El acceso de los alumnos a contenidos actualizados, innovadores y de calidad está cada vez más condicionado por las decisiones políticas y varía notablemente de unas comunidades a otras. Una ingente cantidad de 450 normas autonómicas en los últimos tres años amplía las diferencias territoriales entre los alumnos. La disparidad normativa genera calendarios incoherentes, financiación desigual y desordenada, e inversiones paralizadas, que acentúan las diferencias entre las políticas de las diversas CCAA. Las diferencias entre las comunidades autónomas tienen reflejo también en la actualización de los recursos educativos, contribuyendo a la desigualdad de oportunidades de los alumnos. Un 54% de alumnos (2.647.147) reciben algún tipo de ayudas para la adquisición de libros de texto, según los datos facilitados por las Comunidades Autónomas. La mitad de ellos participan en programas de ‘gratuidad total’
La situación política española y la imposibilidad para alcanzar un pacto educativo que permita dar estabilidad y coordinación al sistema está acrecentando la brecha y la desigualdad entre alumnos de las diferentes comunidades autónomas. Así lo constata el informe El libro educativo en España – Curso 2019‐2020, elaborado por la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), que analiza la situación en la que las empresas dedicadas a la edición educativa desarrollan su actividad en España. Según este informe, la falta de consenso político está generando una heterogeneidad normativa que, además de complicar cada vez más el desarrollo de la actividad de las empresas, es responsable de que el acceso de los alumnos a libros y contenidos educativos innovadores y de calidad esté cada vez más condicionado por las decisiones políticas.
“La falta de normativa estatal, o más bien la existencia de una normativa de imposible cumplimiento, sin perspectiva de que haya una solución en un futuro inmediato, ha incrementado lo que podríamos definir como dispersión del sistema educativo. De suerte que cada vez nos aproximamos más a tener diecisiete sistemas educativos cada vez más descoordinados entre sí”, señala el informe. Una dispersión que se manifiesta en una ingente producción de normativa. En los tres últimos años, se han publicado hasta 450 textos normativos (leyes, decretos órdenes y resoluciones) en las 17 comunidades autónomas que afectan, de manera directa o indirecta, a la edición de contenidos educativos. Cifra que aumenta hasta las 1.820 normas si se analizan los últimos diez años.
Currículos cada vez más diferenciados
El informe vuelve a incidir en un aspecto que se ha reiterado en los últimos años, y es que la falta de consenso y la dispersión de las políticas educativas tienen su primera manifestación en el “diferente tratamiento del currículo, diferencia acentuada como consecuencia de la división entre asignaturas troncales, específicas y de libre configuración y su consiguiente repercusión en la evaluación, de manera que los currículos de las diversas CCAA tienen cada vez menos elementos comunes entre sí. Estas diferencias dificultan notablemente la edición escolar que se ve obligada a dividir y multiplicar su oferta, con ediciones cada vez más limitadas al territorio y el consiguiente encarecimiento de los costes”.
Diferencias económicas, diferencias educativas y ritmo de actualización de los recursos educativos
La dispersión normativa también tiene su reflejo en las diferencias económicas entre comunidades autónomas, que afectan tanto a las políticas de dotación de recursos de los centros y a las ayudas a los alumnos para la adquisición de libros y materiales escolares, como a los procedimientos, las cuantías y los modelos de adquisición de los libros o de las ayudas, “que son cada vez más variados y complicados como comunidades autónomas hay”. Esta situación está produciendo la desigualdad entre los alumnos, ya que no todos tienen las mismas posibilidades de acceder a los mismos recursos.
En estas circunstancias, dado que se está produciendo una dispersión de los calendarios como consecuencia de la gestión de los sistemas de ayudas, la tasa de obsolescencia de los libros y recursos didácticos se está acentuando. La renovación de los libros, estipulada para cada cuatro años, se está haciendo en la práctica cada cinco, seis o incluso más años. Según el informe, actualmente, sólo Andalucía está cumpliendo el calendario de renovación de libros y recursos didácticos y cuenta con el presupuesto necesario para realizarla.
En opinión de los editores, “la no renovación de los libros y, por tanto, su distinto nivel de obsolescencia es uno de los factores que más contribuyen a la desigualdad de oportunidades educativas de los alumnos entre comunidades autónomas y que más pueden dificultar la tarea de los profesores que necesitan recursos actualizados”. El informe resalta que “el ritmo de adaptación de los materiales escolares debería ser el mismo para todos los alumnos, para que el aprendizaje, ya bastante influido por las condiciones socioeconómicas, no se vea empeorado por la obsolescencia de los recursos didácticos”.
