El 2 de febrero del 2010, aprovechando una conferencia-almuerzo en el lujoso hotel Ritz de Madrid, organizada por la asociación empresarial Nueva Economía Fórum y patrocinada por el Grupo Sacyr-Vallehermoso, Vicente Álvarez Areces seguía postulándose como candidato del PSOE para las elecciones autonómicas del año 2011.
El mensaje dirigido al sector “oficial” de la FSA (Federación Socialista Asturiana), ante la flor y nata de los empresarios españoles, era nítido: ‘Tini’ Areces mantenía el pulso con Javier Fernández, candidato del aparato y secretario general de la FSA, y se sentía fuerte para seguir disputando la partida.
Era el último episodio de una guerra cruenta en la que los aliados mediáticos de los dos contendientes jugarían un papel decisivo, no tanto por los servicios de propaganda prestados, como por el efecto devastador que iba a producir la publicación sucesiva y oportuna de varios escándalos de gestión política sobre las opciones de victoria de uno de ellos. En este apartado, que acabó seguramente inclinando la balanza hacia Javier Fernández, los once años consecutivos de Gobierno arecista ofrecieron un flanco débil sobre el que se cebó la artillería mediática del candidato oficialista.
El 24 de febrero, veintidós días después de la conferencia del Ritz, La Nueva España publicaba en primicia una noticia bomba, que estallaba de lleno en la línea de flotación del Gobierno y acabaría siendo la antesala del mayor escándalo de corrupción de la historia de la Autonomía: la consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, acababa de destituir, «por irregularidades administrativas en las que se aprecia un posible delito», a la jefa del Servicio de Procesos Administrativos de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
En la noticia se decía que la Fiscalía había abierto una investigación para determinar si la alta funcionaria había falsificado la firma del director general, José Alberto Pérez Cueto, para adjudicar servicios de forma irregular asumiendo funciones que no le correspondían; y si estaba ligada, mercantil o sentimentalmente, con alguna de las empresas o empresarios que lograron contratos con el Departamento en el que prestaba servicios.
El día siguiente, 25 de febrero, La Nueva España continuaba informando que la alta funcionaria, que identificaba como M.R.A., había sido destituida por hacer adjudicaciones irregulares de contratos de productos informáticos, que diversas fuentes elevaban a medio millón de euros. Asimismo, destacaba que era una alta funcionaria de la absoluta confianza del Gobierno: había llegado a la Consejería de Cultura cuando Migoya tomó posesión de ese departamento en el año 2003, ocupando la jefatura del Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y Museos, bajo la dependencia directa de Carlos Madera, por entonces director general de Promoción Cultural, y cuando la consejera pasó a dirigir la Consejería de Administraciones Públicas, en la reordenación del Gobierno que siguió a las elecciones autonómicas del año 2007, la funcionaria cambió de destino de la mano de Migoya para dirigir el Servicio de Procesos Administrativos.
Información, negocios e intereses
El Comercio, el otro gran periódico asturiano, no tuvo más remedio que hacerse eco de unos hechos tan graves, si bien, dos días después, titulando que había sido destituida una alta funcionaria que se enfrentaba a seis años de cárcel por estafa.
¿Cómo es posible que la información de un asunto de esta envergadura se conociera por una filtración a un periódico y no de boca de los portavoces del Gobierno en una rueda de prensa con todos los medios adecuadamente convocados?
Nuestra tesis es que la filtración de este grave caso de corrupción es una pieza de un gran valor en la guerra abierta por entonces en el seno de la FSA-PSOE entre los dos bandos enfrentados. En ese conflicto, hacía algún tiempo que el periódico del grupo Prensa Ibérica había tomado partido, de forma clara y sin tapujos, por el candidato “oficialista”, golpeando con dureza al entonces presidente Álvarez Areces donde más podía afectarle: aireando los escándalos de corrupción y de pésima gestión que afectaban a ese modo de hacer política que se ha dado en llamar el “arecismo”.
