Los principales directivos de las empresas agrupadas en la patronal Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE) redactaron un Código de Conducta que, bajo la apariencia benévola de recoger las recomendaciones del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) de la UNESCO contra la corrupción en la instrucción, se extralimitaron en sus funciones desarrollando un control exhaustivo del mercado, tutelado por una Comisión de Supervisión dotada con un aparato sancionador. Para repartírselo bajo una especie de cártel, incorporar un sobreprecio y arrinconar la demanda en favor del libro de texto en formato papel y contra la digitalización de contenidos apoyada en el big data y la inteligencia artificial.
Durante un mínimo de seis cursos escolares el Código de Conducta desarrollado en ANELE ha castigado a la competencia, repartido geográficamente los centros educativos entre las editoriales y sobre todo ha inflado artificialmente el precio de los libros de texto un 50% sin que las familias se hayan dado cuenta. Hasta que la editorial Vicens Vives se negó a participar, abandonó la asociación y denunció ANELE ante la Competencia. A pesar de las coacciones, amenazas y demandas judiciales que la patronal espoleada por los directivos de las editoriales lanzó en su contra desde el año 2012.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio curso a la denuncia, intervino los correos electrónicos y los servidores de los actores implicados y después de analizarlo todo sancionó el 30 de mayo del presente año con 33,8 millones de euros a 33 editoriales de libros de texto y a la propia ANELE, por la creación e impulso de un mecanismo de colaboración mutua (el Código de Conducta) que, si bien la CNMC no define como cártel, sí detalla como tal a lo largo de 213 páginas de exposición. Se ha demostrado que las editoriales pactaron políticas comerciales, coordinaron denuncias para defender su 'statu quo' y finalmente presionaron a las comunidades escolares para garantizarse un mercado cautivo.
La asociación FIAR, que además de fomentar el desarrollo de la Inteligencia Artificial considera en sus estatutos la denuncia de la corrupción en educación, ha analizado en profundidad el documento de la CNMC y ha hecho unas primeras consultas en el sistema educativo de la Comunidad valenciana. Ha podido comprobar que las familias se encuentran en una situación de indefensión, al mismo tiempo que además de las faltas muy graves relacionadas con la competencia podrían existir delitos tributarios y penales de cohecho, extorsión y blanqueo de capitales. De hecho la propia Comisión parece haber observado algo cuando advierte que sus consideraciones se hacen sin perjuicio de otras que se escapan a su competencia.
A la asociación FIAR le ha extrañado sobremanera que esas editoriales que dominan el 80% del mercado hayan podido actuar con completa impunidad, durante tanto tiempo y en 17 comunidades, sin que el Ministerio de Educación y ninguna Consejería de Educación autonómica se haya dado cuenta, a pesar de tener entre sus competencias la vigilancia sobre el cumplimiento de la legalidad vigente y desarrollar un estrecho contacto con esas empresas por la elaboración de los contenidos curriculares. Además, como los grupos empresariales detrás de las principales editoriales sancionadas por la CNMC tienen al mismo tiempo mecanismos de control sobre la información y las noticias desde la dirección empresarial de importantes grupos de medios, han conseguido entre unos y otros que la mayoría de las familias no se hayan enterado todavía sobre el importante perjuicio que les han ocasionado y los derechos que tienen para resarcirse económicamente.
Con el objeto de esclarecer estos asuntos, FIAR ha pedido reunión con la Consejería de Educación y todavía no ha recibido respuesta. Extrañados por la gravedad de lo que está sucediendo, ha hecho también una primera prueba contactando por email y documento con entrada de registro a las direcciones académicas de 10 centros educativos de Xàtiva sin recibir respuesta nuevamente. También ha enviado correos electrónicos a los equipos directivos y AMPAs de 150 centros educativos en la ciudad de Valencia sin recibir tampoco respuesta. Ante la imposibilidad de aclarar nada y frente al preocupante y extraño constante silencio de la administración pública, sus funcionarios y equipos directivos de los centros, FIAR ha decidido poner en conocimiento de Fiscalía los hechos, documentando todo desde lo que ha encontrado la CNMC y también con las propias actuaciones de la asociación.
El silencio administrativo podría estar produciéndose por un presunto delito de cohecho muy extendido entre los funcionarios y administrativos o prescriptores, que las mismas editoriales llevan denunciando desde hace bastantes años incluso ante inspección educativa y las propias consejerías. No es otro que pedir dádivas y recompensas en metálico o en especie para seleccionar los libros que tienen que usar los alumnos durante el curso, cuando esta selección forma parte de su actividad profesional y en ningún caso puede exigir otra retribución a cambio que el propio salario. Este presunto delito es lo que además podría estar provocando que los centros no contesten a los requerimientos de la asociación, por el temor a destapar ante las familias que parte del sobreprecio impuesto por las editoriales se lo están agenciando irregularmente funcionarios, administrativos o prescriptores de los mismos centros. En el documento de la CNMC se informa que la cuantía empleada por las editoriales podría llegar hasta los 80 millones de euros anuales, equivalente aproximadamente al 12% de la facturación anual.