La renovación y actualización de los recursos educativos viene derivada, según el informe, de los distintos programas de gratuidad o de ayudas para la adquisición de libros de texto y de la dotación presupuestaria destinada a ellos. La mayoría de las comunidades autónomas no cuentan en su normativa con un calendario de renovación y/o dejan en manos de los colegios la decisión de adoptar nuevos proyectos, eso sí, sin garantizarles una dotación económica suficiente para hacer frente a las compras. Esto supone, en la práctica, que opten por mantener los existentes, aunque se encuentren obsoletos. Todo ello incide en la desigualdad de los alumnos, incluso en una misma comunidad autónoma.
Como expresa el informe, la consecuencia de esta situación “es la inseguridad e incertidumbre del profesorado, que no sabe a qué atenerse. La repercusión en la actividad editorial es clara. La inseguridad de los profesores se traduce en inseguridad de los editores a la hora de planificar proyectos y ediciones, cuyo desarrollo y final son impredecibles”.
Un sector que sigue trabajando en la modernización y actualización
En este contexto, las empresas editoriales de contenidos educativos siguen desarrollando un gran esfuerzo por la mejora de la calidad de los libros de texto y materiales curriculares. El informe resalta que el libro de texto se ha transformado para adaptarse al nuevo entorno social, a las nuevas exigencias pedagógicas y a un profesorado cada vez mejor formado y más exigente.
Hoy, más que de libro de texto se debería hablar de proyectos educativos, conformados por múltiples elementos que contribuyen a que el alumno vaya construyendo el armazón de su aprendizaje. Junto al libro de texto, las editoriales ponen a disposición de los profesores programaciones didácticas, guías del profesor, recursos digitales específicos, materiales manipulables, lecturas… En ese ecosistema educativo, el libro de texto es más bien una guía, un acompañante del aprendizaje, que ayuda a ordenar los conocimientos y los procesos de adquisición de conocimientos, enmarcado en un proyecto más amplio que incluye el manejo e integración de todos los recursos.
Para el curso 2019‐2020, las editoriales integradas en ANELE han puesto a disposición de la comunidad educativa un catálogo que alcanza los 51.528 títulos. Hay 33.222 títulos en soporte papel en todas las lenguas oficiales, de los que 11.381 corresponden a libros del alumno. En cuanto a la oferta de proyectos editoriales digitales, ha continuado creciendo hasta alcanzar 18.308 títulos. Conviene señalar, además, que la gran mayoría de los libros de texto impresos incluyen licencias para acceder a contenidos digitales específicos, además de enlaces a sitios web de las editoriales. La oferta de títulos y el gran número de editoriales existentes garantizan la pluralidad tanto didáctica y pedagógica como cultural e ideológica, siempre dentro del marco de la Constitución.
La composición de ambos catálogos se distribuye de la siguiente manera:
Evolución del mercado de libros de texto
La edición de libros destinados a la educación sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la edición y de la actividad librera, a pesar de que en los últimos años la facturación ha caído un 7%, pese a existir un mayor número de alumnos. En el curso 2018‐2019 la facturación en libros de texto al consumidor final fue de 793,60 millones de euros, lo que, si tenemos en cuenta el total del número de alumnos ‐8.090.558‐ supone una media real de 98,10€ de gasto por alumno.
Dado que la edición educativa es un sector muy condicionado por las decisiones de la Administración, no es posible prever cómo se van a comportar las ventas el próximo curso.
En lo que se refiere al gasto por alumno, a la espera de la evolución de las ventas en este curso, se puede tomar como referencia el curso 2018‐2019, en el que se el gasto se situó en 98,10 euros de media, si bien es cierto que esta cantidad varía de unas comunidades a otros. El informe incide en que las políticas públicas de financiación de las ayudas a las familias para los libros de texto hacen que, según los datos facilitados por las Comunidades Autónomas (en sus boletines oficiales y a través de los Medios de Comunicación) 2.647.174 alumnos de Primaria y ESO, aproximadamente, el 54% del alumnado de la enseñanza obligatoria, reciben algún tipo de ayuda para los libros de texto que va desde alguna aportación económica a la gratuidad total, que llega aproximadamente a la mitad de quienes reciben alguna ayuda. Las comunidades y el ministerio aportan para estas ayudas cerca de 200 millones de euros, cantidad a la que hay que sumar las aportaciones de otras Administraciones (Diputaciones, Cabildos, Ayuntamientos…).
Los materiales curriculares educativos y el gasto familiar
Los editores recogen en el informe una previsión del incremento medio de los precios de los libros de texto para el próximo curso 2019‐2020, que estiman en el 1,0%, cifra inferior al incremento registrado el pasado curso.
La falta de acuerdo político aumenta la desigualdad educativa entre los alumnos españoles