Podríamos poner varios ejemplos: la crítica despiadada del editorial del 21 de junio del 2009, con ocasión de la sentencia judicial que anuló aquel engendro denominado “carrera profesional” de los empleados públicos (el Gobierno había jugado frívolamente con el pan de los funcionarios y con el dinero de los asturianos, se decía en el editorial), o el despliegue informativo realizado el 1 de mayo del 2010, sobre la anulación judicial de una relación de puestos de trabajo que permitió el nombramiento a dedo de 280 jefes de servicio, ilustran bien esta labor de ariete constante sobre el Gobierno de Areces, percutiendo con los sucesivos varapalos judiciales recibidos por los responsables de una política marcadamente clientelista y de una maquinaria administrativa averiada.
Solo desde planteamientos ingenuos se puede pensar que los alineamientos político-mediáticos responden a coincidencias ideológicas y/o simpatías personales. Por encima de afinidades de ideario y de empatías o antipatías mutuas, dominan las descarnadas motivaciones económicas de los grandes grupos de comunicación, en las que se amalgaman los intereses del negocio comunicativo en sentido estricto, los de de los anunciantes, accionistas, financiadores, etc. De ahí que resulte perfectamente posible que un periódico o una televisión promuevan abiertamente a un determinado candidato u hostiguen a un alto cargo hasta hacerlo caer, para favorecer los intereses, por ejemplo, de una gran empresa del sector energético, de una entidad bancaria o de una potente constructora, o de todos ellos a la vez.
Las embestidas contra la rocosa y casi numantina resistencia de Areces hicieron mella: el 8 de julio del 2010, el todavía presidente del Gobierno asturiano anunciaba públicamente su decisión de no volver a ser de nuevo candidato a la Presidencia del Principado de Asturias en las elecciones autonómicas a celebrar en mayo de 2011. No obstante aseguraba, según la noticia de agencia, que estaría “al pie del cañón, hasta el último día, con más intensidad si cabe”. Los últimos meses del arecismo gobernante no son, sin embargo, el mejor ejemplo de un final de etapa glorioso.
Menos de un mes después de su renuncia, se hacía pública la del consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, amigo personal y hombre de su máxima confianza. El anuncio fue realizado por la consejera Migoya, resaltado que la dimisión se había producido por “problemas de salud”. En marzo del 2011, dos meses después de la detención del ex consejero, La Nueva Españarevelaba que tanto Riopedre como María Jesús Otero sabían que estaban siendo investigados cuando presentaron sus respectivas dimisiones en los primeros días de agosto de 2010.
El periódico afirma que “el sumario de la Operación Marea recogía conversaciones de ambos cargos donde se trasluce su conocimiento de que la Policía los investigaba”, y acaba poniendo contra las cuerdas por mentiroso al Gobierno de Areces, recordándole que “negó rotundamente, en la primera comparecencia pública de su portavoz, Ana Rosa Migoya, tras la detención de Riopedre, a finales de enero pasado, que la dimisión del consejero de Educación tuviera relación alguna con la investigación”.
Marea o Renedo
El 24 de enero de 2011 explotaba con virulencia el mayor caso de corrupción de la historia de Asturias: la Justicia detiene ese día a Iglesias Riopedre, a la ex directora general de su máxima confianza María Jesús Otero y a la alta funcionaria Marta Renedo (la M.R.A de la noticia de febrero de hacía un año), además de a dos conocidos empresarios del sector del mobiliario de oficina, por su implicación en una tupida red de amaño de contratos públicos. Nace oficialmente, por entonces, el caso bautizado como “Marea” y “Renedo”, dos denominaciones distintas para un solo caso verdadero. ¿Una mera anécdota, un misterio insondable o una interesada utilización del lenguaje?
