Tras quitar importancia a la disparidad de títulos, reconoce ahora una "proliferación desmesurada" y culpa a la Lomce del PP
Hace un año, coincidiendo con la vuelta a las aulas, los editores denunciaban que había 10.839 libros de texto distintos -sólo si se contaban los manuales para el alumno en formato papel- por las peculiaridades curriculares de los gobiernos autonómicos. La ministra de Educación, Isabel Celaá, quitó entonces importancia a esa disparidad y vino a decir que no había tanta diferencia, porque, en la práctica, los colegios recurren sólo a los manuales de «cuatro o cinco editoriales» y porque «la diversidad de libros no significa que haya diversidad de currículos».
Ayer la también portavoz del Gobierno en funciones cambió de postura y dejó claro que hay un problema en relación a los manuales escolares, al reconocer una «proliferación desmesurada de todos los libros de texto», de la que responsabilizó a la Ley Wert del PP.
Los editores habían detallado la víspera las presiones que reciben por parte de consejeros, viceconsejeros y directores generales autonómicos para «colar sus caprichos territoriales» en los libros de texto. «Cataluña no quiere que hablemos de los Reyes Católicos y Canarias, de los ríos», pusieron como ejemplo.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a Celaá le preguntaron si su Ministerio debería tomar alguna medida a través de la Alta Inspección para que estos textos escolares tengan rigor científico y no sufran este tipo de presiones por parte de las administraciones regionales. Celaá respondió que «esto no es más que una consecuencia, una derivada indeseable, de una ley, la Lomce, que habló de asignaturas troncales, de libre configuración y específicas», y ha provocado, en su opinión, un incremento de las distintas versiones autonómicas de cada manual.
«No sé qué tiene que ver la Lomce con las presiones», responde el responsable de la Lomce, el ex ministro del PP José Ignacio Wert, en conversación con EL MUNDO. «Ni la Lomce, ni la LOE, ni la Logse, ni cualquier otra ley autorizan a nadie a presionar sobre las editoriales, una actuación que va en contra de la libertad de cátedra y del sentido común», añade.
El gobierno valora volver al sistema de la LOE de 2006
Celaá sostiene que el reparto competencial que trajo la Lomce ha dado, en la práctica, más libertad a las comunidades autónomas para poner sus propios contenidos en el currículo y que eso, por extensión, habría llevado a los consejeros autonómicos a presionar más. Por eso defendió ayer que en su nueva ley van a volver al sistema de la LOE de 2006, que prevé un reparto porcentual del currículo entre el Gobierno central y los ejecutivos regionales. En los territorios sin lengua cooficial, el Estado volverá a decidir el 65% de los contenidos, mientras que las comunidades se encargarán del 35% restante. En las autonomías con lengua cooficial, el Ministerio fijará el 55% del currículo y los gobiernos regionales se encargarán del 45% restante.
«Este reparto ha funcionado muy bien desde los años 90 y queremos que siga funcionando bien», argumentó la ministra en funciones. Wert asegura, por el contrario, que precisamente para evitar una descentralización de los contenidos, su ley elevó a la categoría de asignatura troncal la Historia de España. «La materia estaba siendo objeto de interpretaciones sesgadas, había ejemplos de adoctrinamiento en libros de texto y se estaba presionando sobre el contenido; por ello, se le dio rango de troncal», dijo el ex ministro, negando que su modelo haya traído más dispersión al sistema.
Celaá, por el contrario, dio a entender que ese sistema del PP sí ha producido desorden y llamó a «seguir manteniendo los mecanismos de cohesión de lo que es un Estado». «Tenemos un solo sistema educativo que tiene sus variantes en las 17 comunidades autónomas -por cierto, menos variantes que los sistemas educativos alemán, suizo o canadiense-, pero que vamos a cuidar y a salvaguardar porque es un tesoro, y tenemos que mantener aquellos sistemas que nos permiten mantener una cohesión de Estado», señaló.
Sus palabras fueron llamativas, pues hasta ahora siempre había defendido que el Estado estaba suficientemente cohesionado y ayer parecía que se encontraba amenazado por culpa de la Lomce.
Lo cierto es que Celaá ha modificado su línea discursiva en relación a este tipo de cuestiones. Por ejemplo, de negar con rotundidad hace un año la existencia de adoctrinamiento en escuelas catalanas y decir que no puede hacer nada al respecto, porque es competencia de la Generalitat, ha pasado a hacer un «reproche político» a la Plataforma per la Llengua por sus espías de los patios y a asegurar que se está «informando» sobre lo ocurrido.
No ha tomado ninguna medida, pero por lo menos reconoce la existencia de los hechos, un giro que coincide con el sentir de una parte del Gobierno y que probablemente se deba a la fragilidad del Ejecutivo ante su falta de acuerdo con Unidas Podemos. No quiere cerrar el camino al entendimiento con otros partidos, especialmente con Ciudadanos, que ha tenido una línea muy marcada en estas cuestiones. En la formación naranja, sin embargo, se muestran escépticos con la nueva actitud.
En cualquier caso, Celaá anunció ayer que el próximo miércoles va a reunirse con representantes de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) y con la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto (Anele) para «conocer de primera mano» todo lo que denuncian. En sus palabras había, eso sí, cierta censura, porque aseguró que los editores dijeron «hace meses que no había ningún tipo de problema con los libros».
Ciudadanos pide que comparezca la ministra
El Grupo Parlamentario Ciudadanos pidió formalmente ayer en el Congreso de los Diputados la comparecencia en comisión de la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, para que dé explicaciones sobre la «manipulación» que el partido 'naranja' entiende que hay por parte de los gobiernos autonómicos en los libros de texto, como han denunciado los editores. Además, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) aseguró, por su parte, que «la Alta Inspección del Estado tiene la obligación por ley de controlar los contenidos curriculares que se imparten en las comunidades». El presidente nacional de Educación del sindicato, Mario Gutiérrez, lamentó los intentos de las autonomías de «falsear la realidad» y responsabilizó de esta situación a la falta de un Pacto de Estado por la Educación que regule el sector, tras criticar que desde el inicio de la democracia ha habido siete normas educativas distintas, según informa Efe.
Isabel Celaá admite un problema con los libros de texto un año después