Por qué los medios españoles son los peores de Europa y qué se está haciendo para mejorarlos

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Por qué los medios españoles son los peores de Europa y qué se está haciendo para mejorarlos

Ley mordaza

“El gran problema de la prensa española es la verdad”, le dijo una vez un colega peruano a Alfonso Armada, ex corresponsal de El País en África y actualmente afincado en el ABC. Armada no puede dejar de estar de acuerdo. “Los hechos se retuercen para que se adecúen a los prejuicios ideológicos de cada medio”, dice. “Así, los medios han contribuido a difundir la idea de que no hay hechos incontestables sino visiones parciales de la realidad. Como consecuencia ha acabado echando raíces la especie de que, al igual que los políticos, todos mienten, o todos cuentan una parte interesada de la verdad”. Un número creciente de españoles están sedientos de noticias políticas pero no confían en que los periodistas les informen de forma honesta. El periodismo es la segunda profesión menos respetada en España, justo detrás de la de juez. Y según el último informe de Reuters Digital News, los medios de comunicación españoles tienen la credibilidad más baja de Europa.

De hecho, los españoles desconfían de sus periodistas casi tanto como de sus políticos. El auge del descontento electoral, sin embargo, ha venido cambiando el mapa político del país. Nuevos partidos como Podemos y Ciudadanos, así como las plataformas ciudadanas progresistas, están desafiando el dominio bipartidista del Partido Popular (PP), conservador, y el Partido Socialista (PSOE), de centro-izquierda. En las elecciones autonómicas de mayo, los dos grandes partidos perdieron más de 3 millones de votos. Y en las elecciones municipales, también celebradas en mayo, Barcelona y Madrid eligieron como alcaldes a mujeres izquierdistas que no podían estar más lejos de la clase política. La crisis política, así como la creciente desconfianza en los medios, se ha intensificado a raíz de la Gran Recesión. Ambas han fomentado un cambio significativo en la esfera pública española.

A primera vista, el panorama de los medios de comunicación españoles es amplio y diverso. Los 47 millones de habitantes pueden elegir entre unos 85 periódicos. Dejando de lado los diarios deportivos, el mayor de los seis principales diarios nacionales es El País, con una tirada de 360.000 y unos 1,9 millones de lectores por día, seguido de cerca por el diario gratuito 20 Minutos (1,7 millones) y El Mundo (1.2 millones). El País, de centro-izquierda y estrechamente ligado al Partido Socialista, fue considerado durante mucho tiempo el diario de referencia en España, pero ha sufrido una pérdida de lectores, recursos y reputación. El Mundo, la voz principal de la derecha neoliberal (en contraposición a la derecha tradicionalista y católica) también ha pasado por dificultades, y el invierno pasado hasta despidió a su legendario director fundador, Pedro J. Ramírez. La oferta televisiva es igualmente amplia. Una ancha franja de redes comerciales existe al lado de canales de financiación pública, tanto nacionales como regionales; aquéllos copan alrededor del 80% del mercado.

Pero esta aparente variedad de opciones es engañosa. La gran mayoría del mercado está en manos de unos diez conglomerados mediáticos. El grupo PRISA, que publica El País y sus ediciones globales en español, inglés y portugués, es propietario de un grupo de revistas, cadenas de televisión y radio, productoras y, hasta el año pasado, un brazo editorial masivo que llegaba hasta las Américas. El grupo Vocento posee 14 diarios, incluido el diario nacional ABC. El grupo Planeta, la mayor editorial en lengua española del mundo, tiene una participación importante en televisión y es dueño del periódico conservador La Razón. Aunque muchos de los conglomerados comenzaron como empresas familiares, ahora están controlados por empresas transnacionales o un puñado de poderosas instituciones financieras.

Durante la última década y media, el declive de los ingresos por publicidad ha puesto a estas corporaciones contra las cuerdas. La Gran Recesión hizo que se dispararan las deudas. Hubo despidos masivos para satisfacer el deseo de los accionistas de beneficios a corto plazo, sin que se tocaran los astronómicos paquetes de compensación de los ejecutivos. En 2013, El País despidió a 129 empleados y recortó los salarios de la plantilla en un 8 por ciento, mientras ese mismo año el ejecutivo de PRISA, Juan Luis Cebrián, se embolsó más de 2 millones de euros. Como ha señalado el periodista Gregorio Morán, la mayor parte de los dirigentes actuales de los medios proviene de la misma élite burguesa que medró bajo el régimen de Franco.