La Nueva España adoptó pronto la denominación de “Caso Marea”, coincidente con el otorgado por la Policía a las diligencias de investigación. “Marea” es un acrónimo de Marta Renedo, pero tiene una connotación mucho más amplia (de la misma manera que “Gürtel”, aunque sea la traducción al alemán de “Correa”, es un nombre que simboliza una extensa trama de corrupción, que va mucho más allá de uno de sus personajes centrales).
El Comercio, por su parte, al igual que la televisión pública autonómica TPA, comienza a hablar del “Caso Renedo” desde el 27 de enero -tres días después de la detención-. Xuan Cándano afirma en un artículo de mayo de 2016 que “cuando estalló el Caso Marea, a principios de 2011, el entonces delegado del Gobierno en Asturias y ahora diputado socialista en el Congreso, Antonio Trevín, reunió a algunos directores de medios asturianos para intentar frenar el golpe que para el PSOE suponía este caso de corrupción. Esa debe de ser la causa que explica que aún haya medios, más de cinco años después, que lo llaman ‘Caso Renedo’. Desde el primer momento la estrategia socialista consistía en desviar las responsabilidades a la alta funcionaria por la que se destapó al escándalo, para eludir las políticas que llevaron a la cárcel al entonces consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, y a la que era su mano derecha, la directora general María Jesús Otero”.
La explicación que ofrece el director de ATLÁNTICA XXII cuadra bien con la línea argumental que venimos desarrollando en este trabajo: a Trevín solo le habría hecho caso El Comercio, que no tenía ningún interés en culpabilizar a Areces, más bien al contrario, y la TPA, controlada informativamente por el Gobierno arecista; pero no La Nueva España, que había contribuido a pulverizar las aspiraciones del ex alcalde de Gijón de repetir como candidato en la elecciones autonómicas de 2011. y al que consideraba responsable político de la trama.
Así, las informaciones de El Comercio sobre el “Caso Renedo” podrían unirse de tal forma que quedaría trazado un potente cortafuegos para proteger a Tini Areces de la quema. En esa obsesión de convertir el “Caso Marea” en el “Caso Renedo” El Comercio llegó a cambiar el nombre oficial de la Comisión parlamentaria de investigación creada por la Junta General del Principado de Asturias, denominada por la propia Junta General como Comisión de Investigación del conocido como “Caso Marea”, por el de Comisión de Investigación del “Caso Renedo”.
Para La Nueva España, sin embargo, era evidente que Álvarez Areces dejaba una “herencia envenenada” a sus sucesores, basada en el descontrol administrativo generalizado y la politización partidista de la gestión de la Función Pública. El demoledor editorial de este periódico del 23 de enero de 2011 no deja títere con cabeza: “La herencia no es apetecible. El rigor más escrupuloso no inspira muchos procesos administrativos. Hay obras decididas con ligereza y también ligereza en la adjudicación de obras: contrataciones a la carta, supuestos criterios objetivos que son puerta abierta a la discrecionalidad, fraccionamiento excesivo de proyectos para esquivar controles”. Acusa directamente al Gobierno arecista de “controlar al funcionario no para que ejerza su trabajo con provecho y eficacia, sino para recompensar la docilidad como actitud y la fidelidad como mérito, por más que los jueces enmienden este propósito sentencia a sentencia”.
Nosotros creemos que el editorialista estaba, en lo sustancial, bastante atinado y que no exagerada en absoluto. A este respecto, nos vemos obligados a recordar, aunque solo sea por una razón de “memoria histórica”, que buena parte de las denuncias sobre estas cuestiones y de las demandas que acabaron en la larga retahíla de sentencias condenatorias del Principado fueron promovidas por el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies.
Una discutida herencia
Ahora bien, lo que nos llama poderosamente la atención es que, tras el acceso a la Presidencia del Principado de Javier Fernández a mediados del año 2012, esa visión implacable sobre la gestión pública en la Administración del Principado empiece a difuminarse, hasta desaparecer por completo de las páginas del periódico. Si el Gobierno de Fernández no ha aplicado ningún antídoto idóneo, que se conozca, para combatir el veneno, ¿en qué estado se encuentra ahora la “herencia de Areces”?
