El Tribunal de Justicia de la Unión Europea fallará en octubre sobre la situación de los interinos en España, que denuncian discriminación respecto a sus compañeros funcionarios
La batalla judicial de los interinos contra la Administración está en su recta final. 800.000 trabajadores interinos esperan un fallo histórico del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconozca la discriminación que han sufrido y que los convierta automáticamente en funcionarios de carrera con todos los derechos correspondientes. La posición del abogado general, que suele marcar el camino a la sentencia posterior, debería publicarse este mismo jueves, 11 de julio, pero ha pedido un aplazamiento hasta el 5 de septiembre. Esto retrasa hasta finales de septiembre o principios de octubre la decisión definitiva del tribunal europeo.
El TJUE tiene que responder a dos consultas prejudiciales de la Justicia madrileña en la que cuestiona si la normativa española de los interinos vulnera la directiva europea de no discriminación en el puesto de trabajo y de abuso de la temporalidad. "En España hay trabajadores interinos que llevan 18 años en una situación de temporalidad, discriminados respecto a sus compañeros de trabajo y sin ninguna seguridad en su puesto de trabajo", denuncia Javier Araúz, abogado del Estado en excedencia que actualmente está llevando más de 5.000 casos de interinos contra las administraciones españolas.
La sentencia será transcendental, ya que la Justicia española ha planteado al TJUE que, si efectivamente existe discriminación, estos interinos sean reconvertidos automáticamente en funcionarios. No tanto como un premio para ellos como una sanción para la Administración por incumplir una directiva que tiene ya 18 años de vida. De esta forma, se solucionaría un problema que España tiene enquistado y que no ha conseguido resolver ni siquiera con el acuerdo para reducir la temporalidad que lleva tres años en funcionamiento.
Araúz denuncia que los interinos no tienen la misma remuneración, los mismos permisos, protección contra el despido, etcétera que sus compañeros funcionarios de carrera. "Hace 18 años que salió la directiva europea y debería haber estado solucionado", lamenta. El resultado es que las administraciones se han cargado de trabajadores públicos interinos de edad avanzada, que son cabezas de familia y que no tienen ninguna garantía jurídica a pesar de llevar años desempeñando su puesto de trabajo.
Uno de los casos es el de María Luisa, que lleva 20 años trabajando en la Administración de Justicia como interina, de los cuales, los últimos nueve los ha realizado en el mismo puesto de trabajo. "Cuando sale tu plaza a concurso, te cesan sin ninguna indemnización ni derechos [...] me han llegado a cesar estando embarazada", lamenta. Tiene tres hijos a se cargo y su puesto de trabajo pende de un hilo, de modo que la reacción de los interinos ha sido tradicionalmente la misma: docilidad. "Estos interinos son dóciles, no han reclamado nunca, se han achantado por miedo [a ser despedidos]", señala Araúz.
Esta situación en la Administración de Justicia se repite en todos los ámbitos del sector público. Domingo Sánchez Ruiz denuncia que lleva 20 años en un puesto interino vacante que, por sus propias características, debería haber salido a concurso hace 18 años. Es administrador informático en un hospital de la Comunidad de Madrid y de él depende que todo el servicio funcione correctamente. "Estamos haciendo un trabajo crítico, pero no se reconoce", lamenta, "el despido libre y gratuito está en las administraciones públicas".
"España tiene más de 200 expedientes sancionadores abiertos por incumplir la directiva europea", lamenta Araúz, "pero las administraciones hacen caso omiso". Ahora tendrá que ser la Justicia europea quien determine si, efectivamente, España lleva casi dos décadas vulnerando sus derechos. Y, en caso afirmativo, si son estos mismos interinos quienes tienen que convertirse en funcionarios o si tienen que salir las plazas a concurso público. Los interinos consideran que si llevan años haciendo ese trabajo, han cumplido claramente los criterios de mérito, capacidad e idoneidad para su puesto de trabajo, por lo que no contemplan la posibilidad de que su plaza no se convierta automáticamente en fija.
800.000 interinos esperan una sentencia histórica que los convierta en funcionarios