¿Cómo funciona el mercado de los libros de texto en España?
La resolución de la CNMC muestra que el mercado de los libros de texto no universitarios en España se estructura a partir de un entramado de relaciones definidas entre cuatro agentes principales.
- En primer lugar los colegios e institutos, quienes seleccionan antes de la finalización de cada año académico el material didáctico que se utilizará el curso siguiente para cada una de las enseñanzas impartidas. No se trata de una decisión baladí y aunque se supone que se adopta siguiendo criterios profesionales los mecanismos de decisión no siempre son transparentes, ya que existen ofertas diferentes en relación a los contenidos pedagógicos que deben ser cubiertos siguiendo las correspondientes directrices de las autoridades educativas.
- En segundo lugar están las familias quienes, a pesar de ser los consumidores finales en este mercado, se ven privadas en realidad de su derecho más básico: la posibilidad de elegir el producto.
- En tercer lugar están los distintos vendedores (centros concertados que actúan como tales bajo comisión, librerías o grandes superficies) que son simples intermediarios en una relación vertical clásica donde el papel de productor lo asumen las editoriales.
- Las editoriales, verdaderos actores detrás del precio final de forma cartelizada como ha demostrado la CNMC.
Aunque exista competencia entre vendedores, las editoriales retienen todavía un elevado poder en el mercado de los libros de texto en España. No solo por la naturaleza monopolista del producto (una vez que el centro ha decidido), sino porque las barreras a la entrada (el efecto de la reputación es muy importante) y los elevados costes de producción (las diferencias regionales de contenidos minimizan la explotación de posibles economías de escala) limitan el número de competidores. El reciente informe sobre El sector del libro en España confirma que la mayoría de las ventas del sector (casi 860 millones de euros en 2016) se concentraron en seis grandes grupos editoriales. Ello a pesar de que en el curso 2018-19, el número potencial de consumidores cautivos superaba los ocho millones de alumnos en educación primaria y secundaria obligatoria, si bien la cifra real de compradores fue mucho menor debido a la existencia de algunas medidas de salvaguarda para las familias como la gratuidad de libros o el mantenimiento de contenidos durante varios cursos (cuatro concretamente) con el fin de incrementar la competencia de los mercados de segunda mano (combatida por las editoriales a través de nuevas ediciones u otras prácticas, como se ilustra aquí o aquí).
No es este el lugar, pero tal vez debería discutirse primero si por sus características de bien cultural la publicación y distribución de libros debería quedar al margen de las disposiciones del art. 101 del TFUE. De hecho no se trataría de una demanda reciente: en 1829 los editores londinenses presionaron al gobierno para que se prohibieran los descuentos en la venta de libros, ya que “perjudicaba la respetabilidad del negocio de la cultura” (Hartwick, 1984). Este tipo de restricción vertical conocida como mantenimiento del precio de reventa, fue común en Europa hasta hace unos años y la legislación española por ejemplo la justificaba señalando que “la uniformidad en los precios [entre vendedores] favorece una oferta editorial culturalmente plural, heterogénea y rica (…), garantizando un marco de distribución estable y duradero” (RD2828/1979).
Aunque (y principalmente por iniciativa de Francia) “l'exception culturelle” sigue presente hoy en día en la industria audiovisual europea, no parecen persistir en el sector editorial suficientes razones económicas que justifiquen una protección excesiva. Las limitaciones sobre los precios de los libros fueron eliminándose progresivamente en nuestro país (especialmente a raíz de un demoledor informe del entonces Tribunal de Defensa de la Competencia, en 1997), configurándose el actual marco sectorial que en principio favorecería la libre competencia entre las editoriales, y entre las librerías.
En 2010, Jiménez y Campos analizaron la estructura del sector y observaron que, en el caso particular de los libros de texto no universitario, existían algunos elementos preocupantes cuya corrección era necesaria para que los potenciales beneficios de la liberalización pudieran manifestarse en su totalidad.