Ahora, cuando la Sindicatura de Cuentas sigue señalando, año tras año, irregularidades constantes en los procesos de contratación y se mantienen, bajo fórmulas sucedáneas de la libre designación, los mismos vicios de nombramiento a dedo de funcionarios, esas prácticas clientelares ya no merecen la atención de este periódico.
La presidencia de Fernández, que tomó posesión del cargo en mayo de 2012, abre una nueva etapa informativa en La Nueva España en relación con el “Caso Marea”, que podíamos describir como una estrategia para desactivar la carga política del caso. Se sigue hablando de trama de corrupción, pero se focaliza sobre un grupo muy concreto de personas, políticos, funcionarios y empresarios, que cometieron unos hechos graves, sin duda, pero aislados, situando fuera del plano a aquella mala praxis administrativa que Areces había dejado en forma de falta de controles administrativos, discrecionalidad generalizada y manipulación del empleo público, es decir, el caldo de cultivo idóneo para la corrupción.
Podemos deducir que se estaba preparando a conciencia el terreno para evitar, o minimizar al máximo, el impacto de la sentencia judicial sobre el Gobierno de Javier Fernández. El titular de La Nueva España del 14 de septiembre de 2017 resulta abrumador en este sentido: “El Principado sale indemne del fallo de ‘Marea’: el ‘caos’ no ha quedado acreditado”.
La “herencia envenenada” de la que hablaba el editorial del 23 de enero de 2011, ¿no era entonces tan ponzoñosa como ese periódico decía?, ¿se utilizó para noquear al aspirante Areces en su lucha con el aspirante Fernández y se oculta ahora para beneficiar al presidente Fernández?
En el primer caso, la sentencia desmentiría el diagnóstico hecho por el propio periódico en el año 2011, dejándolo en un mal lugar. En el segundo, la corrupción y el clientelismo se usarían como munición periodística en función de los intereses y objetivos de cada momento.
Las relaciones ocultas entre el poder mediático y el poder político son, probablemente, el último gran tabú de la democracia representativa. ¿Quién puede tirar de ese hilo?
La Administración clientelar del Caso Marea
La Audiencia Provincial de Asturias ha dado a conocer la sentencia sobre la trama de corrupción político-administrativa denominada por la Policía “Operación Marea” y rebautizada interesada e insistentemente por algunos medios como “Caso Renedo”, en una maniobra dirigida a focalizar la atención sobre la funcionaria Marta Renedo, para desviarla de los principales responsables políticos del gran agujero negro descubierto en la Administración autonómica y de los cargos políticos encausados: un ex consejero y una directora general del Gobierno presidido por Vicente Álvarez Areces.
Son 1.079 folios en los que se condensa el farragoso proceso judicial que ha durado siete años y cuyas diligencias previas se iniciaron en el año 2010 por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Gijón, como consecuencia de la denuncia de una ciudadana en una Comisaría de Policía, trasladándose poco después al Juzgado de Instrucción nº 2 de Oviedo por una discutida decisión de la Audiencia Provincial sobre la competencia territorial.
La sentencia del Caso Marea revela, en una lectura atenta, una densa red de clientelismo laboral que sirvió de soporte a los hechos corruptos que se declaran probados. Los delitos los cometen unas pocas personas concretas con nombres y apellidos, pero la operativa delincuencial fue propiciada por una infraestructura administrativa instalada adrede para relajar los controles de legalidad, multiplicando los funcionarios de confianza política.
Leyendo algunos de los apartados claves de la extensa resolución judicial cualquier ciudadana o ciudadano mínimamente formado puede deducir que en varias Consejerías del Gobierno autonómico, y muy especialmente en la de Educación, la contratación estaba fuera de control y en manos de unos desaprensivos que desviaron para su lucro personal varios millones de euros de dinero público. De ahí que los portavoces del Gobierno se hayan apresurado a poner en marcha una campaña de intoxicación de la opinión pública, extendiendo la patraña de que el Principado ha salido indemne de la sentencia.
