La corrupción en algunos países hace que cada año cientos de millones sean defraudados. Gobiernos que minan el Estado de derecho son algunos de los principales receptores
Algo serio pasa con los fondos europeos. Andrej Babis, un magnate convertido en político populista y ahora primer ministro de la República Checa, lleva desde que ocupó el cargo acosado por un escándalo relacionado con el fraude de fondos. En Hungría, el yerno del primer ministro Viktor Orbán tiene un caso abierto por un fraude de fondos comunitarios para un proyecto de iluminado público. Estos esquemas se repiten también en Bulgaria y otros países del este de la Unión Europea, pero también en una menor escala en la parte más occidental del bloque europeo.
Detrás de todas esas investigaciones está la Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF), el único organismo de la UE con capacidad de realizar investigaciones independientes. Pero ahí se acaba el poder de la OLAF, que hace una serie de recomendaciones que van a parar a un investigación penal a nivel nacional y que, en muchos casos, especialmente en aquellos donde hay corrupción institucional, acaban en la basura.
El sistema “requiere mucho tiempo y reduce las posibilidades de enjuiciamiento”, y además, a los informes de la OLAF les falta más información. Esas son las conclusiones del Tribunal de Cuentas europeo. La OLAF ha defendido su trabajo señalando que el informe demuestra que requiere de un mayor poder. En concreto, el Tribunal de Cuentas señala que solo el 15% de lo defraudado acaba siendo recuperado y asegura que hay “deficiencias intrínsecas” que provocan los fallos del sistema actual.
El informe critica que hay medidas “insuficientes” contra el fraude y señala directamente a la Comisión Europea, algo que no ha sentado bien en Bruselas. Un portavoz comunitario aseguró ayer que “la OLAF trabaja de forma efectiva contra el fraude”. El informe “no da una imagen completa de la lucha que la UE hace contra el fraude”, señaló.
El comisario a cargo de Presupuesto, el alemán Günther Oettinger, también ha lanzado un comunicado en el que defiende que Bruselas tiene “tolerancia cero” hacia el fraude y hace todo cuanto puede contra él.
Este dinero comunitario suele llegar a las zonas más desfavorecidas de Europa en forma de fondos de cohesión y de ayudas a la agricultura en zonas más dependientes de este sector, que normalmente coincide con las más pobres en el este del continente y en el sur, aunque también en Francia.
Estos fondos a veces se otorgan desde las propias regiones, y en Bruselas saben que es un riesgo alto, especialmente en aquellos países donde son más comunes las redes clientelares. Por eso intenta, en contra de algunas capitales, recuperar parte del control de cara al marco financiero plurianual de 2021 -2017, que es el presupuesto de la UE para los próximos siete años.
La Comisión Europea también busca usar estos fondos para luchar contra aquellos gobiernos que minan el Estado de derecho, como es el caso de España, Grecia, Hungría, Polonia o Rumanía. Son algunos de los principales receptores y también donde más fraude se detecta. Bruselas cree que si tiene la capacidad para corta fondos hacia aquellos países que no cumplen con los valores básicos de la UE eso puede disuadirlos de lanzar ataques contra la independencia judicial o la libertad de prensa. El crecimiento económico de estos Estados miembros depende en gran parte de dichos fondos.
Asesinato de Kuciak
Durante el año 2018, la OLAF inició una investigación propiciada por una de las últimas informaciones del periodista Jan Kuciak, en la que señalaba los vínculos entre la mafia calabresa ‘Ndrangheta, la organización criminal más importante de Europa, con políticos eslovacos y fondos europeos para agricultura.
El 21 de febrero Kuciak y su pareja, Martina Kusnírová, fueron asesinados a tiros en su casa. Aquello lanzó a los eslovacos a las calles de Bratislava y acabó derrocando al primer ministro del país, Robert Fico.
El asesinato de Kuciak puso en el foco lo profundo que corría el fraude de fondos europeos en algunos países, y en Bruselas muchos entendieron que la visión que los ciudadanos tienen de la UE, una de las prioridades en la capital comunitaria, dependían de dar respuesta a ese tipo de escándalos.
“Siete de cada diez ciudadanos europeos perciben que el fraude sobre fondos europeos ocurre de forma frecuente, incluso si la situación puede ser distinta. Lamentablemente las actividades contra el fraude en este momento son todavía insuficientes”, ha asegurado Juhan Parts, el miembro del Tribunal de Cuentas encargado del informe.
Solo en 2017 unos 320 millones de euros de fondos de cohesión y para pesca fueron utilizados de forma fraudulenta en 2017, y por eso Parts dice que “es el momento de la acción: la Comisión debe crear un sistema efectivo para prevenir, detectar y disuadir a los infractores”.
Alerta ante los agujeros negros en los fondos de la Unión Europea