La Federación de Padres y Madres insta a las instituciones a unirse a su demanda contra el cártel de los libros de texto como "perjudicadas" por el "sobrecoste" de estos ejemplares. "El sobreprecio abonado por los padres y madres españolas no es inferior al 32%", defiende la Federación madrileña, que exigirá la devolución del sobreprecio
La Federación de asociaciones de padres y madres de la Comunidad de Madrid, la FAPA Giner de los Ríos, ha anunciado este lunes que presentará una demanda colectiva contra más de 30 editoriales de libros de texto tras la sanción que les impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como avanzó eldiario.es.
En una rueda de prensa los representantes de este colectivo han explicado en qué va a consistir esta actuación judicial y cómo se pueden adherir a ella familias de todo el país. Según sus estimaciones, "el sobreprecio abonado por los padres y madres españolas es no inferior al 32%".
Según la información aportada en este encuentro con los medios, el presidente de la Federación Camilo Jener ha explicado que a este procedimiento "se pueden adherir familias que compraron libros entre 2012 y 2018, periodo en el que la CNMC ha estudiado el caso". En la primera estimación realizada por este colectivo un hogar con dos hijos podría obtener alrededor de mil euros, 840 euros e intereses devengados, si la justicia avala su demanda.
Toda la información de esta demanda, que desde el colectivo aseguran que es la primera acción colectiva relacionada con los precio de los libros de texto, estará habilitada en la web de la FAPA Giner de los Ríos a primera hora de este martes.
Por su parte, desde ANELE aseguran que no se han "producido daños o perjuicios a las familias" ya que aseguran que "el gasto medio en libros de texto por alumno se ha reducido". Según los datos planteados en un comunicado, desde la patronal indican que el incremento entre 2012 y 2018 "ha sido del 1% pese a la inflación". Además, destacan que la resolución del órgano sancionador "está relacionada fundamentalmente con la elaboración, aprobación e implementación de un código ético del sector" y no por el "sobrecoste".
Estiman un sobreprecio de 1.200 millones de euros
En total, su defensa jurídica estima que el "sobrecoste" ha podido llegar a suponer 1.200 millones de euros, para alcanzar esa cifra han tenido en cuenta la facturación de las editoriales a lo largo de los seis años auditados por estas empresas. Para que este procedimiento salga adelante destacan la labor que tienen que realizar las familias para que las pruebas periciales acrediten el daño. Desde la Fapa indican que los padres pueden recuperar en el banco las facturas de los libros, en caso de que pagasen con tarjeta.
Mañana martes en la página web de la @FAPA_Giner_Rios sacaremos la información necesaria para poder adherirse al procedimiento que acabará con una demanda colectiva en contra de las editoriales.#DemandaEditorialespic.twitter.com/Lb2Yzw8dyj
— FAPA Giner Ríos (@FAPA_Giner_Rios) October 7, 2019
Desde el colectivo requieren también a las instituciones públicas a que se sumen a este procedimiento. "Solicitamos a las administraciones, tanto al Estado como a las comunidades autónomas, que se adhieran a esta demanda porque han dado becas y ayudas a diferentes familias", ha insistido el presidente de la FAPA, que considera que tanto autonomías como el Gobierno nacional también "han sido perjudicadas" por esta actuación.
Aunque desde la CNMC no multaron a las editoriales por encarecer el precio de los libro de texto en papel, la defensa letrada de la Federación insiste en que "el precio pagado por los padres es superior al que debió haber sido si dichas conductas no hubieran tenido lugar". "Cualquier concertación que afecta a la libre competencia, afecta al precio", ha explicado Carlos Martínez, letrado experto en Competencia y que ha participado en la rueda de prensa.
Según el órgano sancionador lo que hicieron estas empresas y su patronal (Anele), de acuerdo al extenso informe oficial, fue pactar el precio de los libros digitales poniéndolos como mínimo a diez euros. También acordaron no dar descuentos, formación ni ningún tipo de obsequio a los colegios, que son quienes eligen los manuales, para ahorrarse los costes de estos incentivos.
Precio 47% superior que el resto de libros
Por lo tanto desde la Fapa insisten en que los "directamente afectados" de esta actuación han sido las familias por "pagar un sobrecoste" que no les "corresponde". "El precio de los libros de texto no universitarios es un 47% superior al del resto de títulos publicados por las editoriales en libro físico y un 80% en libro digital", reseñan desde la plataforma.
Para demostrarlo Jener ha comparado el precio de distintos libros de texto, no solo de educación ordinaria, también de las Escuelas Oficiales de Idiomas, con libros especializados universitarios con una edición elaborada. Por ejemplo, han explicado que un libro de Matemáticas en Bachillerato de la editorial Santillana vale 38,71 euros frente a otro universitario, con una tirada infinitamente inferior y el doble de páginas que cuesta 26 euros.
Asimismo han planteado que otro ejemplar especializado de arquitectura, también con una pequeña difusión y lleno de fotografías, cuesta exactamente lo mismo que el English File de Oxford University que se utiliza en los centros públicos especializados en docencia de otros idiomas. La actuación anunciada este lunes tendrá dos fases: la adhesión de las familias hasta el próximo 25 de enero y acudir a la justicia ordinaria.
Las asociaciones de padres y madres de cada colegio tendrán un papel clave para recuperar los listados de libros de las editoriales sancionadas e informar a las familias que han adquirido alguno de ellos. Los colegios también pueden emitir un certificado de estudios, en el que consta "los estudios y con qué libro de texto siguió dichos estudios en cada asignatura".
Otro de los puntos que han defendido los letrados que representarán a las familias consiste en reseñar que el modus operandi de las editoriales se asemeja a un cártel, a pesar de que la CNMC no llegue a citar esa palabra en su resolución.
Uno de los letrados que va a asumir la defensa del caso, Ignacio Valderas, recuerda que la propia Comisión define el concepto de cártel como una "actividad que consiste en coordinar el comportamiento de una empresa en el mercado o influir en los parámetros de competencia a través de conductas tales como la fijación, directa o indirecta, de precios, de otras condiciones comerciales o de servicio, de cuotas de producción o de ventas, los intercambios de información sobre precios a aplicar o cantidades proyectadas".