Lo que queda de las redacciones desmanteladas subsiste con un ejército de autónomos y becarios mal pagados. “La diferencia entre el que más cobra y el que menos en los periódicos tradicionales es escandalosa”, dice la joven periodista Berta del Río. En los principales periódicos digitales hoy, dice, los autónomos cobran entre 30 y 40 euros por reportaje, fotografía incluida. “Algunos no pagan nada. Y si pagan, es a 90 días” Por otra parte, dice, se espera que los periodistas produzcan seis o siete temas por semana, a la vez que se mantienen al día con las redes sociales. Esto deja poco tiempo para la investigación o la comprobación de la información.

La deuda de los conglomerados ha impactado de forma directa en la libertad de prensa, afirma Guillem Martínez, periodista veterano que escribe para El País en Cataluña. “Desde la crisis de 2008, los bancos han cambiado su deuda en los principales medios por acciones”, dice. “Son propietarios y ejercen esa propiedad como en el siglo XIX”. A veces esto lleva a la supresión de noticias. El 8 de enero de este año --recuerda Martínez-- el Banco Santander suspendió la cotización en la bolsa americana. “Esa noticia no apareció en la prensa española”, afirma. Otras veces, los bancos han ejercido su poder en la misma sala de redacción. Martínez recuerda un caso en 2013, cuando un ejecutivo bancario llamó a un editor y le dijo que despidiera a un periodista que estaba tuiteando críticamente sobre el banco. “He trabajado en medios donde me han dicho que no dijera nada malo de una determinada empresa o sobre tal o cual político”, dice Mar Cabra, que ahora trabaja en Madrid para el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). “Se consideraba normal. Algunas empresas o algunos partidos políticos eran tabú debido a la afinidad del medio con ellos o porque eran grandes anunciantes”.

Cuando los indignados tomaron las calles en mayo de 2011 no sólo denunciaban la falta de democracia en España, sino también la insuficiencia de los medios para responsabilizar a las élites políticas y económicas ante los intereses de los ciudadanos. “Los medios de comunicación en España se parecen al sistema en el que han medrado desde la muerte del dictador Franco: una democracia con resabios autoritarios, en la que la participación ciudadana se ha reducido a su mínima expresión”, dice la periodista Trinidad Deiros. “La política y el periodismo en España han sido dos torres elitistas e inexpugnables, comunicadas entre ellas, en las que el español de a pie ha sido un convidado de piedra.”

En ninguna parte queda más clara esta conexión que en los medios públicos. Al contrario que en otros países europeos, muchos ciudadanos españoles ven la televisión pública, la radio y los servicios de noticias como meros portavoces de los gobiernos nacionales y autonómicos. Y la interferencia política no se limita a los canales públicos; también los medios privados reciben fondos de los gobiernos. “Existen motivos claros para sospechar favoritismo en el uso que dan los distintos gobiernos –tanto el nacional como los autonómicos– a la publicidad institucional, o a la concesión de licencias y subvenciones”, afirma David Cabo, de CIVIO, una organización sin ánimo de lucro que lucha por la transparencia y el libre acceso a los datos públicos por parte de los ciudadanos.

Esfuerzos como el de CIVIO se enfrentan a una clase política que no está dispuesta a ceder el control. En un intento de cortarles las alas de los medios, el gobierno del PP se ha valido de su mayoría absoluta en las Cortes para aprobar la polémica nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la ley mordaza. La ley, que entró en vigor el 1 de julio, no sólo limita el derecho de los ciudadanos a protestar en persona o por escrito, en forma impresa o digital, sino que también frena la capacidad de los medios de comunicación para cubrir esas protestas. Miguel Mora, ex periodista de El País, escribió en la revista italiana Internazionale que la ley “contiene 44 artículos que conceden al Gobierno la potestad de multar a los ciudadanos con sanciones económicas que oscilan entre los 100 euros y los 600.000 por faltas administrativas agrupadas en tres categorías.” El propósito de la ley, añadió, es eludir el sistema judicial. “En efecto nos devuelve a los tiempos de la dictadura franquista y nos mete de lleno en un estado policial”. La ley mordaza ha provocado protestas por parte de entidades tan diversas como las Naciones Unidas, el Instituto Internacional de Prensa, y The New York Times.

