby de los hoteleros y el turismo presionando en todos los municipios españoles contra Airbnb mediante normativas locales que están siendo recurridas una tras otra por la CNMC, por exigir a un particular que ofrece una habitación de su vivienda en alquiler requisitos como si fuera un grupo hotelero. O incluso la famosa prohibición de facto contra los paneles solares promovida también por las empresas energéticas del país, junto con el cambio a las retribuciones llevando a la ruina unas 40.000 familias y que ha provocado decenas de pleitos internacionales contra España por los fondos de inversión gravemente perjudicados. Este caso en concreto dio la vuelta al mundo haciendo que España fuera el hazmereir, cuando la prensa internacional informó que el gobierno de Rajoy era el primero en poner un impuesto al sol. También ha tenido amplia repercusión internacional por ejemplo el acoso del ejecutivo al servicio Google News hasta que finalmente ha sido cerrado, pues se estaba amenazando a la multinacional americana con imponer un pago por cada clic que se hiciera en su servicio y dirigiera a un medio de información español. El problema era evidentemente que los políticos no podían controlar las noticias diarias y había que buscar una solución porque era una vía que permitía eludir la permanente desinformación que sufren los españoles. Finalmente ya se cuentan por decenas las intervenciones, denuncias y sanciones de la CNMC contra los cárteles empresariales, la normativa del gobierno para favorecer a las empresas del IBEX y perjudicar a la competencia o sencillamente por prácticas abusivas contra los consumidores, en ocasiones bajo amparo y promoción del gobierno. La banca española está siendo todavía un caso de escándalo internacional para España por sus prácticas contractuales más propias de la Edad Media que de una economía moderna, recurridas en varias ocasiones al TJUE. Sobre todo lo expuesto en este párrafo no es necesario poner enlaces porque no acabaríamos. Cualquiera de estos asuntos es suficientemente conocido por todo el mundo, pues desgraciadamente el abuso a los consumidores con la protección tácita o implícita del gobierno está cada semana en los medios.
Por lo que respecta al sector público, el principal impedimento para la IA es la atomización por la dispersión o superposición de las competencias municipales, autonómicas y nacionales, cuando no implica a las diputaciones, sean estas forales o no. Un caso que sirve de ejemplo es el ataque frontal que se acaba de comentar contra el alquiler de habitaciones particulares, al que además se ha añadido Hacienda enviando cartas personalizadas a unas 700.000 familias amenazando con sanciones de decenas de miles de euros si no declaraban esos ingresos de varios cientos de euros. En lugar de dejar definida una estrategia unificada a nivel nacional desde Fomento o Industria para repartir también entre los ciudadanos el negocio del turismo, el ministro no ha encontrado mejor impedimento para frenar el avance de Airbnb y favorecer la concentración de ingresos en pocas manos que delegar en los más de 8.000 municipios españoles la creación normativa local que cada uno entienda mejor y más oportuna, fragmentando el mercado hasta la extenuación para perjudicar de esta forma a plataformas de recursos turísticos mucho más eficientes que el sistema de hoteles y apartamentos, que han visto cómo se vaciaban sus costosas instalaciones incapaces de competir. Como el lobby hotelero financia campañas electorales nacionales, autonómicas y sobre todo municipales, los políticos no han dudado ni un momento dónde se encuentra su mejor rédito aunque con ello hayan perjudicado directamente a sus votantes.
Todas estas primeras iniciativas de rechazo y ausencia de promoción de la Inteligencia Artificial por los diferentes gobiernos durante el comienzo del siglo XXI (excepto en las apariciones ante los medios o para publicitarse como progresistas mientras se pide el plebiscito de los ciudadanos cuando llegan las elecciones) comienzan a mostrar un panorama sombrío y desde luego muy poco esperanzador. Porque la revolución que va a sufrir el empleo por la emergencia de la computación cognitiva y la inteligencia artificial podrá encontrar a España con el pie cambiado en un primer momento, pero a largo plazo va a terminar provocando tal desastre en el mercado laboral que podría dejar el país con un nivel de desarrollo económico propio del Tercer Mundo. Pues mientras en otros sitios los gobernantes luchan por sus trabajadores con el objetivo de minorar el impacto encontrando un efecto sustitución y relevo en las nuevas tecnologías, los políticos españoles han destacado siempre por dejar al pairo a los ciudadanos excepto para saquearlos con su latrocionios. Esto va a provocar una importación masiva de desempleo hasta dejar la economía muy deteriorada, en un entorno además de grave crisis demográfica.