Pero si los millones de euros robados y aun por cuantificar y recuperar provenían del erario público –a cuestionar este extremo ya no se atreven los intoxicadores– , ¿quién es entonces el sujeto pasivo del daño?, y ¿cómo es posible que se hubiera robado tanto y durante tanto tiempo si todo estaba bajo control?
Ausencia total de controles
Examinemos, por ejemplo, los mecanismos delictivos empleados por María Jesús Otero, directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras, condenada con la pena más severa (9 años y seis meses de cárcel). Las declaraciones de los secretarios generales técnicos de la Consejería de Educación describen con minuciosidad burocrática que tanto en los contratos menores, como en los de suministros de material homologado, todo el proceso de contratación –desde la propuesta de lo que se contrataba y con qué proveedor, hasta la justificación del gasto mediante factura conformada– estaba en manos de la directora general, con la colaboración de su jefa de Servicio de Centros. La propuesta de contratación la realizaba la jefa de Servicio con el visto bueno de la directora y la tramitación del pago requería la factura conformada por la jefa del Servicio.
La ausencia total de controles externos a la Dirección General entrañaba un riesgo evidente de que pudieran producirse conductas ilícitas que pasaran desapercibidas (¿cómo es posible que no se hicieran auditorías periódicas en un sector que movía decenas de millones de euros?), pero cabría aducir que la intervención de una funcionaria pública en las fases más importantes del procedimiento de contratación garantizaría el cumplimiento escrupuloso de la legalidad.
La cruda declaración de Joaquín Arce (pág. 536 de la sentencia) evidencia los motivos por los que ese control naufragó estrepitosamente: cuando el Consejo de Gobierno nombra directora general a la Sra. Otero, esta, a su vez, enchufa como jefa del Servicio de Planificación y Centros a una amiga suya, Consuelo Carrera, maestra de profesión como la primera. El círculo clientelar se cierra de este modo con las consecuencias que conocemos: la Sra. Carrera firma las propuestas de contratación que le ordena su superiora y amiga María Jesús Otero y conforma las facturas que hacen posible los pagos ilegales, parece ser que sin mayores comprobaciones, pues cómo no iba a fiarse de lo que realizaba su amiga a la que debía el nombramiento en un puesto de trabajo con un sueldo muy superior al que percibiría como docente.
¿Qué pintaba una maestra nombrada a dedo desempeñando una jefatura de Servicio con importantes funciones en materia de contratación, que hubieran requerido un funcionario o funcionaria con experiencia y conocimientos en materia de Derecho Administrativo?
Es evidente que este nombramiento nepotista solo pudo consumarse con la colaboración necesaria de otros cargos públicos, entre ellos el consejero Riopedre y, finalmente, del Consejo de Gobierno, que aprobó la relación de puestos de trabajo en la que la plaza de jefe del Servicio de Planificación y Centros se configuraba a la carta para que pudiera ser ocupada por una maestra que, además, era amiga de la directora general. Una clase de decisiones políticas muy extendidas en la Administración del Principado, que priman la confianza personal y el enchufismo frente a la igualdad, el mérito y la capacidad y que son el caldo de cultivo para la corrupción administrativa.
No nos extraña, entonces, que Consuelo Carrera tuviera la desvergüenza de publicar una carta en el diario El Comercio el 3 de febrero del 2011, pocos días después de la detención de su directora general, en la que hace una defensa apasionada de la gestión de ésta, llegando a afirmar lo siguiente: “Mi trabajo con ella me demostró que es una persona responsable, honesta, con criterios claros, que actúa teniendo en cuenta el proyecto de mejora de la educación desarrollado en Asturias desde la Consejería, que consolida equipos de trabajo”
Riopedre era de la confianza de Areces, Otero era de la confianza de Riopedre y Carrera era de la confianza de Otero. Una lástima para los intereses públicos que nadie hubiera advertido la necesidad de contar con alguna funcionaria o funcionario desconfiado en la cadena.