Sin embargo, a pesar de la hostilidad del gobierno y la crisis económica, en los últimos años ha florecido una amplia gama de nuevos proyectos: medios de comunicación de izquierda comprometidos con la democracia, la transparencia y la ética. Muchas de estas nuevas iniciativas tienen su origen en el diario Público. Fundado en 2007, Público presentó quizás el primer verdadero desafío a la hegemonía de El País en los medios de centro-izquierda. Público se ganó la reputación rompiendo tabúes --como el de airear los trapos sucios de la monarquía-- y adoptando una posición muy crítica con la enmienda constitucional para la reducción del déficit, destinada a apaciguar a los mercados internacionales. En 2012, sin embargo, Público fue destripado por su propietario empresarial, que cerró la edición impresa del periódico y diezmó su sala de redacción. La desaparición de Público “nos preocupó a muchos”, dice Miguel Urbán, quien antes de unirse al Parlamento Europeo por Podemos formó parte del consejo editorial de la revista izquierdista Viento Sur. “Era, después de muchos años, el primer diario con una línea editorial de izquierdas, un hueco que dejó huérfano El País.”

Pero lo que podría haber sido un desastre sirvió más bien como una llamada de atención. Desaparecida la edición impresa y despedidos el 85% de los empleados, varios editores de Público pasaron a fundar proyectos mediáticos innovadores e independientes, decididos a eludir de una vez los chantajes de accionistas y las camisas de fuerza corporativas.

A la cabeza de esta proliferación de medios nuevos se encuentra eldiario.es, un periódico digital fundado hace tres años por Ignacio Escolar, director fundador de PúblicoEldiario.es se ha convertido rápidamente en uno de los diarios digitales más leídos del país, sólo superado por El Confidencial, fundado hace 14 años. Sorprendentemente, eldiario.es gana dinero. A diferencia de otros periódicos digitales, tiene alrededor de 12.000 suscriptores de pago, que por 5 euros al mes reciben acceso adelantado a las noticias. Eso sí, los anuncios siguen siendo su principal fuente de ingresos. (Comprometido con la transparencia, el periódico publica un resumen anual de sus cuentas.) “Escolar ha sabido hacer lo que poca gente, y menos gerentes, saben hacer”, dice Berta del Río, ex reportera de Público: “construir un buen equipo y delegar. Escolar tiene dos subdirectores muy preparados y con diferentes perfiles que dirigen la redacción con mano dura, mientras él ejerce de líder de opinión en los programas de máxima audiencia, lo que, claramente, repercute en su periódico. Eldiario.es responde a una estrategia muy pensada, y probablemente aprovechó los consejos de su padre”. Escolar es hijo del periodista Arsenio Escolar, que dirige el diario gratuito de 20 Minutos, el segundo periódico más leído del país.

Eldiario.es es sólo uno de un gran número de nuevas iniciativas progresistas que están rejuveneciendo el paisaje mediático español. En 2013, otros dos ex editores de Público lanzaron InfoLibre, que se especializa en periodismo de investigación y publica sólo un puñado de artículos por día. Asociado a Mediapart, un diario digital francés, subsiste únicamente de las cuotas de suscripción. “Defendemos que la información tiene un valor”, dice Manuel Rico, codirector de InfoLibre. “Y sólo hay dos posibilidades: o lo pagan los lectores, o lo pagan las grandes corporaciones” “La pérdida galopante de credibilidad de políticos y periodistas ha sido letal,” afirmó el otro codirector Jesús Maraña en un discurso este verano. “Nosotros intentamos ganarla cada día demostrando que se puede practicar un periodismo riguroso y no depender de otros intereses que no sean los de los lectores”.

La generación mayor está trabajando por el cambio también. En enero de 2015, catorce periodistas veteranos de grandes periódicos emplearon su propio dinero y una campaña de crowdfunding para lanzar la revista Contexto (ctxt.es). Dirigido por Miguel Mora, un ex corresponsal de El País en París que dejó su trabajo en protesta por una ronda de despidos, Contexto se compromete a ofrecer noticias y reportajes de primera mano, realizados sobre el terreno. Cultiva el periodismo de largo aliento en un paisaje mediático que se dedica mayoritariamente a los artículos de opinión y noticias breves. Con un diseño limpio, una mezcla de ilustración y fotografía y un enfoque en reportajes bien investigados, Contexto invita a comparaciones con las páginas web de las revistas más importantes de Estados Unidos, alejándose de la mayoría de las publicaciones en España. “Nuestro enfoque es minimalista e intenta respetar las normas básicas del periodismo clásico”, dice Mora. “El gran reto es encontrar patrocinadores estables, que quieran asociar su marca a la nuestra y respeten nuestro código deontológico: no branded content, no publicidad opaca, no publicidad agresiva, no injerencia en los contenidos, respeto a la pluralidad informativa y a los derechos fundamentales”.