Como se puede comprobar, los graves impedimentos sobre la IA no son neutrales porque pueden llegar a producir un gran desempleo. Pero todavía peor, podrían terminar hundiendo el país en un infierno laboral que impediría cualquier regeneración económica y social futura. Sobre este asunto se pueden hacer advertencias con más tino y mejor elaboradas, pero aquí el prósito no es profundizar sino hacer una denuncia que sea constituyente. Las ideas principales han sido tratadas por expertos. A ellos hay que dirigirse:
- Contra el capitalismo clientelar [Introducción]
- Legislar y simplificar creando valor
- Regulation, Innovation and Productivity
- Qué hacer con España
Según el WEF los ámbitos que principalmente lastran avances futuros de la competitividad española son el funcionamiento de los mercados de bienes, laboral y financiero, la innovación y la calidad institucional, en el que se analiza la eficiencia de la regulación por su impacto en el desarrollo de la actividad económica. España, en términos de eficiencia del marco regulatorio se sitúa en niveles similares a países como Jamaica y Uganda y muy alejada de Alemania, que con un modelo territorial similar al de nuestro país ocupa la tercera posición en esta variable del total de economías analizadas.
Estos resultados coinciden con los reflejados en las sucesivas ediciones del Barómetro de los Círculos, en la que los empresarios señalan como una de las principales debilidades de la economía española el peso de la regulación que dificulta la unidad de mercado e impone excesivos sobrecostes y trabas a las empresas y a los ciudadanos. No hay que olvidar que la evolución de la productividad total de los factores determinante del crecimiento potencial de la economía está vinculada con el grado de liberalización de la estructura productiva y por el marco regulatorio en que se desarrolla la actividad empresarial. Por tanto, debe asegurarse la existencia de una unidad de mercado efectiva por sus efectos positivos sobre la eficiencia y la competitividad y en consecuencia sobre el crecimiento económico y el bienestar de los individuos.
En contraste, las diecesiete Comunidades autónomas apoyadas en su capacidad normativa y reguladora creciente, crearon un total de 253 nuevas normas en 2017 y 1.694 desde 2012. Han desarrollado un marco regulatorio con elementos claramente diferenciadores entre sí, que redunda en un incremento sustancial de los costes de información, asesoramiento jurídico y fiscal y de gestión aobre aquellas empresas que no limitan su actividad a una sola Comunidad. Estos costes de transacción principalmente contribuyen a segmentar el mercado, actuando como barreras de entrada que dificultan el acceso de las empresas, especialmente en el caso de las de menor tamaño.
Entre los años 2000 y 2017 se han publicado 13.404 nuevos textos regulatorios a nivel estatal, lo que supone una media de unos 745 anuales. El año pasado fueron un total de 517 nuevos textos, pero ha habido ejercicios como el año 2011 en el que se llegó a los 1.040. Además hay que añadir los que se publican en las comunidades autónomas (1.274 en el período 2013-2017) y en la Unión Europea (1.920 nuevos actos legislativos adoptados tan solo en 2017). Todo un entramado de páginas de boletines oficiales y de textos legales ante los que las empresas, sobre todo pymes, tienen dificultades para poder estar al día por la complejidad y densidad, generando además cargas administrativas y limitando la competitividad empresarial.
Alrededor de un millón de páginas (un total de 954.568) en boletines oficiales se publicaron en 2017. De ellas, más de 223.000 son del BOE y más de 731.000 de los boletines de las comunidades autónomas. Son páginas y páginas que incluyen nuevas normativas legales y legislación que afecta a la actividad de las empresas. Se calcula que cualquier pyme de 10 empleados (el 95% tiene menos) debería dedicar la mitad de sus trabajadores cada año solo para leer las páginas que crean los políticos en los boletines oficiales.
Esta densidad normativa hispana se sitúa muy por encima de la media de otros países del entorno y no solo hace difícil "funcionar bien" a las empresas, sino que tomando al pie de la letra la obligatoriedad de su conocimiento las llevaría literalmente a la quiebra. Para hacernos una idea, España supera en legislación a Alemania en un 40%, cuando ese país multiplica por 2,5 el PIB nacional y casi lo dobla en población. Recientemente la Comisión Europea ha señalado a España como el segundo país de la UE (solo superado por Francia) con mayor número de restricciones comerciales, lo que impide a las empresas adaptarse a la transformación digital y reaccionar a los nuevos modelos de negocio que se están desarrollando, como el e-commerce. La fragmentación normativa autonómica más las numerosas restricciones de ámbito local dificultan hasta la extenuación cosas tan básicas como la apertura de nuevas tiendas o los horarios comerciales. Al mismo tiempo que el establecimiento de impuestos específicos ponen en riesgo la viabilidad y el empleo en sectores tradicionales ante el cambio de hábitos de consumo que está produciendo la transformación digital. Es urgente adaptar el marco regulatorio español diseñado mayormente en la década de los 90 al nuevo entorno socioeconómico que vivimos. Hay que seguir en esto el ejemplo de países como Finlandia, Suecia, Irlanda, Portugal o Italia que han flexibilizado su normativa comercial para favorecer la competitividad de las pymes y la creación de empleo.
Concluyendo, impulsar la competitividad de la economía española y su adaptación a un mundo cada vez más global, interconectado y en constante cambio exige eliminar la fragmentación del mercado y reducir las barreras que impiden el correcto desarrollo de la actividad económica. Apostar por la unidad de mercado no significa ir en contra de las competencias otorgadas a las Comunidades Autónomas, es garantizar que existen normas eficientes que permitan a las empresas competir en igualdad de condiciones.