Menos de la mitad de las personas afiliadas a la Seguridad Social tiene un contrato indefinido a jornada completa
La estabilidad laboral hace una década que dejó de existir en España, ni siquiera en el imaginario del estudiante. En ese tiempo, la calidad del trabajo se ha ido deteriorando paulatinamente de tal manera que ahora mismo más de la mitad del empleo es precario.
Según los datos que maneja Comisiones Obreras, el 52% de los trabajadores no tiene un contrato indefinido a jornada completa. Es decir, subsisten con empleos temporales, parciales o ambos al mismo tiempo.
Estos contratos, además, son de una duración muy corta, no superior a un mes en el 38% de los casos. “La contratación sigue marcada por la precariedad y lastrada por los efectos negativos de la reforma laboral de 2012: se firman más contratos que antes de la crisis, pero son más precarios”, señala la secretaria de Empleo de CCOO, Lola Santillana.
La duración media de los contratos inscritos en los servicios públicos de empleo durante el mes de julio este año fue de 47,05 días, el peor dato desde 2006, cuando inició la serie de esta estadística.
Según los datos publicados esta semana por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), uno de cada cuatro contratos firmados en el séptimo mes del año tenía una duración igual o inferior a siete días.
“Cada empleo ligado a contratos de muy corta duración ha requerido firmar una media de 5,5 contratos temporales para trabajar todo 2018”. Esto es reflejo de la alta rotación laboral de la población con contrato temporal, explica Lola Santillana, secretaria de Empleo de CCOO.
Sin embargo, como refleja el gráfico elaborado por CCOO, la rotación y la precariedad no son exclusivas de la contratación temporal. Desde que se impulsó la reforma laboral en 2012, la contratación indefinida se ha precarizado y cada vez sirve menos para acceder a un empleo estable.
Al cierre de 2018 solo se mantenían el 63% de los contratos indefinidos firmados en 2018 y el 50% de los firmados en 2017, subraya.
La precariedad laboral afecta ya a más de la mitad del empleo asalariado