Como Público en sus momentos de éxito máximo, estos nuevos medios se han distinguido con primicias importantes, a menudo relacionadas con la corrupción política, y la voluntad de romper los tabúes, al mismo tiempo que abren sus páginas de opinión a debates vigorosos. En octubre, eldiario.es desafió a los tribunales al publicar filtraciones de correos electrónicos personales de Miguel Blesa, un ejecutivo bancario que había proporcionado políticos con cuentas de gastos privados de lujo. InfoLibre publicó una serie de reportajes este verano que mostraban cómo el PP, el PSOE e Izquierda Unida habían recibido millones de euros del mismo banco.

Pero asegurar un espacio para la izquierda en la prensa y el periodismo digital no es suficiente, dice Urbán, el parlamentario europeo. El medio indispensable para llegar a la mayoría de la población, dice, es la televisión. “Creo que la izquierda tiene mucho que aprender y conquistar. En nuestra televisión no existen realmente espacios pensados para satisfacer el derecho a la información de la ciudadanía, como servicio público. Ni siquiera en los canales públicos controlados burdamente por el gobierno”. Sin embargo, en este frente también hay movimiento. Contratiempo, un programa de radio dirigido por un colectivo de historiadores, surgió de “la necesidad de habitar un lugar distinto a la academia”, dice Noelia Adánez, que forma parte del equipo fundador. Adánez también colabora en La Tuerka, uno de una serie de programas de televisión on line creado por los mismos académicos y activistas que más tarde fundarían Podemos. Presenta entrevistas en profundidad y paneles de discusión política de nivel sofisticado.

Para partidos como Podemos y las plataformas ciudadanas que ahora gobiernan las ciudades de Madrid y Barcelona, contar con medios progresistas independientes es una parte clave del fortalecimiento de la democracia. Esto significa liberar a los medios de comunicación de sus camisas de fuerza corporativas y políticas. Recordando que la Constitución española protege el derecho de los ciudadanos a la información veraz, Podemos ha incluido la reforma de los medios de comunicación en su programa. Pero la buena voluntad y las nuevas regulaciones no serán suficientes, dice Trinidad Deiros. Los periodistas tendrán que cambiar su forma de operar. Y este cambio cultural llevará tiempo. “Queda mucho por hacer”, dice, “por ejemplo en cuanto al tradicional machismo de la prensa española. El techo de cristal sigue intacto.” Berta del Río está de acuerdo. “Tanto el periodismo como la política son dos mundos de hombres en los que las mujeres tratan de sobrevivir”, dice ella. Y los periodistas también tendrán que cambiar la forma en que operan los políticos. A diferencia de Estados Unidos o Gran Bretaña, dice Deiros, los políticos españoles nunca aceptarían “que un periodista le haga cuarenta veces la misma pregunta si considera que no ha respondido.” “Esta actitud también es responsabilidad nuestra, de los periodistas españoles, siempre demasiado dóciles”, agrega. “Lo que en parte se explica por nuestras pésimas condiciones laborales que, obviamente, no incitan a rebelarse”.

Las elecciones nacionales de diciembre producirán la entrada de decenas de nuevos representantes ciudadanos en el Parlamento. ¿Cómo se relacionarán los nuevos medios de comunicación españoles con esta nueva cuña de políticos? Ariel Jerez, miembro del Consejo Ciudadano de Podemos, piensa que los periodistas del país tienen un largo camino por recorrer. “Incluso en los nuevos medios no se tiene conciencia, y mucho menos diagnóstico, de los graves problemas estructurales heredados, esquivados y tapados en democracia”. Deiros, la periodista, le devuelve el escepticismo. Un hipotético gobierno dirigido por Podemos o una confluencia popular, ¿tendrá un mayor respeto por la independencia de los medios de comunicación? “No soy excesivamente optimista”, dice. “Bien es verdad que cualquier Ejecutivo ganará en la comparación con el gobierno liberticida que padecemos ahora los españoles, pero el problema sigue estando demasiado arraigado en nuestras costumbres para cambiar de la noche a la mañana. Harán falta años antes de que nos deshagamos de ese miedo atroz a la información libre y veraz”.

Este reportaje se publicó el 15 de septiembre en The Nation.

Traducción de Sebaastian Faber y Bécquer Seguín.

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