Rienda suelta a la corrupción
Algo parecido podemos afirmar respecto a la trayectoria delictiva de Marta Renedo y su relación estrecha, paralela y directa con los sucesivos puestos en los que iba siendo nombrada por sus padrinos políticos. En efecto, en el año 1999 fue nombrada por libre designación –a dedo– jefa del Servicio de Prestaciones de la Dirección General de Servicios Comunitarios, puesto en que el comenzó a desarrollar su actividades ilícitas. El director general era Carlos Madera González, que en el año 2003 pasa a ocupar la Dirección General de Cultura, llevando consigo a Renedo como jefa del Servicio de Promoción Cultural, Bibliotecas, Archivos y Museos, con el plácet de la consejera Ana Rosa Migoya, que deposita en ella su confianza. Un puesto este que, por cierto, se parecía como un huevo a una castaña al que había desempeñado con anterioridad.
En el Servicio de Promoción Cultural, Bibliotecas, Archivos y Museos, Marta Renedo intensifica, mejora y amplía sus técnicas delictivas, parece que con el desconocimiento general de sus superiores. Según recoge la sentencia, fue precisamente Carlos Madera quien la presentó a su amigo Maximino Fernández, administrador de la empresa ASAC Comunicaciones. Recordamos que el Sr. Fernández, condenado a un año y medio de prisión, contrató a varias personas como trabajadores de ASAC para que prestaran servicios en diversas dependencias de la Consejería de Cultura, emitiendo facturas falsas para resarcirse de los costes de dichos contratos laborales. Curiosamente, una de esas trabajadoras contratadas para trabajar ilegalmente en la Consejería de Cultura era cuñada del director general de Cultura Carlos Madera, que –por tanto– era su superior jerárquico, como se dice en la pág. 145 de la sentencia, pero éste nunca habría tenido curiosidad por preguntarle a su parienta sobre cómo había llegado allí.
Tal debía ser el grado de confianza y estima profesional de Migoya en Renedo que, cuando aquella pasa a ocupar la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno en el año 2007, la nombra jefa del Servicio de Procesos Administrativos (en el mes octubre de ese mismo año), puesto que tampoco tenía nada que ver con los que anteriormente había desempeñado. Aquí Renedo, con la experiencia adquirida previamente, da rienda suelta a sus prácticas corruptas.
Dejando a un lado ahora lo inverosímil que resulta que el director general de Modernización, del que dependía directamente el Servicio de Procesos Administrativos, no hubiera reparado en la repetición de contratos con empresas desconocidas para trabajos que no había encargado y de los que no tenía constancia, cuando debía recibir estadillos semanales o quincenales con todos los contratos formalizados por su Dirección General; al menos la “culpa in eligendo” –en la elección– de los políticos que confiaron ciegamente en Marta Renedo, otorgándole puestos a dedo de la máxima confianza durante más diez años, es de manual.
Viene al caso recordar que Ana Rosa Migoya defendía en abril del año 2010, justamente después de que el Tribunal Superior de Justicia anulase la utilización abusiva del procedimiento de libre designación en más de 200 puestos de jefatura, que este sistema de nombramiento de altos funcionarios era mejor que el concurso de méritos porque garantizaba “el desempeño eficaz de las responsabilidades del puesto”.
¿Qué clase de eficacia ofrecía Renedo a Madera y a Migoya para mantenerla como funcionaria de confianza durante tantos años seguidos y en puestos tan variados? La sentencia del Caso Marea no responde a esta pregunta, pero resultaría obligado que contestaran los valedores políticos de Renedo.
Desviar la atención
Respecto a los controles a la hora de gestionar los fondos públicos, se evidencia en los hechos probados recogidos en la sentencia una multitud de prácticas irregulares llevadas a cabo en el seno de la Administración del Principado de Asturias que fueron consumándose a lo largo de los años sin que se detectasen ni, en consecuencia, se corrigiesen.
