En vísperas de que los diputados del Pacto de Toledo hagan público su catálogo de recomendaciones para el futuro del sistema público de pensiones, el Ministerio de Hacienda y la Seguridad Social libran en el seno del Gobierno una guerra de cifras para determinar quién debe compensar a quién al objeto de poner a cero el contador de cuentas pendientes por las malas prácticas del pasado.
De momento la tarea de los diputados se está enfocando a resolver la deuda histórica de más de 17.000 millones de euros que la Administración de la Seguridad Social mantiene con el Estado como consecuencia de una serie de transferencias de recursos que se realizaron en los años 90, cuando todavía no se había dejado sentada la necesidad de separar las fuentes de financiación del sistema de pensiones para distinguir claramente el tramo contributivo y el no contributivo, compuesto por todas las ayudas y pensiones de carácter asistencial que mantiene el sistema español de bienestar y que deben financiarse vía impuestos, y no con cotizaciones sociales.
Desde la Seguridad Social no se comparte ese mensaje oficial sobre su insuficiencia de recursos y la inevitabilidad de que el Estado tenga que salir regularmente al rescate del sistema público de pensiones ante la falta de liquidez para hacer frente a sus compromisos, como ocurrió con el préstamo de 10.192 millones de euros realizado el pasado mes de junio para hacer frente a la paga extra de junio sin agotar el Fondo de Reserva de las pensiones.
Un informe de la Intervención General de la Seguridad Social, el principal órgano de gestión contable del organismo y que obra en manos de los diputados del Pacto de Toledo y de los agentes sociales, ha calculado en 72.371,5 millones de euros la 'deuda histórica' que el Estado tendría con la Seguridad Social como consecuencia de la financiación con cargo a cotizaciones sociales de los complementos a mínimos que forman parte del segmento no contributivo de la Seguridad Social desde el año 1990 a 2012, el último en que se financió una parte de estos complementos con cuotas sociales.
Políticas de Gobierno pagadas con cotizaciones sociales
La separación de fuentes de financiación de la cobertura social del Estado fue la primera recomendación del primer Pacto de Toledo, allá por el año 1996. Sin embargo dicho proceso no se culminó hasta el año 2013, 17 años después. En esos más de tres lustros han ocurrido muchas cosas y casi todas han restado recursos al sistema público de pensiones. En la primera fase de la crisis el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero incumplió la obligación de destinar el 100% del excedente financiero generado por el sistema público de pensiones al Fondo de Reserva de la Seguridad Social y desvió cerca de 14.000 millones de euros que hubiera tenido que alimentar la hucha de las pensiones a la atención de otros compromisos que urgían más al Ejecutivo en aquel momento.
La llegada del Partido Popular al Gobierno en 2012 sirvió para sancionar la separación de fuentes de financiación del sistema público de protección social (la ley ponía el 31 de diciembre de 2013 como fecha límite para hacerlo), pero no detuvo la financiación de políticas de Gobierno con cargo a cotizaciones sociales. Se han financiado con reducción o diferimiento de cotizaciones sociales iniciativas tan dispares como las compensaciones a los afectados por el terremoto de Lorca, los incentivos para víctimas de incendios u otras catástrofes naturales, los incentivos a la contratación de determinados colectivos de difícil inserción laboral (jóvenes, mujeres, mayores de 55 años...), los estímulos al empleo por cuenta propia...
Todo ello con cargo al presupuesto de ingresos de la Seguridad Social y con el agravante de que en esos momentos las cuentas de la Seguridad Social ya no arrojaban superávit, sino que se deslizaban por la peligrosa pendiente del déficit endémico. Según fuentes parlamentarias y de los agentes sociales el Pacto de Toledo también está ponderando la posibilidad de impedir que las bonificaciones de cuotas sociales tan habituales en los incentivos al empleo de los diferentes gobiernos se carguen al presupuesto de la Seguridad Social, y se sustancien vía transferencias de los Presupuestos del Estado.
Báñez aflora 72.000 millones de 'deuda oculta' del Estado con la Seguridad Social