Las citas electorales de abril y mayo multiplican el riesgo de injerencias para incidir en el resultado. Ante ese escenario, el Gobierno ha puesto en marcha una unidad contra las llamadas “amenazas híbridas”, con procedimientos de respuesta temprana que mitiguen tanto los ciberataques como la desinformación. Expertos del Departamento de Seguridad Nacional, de la Secretaría de Estado de Comunicación (ambos en La Moncloa) y de los ministerios más concernidos lideran esos esfuerzos. Aunque el impulso inicial provino de la UE para preservar los comicios europeos de mayo, España adelanta la estrategia ante las generales.
España nunca fue el país más receptivo a las alertas europeas sobre la manipulación informativa. Los avisos que llegaban del Este, muy centrados en los intentos de intoxicación informativa por parte de Rusia a partir de 2014, sonaban lejanos en Madrid. Pero los indicios de que este tipo de mensajes distorsionados prendieron en la crisis de Cataluña y la certeza de que las próximas elecciones constituyen una coyuntura fértil para la tergiversación han elevado el nivel de alerta
Conscientes de que el reto es casi inabarcable, miembros de la Administración afectados por el fenómeno han celebrado reuniones interministeriales para tratar, al menos, de detectar las amenazas. En las últimas semanas, han intercambiado impresiones responsables de Interior, como garante de la limpieza de las elecciones; de Defensa, donde se encuadra el Centro Nacional de Inteligencia (CNI); de Exteriores, que analiza el problema con los socios europeos; y de Presidencia del Gobierno. Los esfuerzos han cristalizado en una especie de unidad, integrada en La Moncloa y conformada, entre otros, por responsables del Departamento de Seguridad Nacional (asesora al presidente en esta materia) y de la Secretaría de Estado de Comunicación, según explican a EL PAÍS fuentes de La Moncloa.
La participación de ese órgano evidencia que la manipulación es percibida como amenaza a la seguridad nacional. Aun así, se trata de esfuerzos limitados ante la magnitud de un problema que atenaza a las sociedades democráticas de todo el mundo.
La primera petición que recibió el Gobierno de las autoridades comunitarias fue que acreditase el blindaje informático de los procesos electorales venideros. La responsabilidad recae en Interior. Se explicó a Bruselas que el recuento de votos es manual (aunque los datos se incorporen a un sistema informático) y que las empresas que concursan para participar en estos procesos tienen que estar certificadas por el Centro Criptológico Nacional, un organismo del CNI especializado en seguridad informática.
Pese a todas las cautelas, el riesgo dista de estar neutralizado. Los ciberataques constituyen uno de los principales riesgos a los que se enfrenta España, según recoge la reciente estrategia nacional contra el crimen organizado, elaborada por Interior.
Más complejo si cabe resulta atajar el otro gran foco de amenazas no convencionales: la manipulación informativa. “Estamos empezando. Por el momento no hay herramientas informáticas que garanticen la detección de las llamadas fake news. Estamos pidiendo a empresas de alto nivel que trabajen en programas que las detecten, pero no es sencillo”, explica una fuente de La Moncloa implicada en estos trabajos.
La batalla es desigual. Mientras existen ya máquinas que diseminan y multiplican los bulos a un ritmo muy superior al que podrían hacerlo usuarios reales en redes sociales, las posibilidades de detectar automáticamente un mensaje engañoso son nulas.
Protocolo variable
Como alternativa, un grupo de personas coordinadas por La Moncloa ha empezado a rastrear las redes para identificar falsedades o distorsiones de los hechos. Más allá de este pequeño círculo, cada ministerio tiene el encargo de hacer lo mismo y de comunicar sus hallazgos para analizarlos de manera urgente. Aunque se han esbozado algunos procedimientos, no existe un protocolo fijo de actuación. “Se analiza caso por caso. En ocasiones puede ser mejor no decir nada para no hinchar la bola de nieve. En otros se puede optar por emitir un comunicado o por contactar con la prensa tradicional, que tiene un papel muy importante en esto”, explican las fuentes consultadas.
La preocupación por este fenómeno no deja de crecer. Ocho de cada 10 españoles perciben la desinformación como un problema para la democracia, y para España en particular, según el último Eurobarómetro elaborado por el Parlamento Europeo y divulgado la semana pasada. La unidad contra la desinformación creada por la Unión Europea en 2015, muy centrada en los bulos fabricados desde Rusia, ha desmontado 5.014 falsedades (1.166 de ellas en el último año), según la base de datos de la web Euvsdisinfo.eu, elaborada por esa división del servicio diplomático europeo.
Una pequeña parte de los casos (alrededor de una decena en el último año y medio) alude al conflicto en Cataluña. Como ejemplo de bulo, la base de datos recoge la supuesta noticia de que Baleares pide independizarse de España. La unidad desmonta esa tergiversación, divulgada en 2017 por Sputnik (medio ruso sostenido con fondos públicos). Pero la incidencia de estos mensajes, distribuidos con apariencia informativa, es difícil de evaluar.
La sutil amenaza de la mensajería instantánea
Las redes sociales de carácter más o menos abierto inquietan a las autoridades por ser correa de transmisión de muchas falsedades. Pero más todavía preocupan redes de mensajería instantánea como WhatsApp. “España es uno de los países donde más se utiliza esta aplicación. Además de que los mensajes van cifrados, el problema es que lo que se recibe por esa vía, al ser un mensaje de un contacto personal o de un grupo del que formas parte, tiene más credibilidad que informaciones distribuidas por otros canales”, explican las fuentes consultadas de La Moncloa. El resultado es que el usuario dudará menos de esos mensajes, que sin embargo pueden tener efectos muy perniciosos, como se observó en la campaña electoral que aupó como presidente de Brasil al radical Jair Bolsonaro el pasado mes de octubre.
Antes que en el gigante latinoamericano, la evidencia de mensajes manipuladores —sin certezas sobre sus efectos— se produjo en la batalla electoral estadounidense que dio la victoria a Donald Trump y en el referéndum del Brexit. Desde entonces, los Gobiernos han tratado de implicar a las grandes plataformas de Internet en la compleja labor de poner freno a los bulos. “Es difícil. Si les pedimos ayuda contra un pederasta, actúan enseguida; contra la manipulación tienden a no hacerlo”, añaden esas fuentes, que piden anonimato.
Una de las claves del éxito de estas estrategias de intoxicación es que resultan baratas (frente al coste, por ejemplo, de una actuación militar) y pueden conseguir objetivos de desestabilización que antes requerían muchos más medios. Además, la desinformación no está penada, la atribución del origen resulta compleja y, en última instancia, las sociedades abiertas son más propicias para diseminar cualquier tipo de mensajes.
Más allá del Gobierno, también el Parlamento muestra inquietud ante algunas de estas amenazas. La comisión mixta sobre seguridad nacional que ha funcionado durante esta legislatura concluyó hace unos días sus trabajos y emitió un informe de conclusiones en el que pide al Ejecutivo que aborde “desde el punto de vista legislativo” cuestiones como “la criminalidad en la red, el ciberterrorismo y las amenazas a la estabilidad económica o a los sistemas políticos”. En última instancia, el documento del Congreso cita “el sentido crítico” de los ciudadanos como la herramienta más eficaz para acercarse al mundo digital
El Gobierno activa una unidad contra la desinformación ante las elecciones