Son múltiples los contratos ficticios que se llegaron a pagar. También otros cuya obra o suministro objeto del mismo nunca se llegó a realizar. Multitud de subvenciones públicas fueron desviadas a cuentas particulares y fueron también cientos los documentos mercantiles falsos que se presentaron al cobro.
El propio sistema permitía en la práctica y durante muchos años un oligopolio empresarial –el de las empresas cuyos responsables fueron condenados– a la hora de adjudicar los suministros centralizados de todo el Principado de Asturias. Son cantidades astronómicas pagadas por una Administración que, en teoría, tenía medios, capacidad y obligación de fiscalizar todos los pagos. No hay que olvidar que en todas las Consejerías existe una Secretaría General Técnica –alto cargo de carácter político, desempeñado normalmente por un funcionario teóricamente cualificado– de la que depende el propio Servicio de Contratación y la respectiva Oficina Presupuestaria, ante la que hay que gestionar todo documento contable que conlleve gasto.
También existe la Intervención General, órgano que debe ejercer la tarea de control y fiscalización, de la que dependen los interventores delegados responsables de fiscalizar y controlar los gastos de las Consejerías.
Pues bien, todo este entramado de teórico control se ha visto desbaratado por los hechos narrados en la resolución judicial, sin que ninguno de estos organismos se enterase.
En un intento desesperado por desviar la atención de los responsables políticos de la trama, la plataforma mediática del Gobierno del Principado sigue propalando machaconamente que en la sentencia se niega que hubiera descontrol generalizado en la Administración del Principado. ¿Deliraba, entonces, la fiscal del Caso Marea, Carmen Rodríguez, cuando en el mes de julio de 2016, en plena vista oral, afirmaba con contundencia que el funcionamiento de la Consejería de Educación “era un caos”?
En todo caso, al margen y en paralelo a lo que podemos llamar la “verdad judicial” de esta trama de corrupción, todavía provisional hasta que la sentencia adquiera firmeza, las responsabilidades políticas del caso hace tiempo que están delimitadas, con la identificación de sus responsables. El dictamen de la Comisión de Investigación constituida en la Junta General del Principado, publicado en el Boletín de la Junta de 30 de julio de 2013, es claro en sus conclusiones:
a) Existió un fallo en los instrumentos de control que permitió actuaciones irregulares en beneficio propio e individualizadas, por parte de funcionarios investidos de una especial confianza por los responsables políticos de esos Departamentos, y que ocasionaron un perjuicio patrimonial para la Administración del Principado de Asturias.
b) Existió una trama de intereses en su actuación con determinadas empresas privadas en el ámbito de la Consejería de Educación, en el tiempo en que estuvo dirigida por José Luis Iglesias Riopedre y ocupando el cargo de directora general de Planificación de Centros María Jesús Otero Rebollada.
c) La actuación poco diligente por parte de los responsables políticos una vez que son conocidos datos ciertos que apuntaban a la posible comisión de irregularidades en el ámbito de la contratación de sus Departamentos, y una actuación poco comprometida a la hora de determinar el verdadero alcance de las posibles irregularidades y su repercusión patrimonial.
Son responsables políticos de esta trama, según el dictamen de la Comisión de Investigación, Vicente Álvarez Areces, presidente del Gobierno del Principado; José Luis Iglesias Riopedre, consejero de Educación; Herminio Sastre, también consejero de Educación; María Jesús Otero, directora general de Planificación; Ana Rosa Migoya, consejera de Cultura y de Administraciones Públicas; Alberto Pérez Cueto, director general de Modernización; Carlos Madera González, director general de Cultura; y Francisco José Díaz Ortiz, secretario general técnico de la Consejería Cultura.
Javier Álvarez Villa y Severino Espina Fernández. Licenciados en Derecho y miembros del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies.
De la “Operación Marea” al “Caso Renedo”
La Administración clientelar del Caso Marea