Por otro lado, el presunto delito de extorsión aparece cuando las editoriales asociadas en ANELE extienden de forma torticera el delito de cohecho para impedir cualquier incentivo comercial, incluso los que la propia CNMC ha establecido como correctos para desarrollar la digitalización de la didáctica. En este sentido la CNMC ha documentado cientos de actuaciones de ANELE intimidando y amenazando a la competencia, presuponiendo delitos que no pueden ser considerados como tales sin aportarse prueba en sede judicial que los demuestre. De hecho ANELE llegó a judicializar un caso por competencia desleal que perdió, incluso recurriendo con posterioridad ante la Audiencia Provincial de Barcelona.
El presunto delito de blanqueo de capitales aparece en un mecanismo de duplicidad de factura que se ha creado entre las propias editoriales y las consejerías de educación, pues la subvención directa a los libros de texto debe requerir acreditación informativa sobre la cuantía económica en contrapartida para su libranza, pero presuntamente se están entregando a las familias cientos de millones de euros en muchos casos sin aportarse a cambio factura alguna. Tampoco parece existir ninguna justificación pormenorizada en las propias administraciones sobre los cientos de millones entregados por los gobiernos autonómicos, excepto para los importes totales anuales. Resumiendo bastante, al desaparecer la identidad contable se permite a las empresas editoras la duplicidad del documento mercantil, posibilitándose un blanqueo de capitales escondido en esa misma duplicidad y equivalente a los millones subvencionados sin documento que lo acredite. Al mismo tiempo que se podrían estar desviando importantes cantidades desde la administración a otros fines diferentes por el mismo motivo de la ausencia documental. Este mecanismo detectado sorprende y hace saltar muchas alarmas, pues si por algo destacan las administraciones españolas es por la cantidad de papeles, timbres, compulsas, modelos por duplicado, acreditaciones, trabas administrativas y toda suerte de recorridos y piruetas que se deben hacer para poder conseguir algún tipo de subvención o ayuda económica.
El presunto delito tributario se produce cuando los funcionarios o administrativos y prescriptores reciben incentivos económicos personales y no los tributan en sus declaraciones anuales de la Renta. Pero donde es más lesivo es en la introducción por las editoriales de material para la digitalización de contenidos en las aulas (cañones, proyectores, pizarras digitales, ordenadores o portátiles), que se hace en muchos casos sin factura ni producirse en consecuencia el inventario correspondiente por parte de la administración. Sobre esto existen testimonios acreditados por empresas de mantenimiento, que no podían reparar los equipos cuando estaban teóricamente en garantía por no existir factura que acreditara la compra.
Todas estas anomalías tributarias, penales y de la competencia concurren de forma tal que dejan a las familias en una situación de indefensión que la asociación FIAR ha puesto en conocimiento de Fiscalía para que la evite, mediante el derecho constitucional de la tutela judicial efectiva. Porque a pesar de que los directores de centros educativos pueden acreditar todas las compras realizadas especificando la relación entre los alumnos y los libros comprados mediante la Memoria Final de Curso, la Programación General Anual u otros informes análogos, no se encuentran predispuestos para hacerlo escondiéndose detrás del silencio administrativo por todos los motivos aquí expuestos.
Esta situación de indefensión repercute sobre la materialidad del derecho de defensa e impide que se desenvuelva normalmente el procedimiento judicial, dejando a los afectados en una situación tal que los imposibilita para alegar o defenderse por quedar impedidos para acceder a los medios de prueba que son determinantes en las decisiones de los asuntos judicializados. En el caso que ahora nos afecta, la imposibilidad se produce por no poder acceder a la acreditación sobre los libros comprados y sus importes, impidiéndose en consecuencia la judicialización del caso.
¿Han robado a las familias con los libros de texto? En la asociación FIAR ya tenemos la respuesta a esta pregunta. Pero además estamos descubriendo, muy a nuestro pesar, que lo sancionado por la CNMC es solo la punta de un enorme y tenebroso iceberg. Hemos empezado a documentar que este 'robo' se extiende mucho más, tanto que se expande hasta perjudicar el futuro de nuestros hijos. Pero es nuestra obligación defenderlos y en ello estamos.
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