Las nuevas altas del Régimen General alcanzan los 1.582 euros de media, mientras el salario más frecuente en España se sitúa en 1.178 euros mensuales
Es el 'jubilado de oro'. Ha acumulado una carrera de cotización más larga que la de sus predecesores en el sistema público y cobró un mejor sueldo que ellos durante su vida laboral. En consecuencia, su contribución total a la Seguridad Social a lo largo de los años ha sido mayor y ha generado el derecho a cobrar una pensión más alta. Ingresa una nómina que roza los 1.600 euros y se sitúa muy por encima del salario que cobran la mayoría de los trabajadores españoles.
A sus mejores condiciones de retiro hay que añadir el impacto de las subidas de las prestaciones que han entrado en vigor este año. El resultado es una pensión disparada en un corto espacio temporal, sin entrar a valorar si es o no demasiada. De acuerdo con los registros de la Seguridad Social, las nuevas altas del sistema ya alcanzan de media los 1.462 euros y llegan hasta los 1.582 euros en el Régimen General, más de 160 euros por encima del nivel de hace apenas un año. Ahora estos pensionistas llegan a cobrar 400 euros más que el trabajador común, que ingresa 1.178 euros mensuales brutos por catorce pagas según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En términos anuales, estos jubilados reciben de media 22.148 euros entre las doce nóminas regulares y las dos pagas extraordinarias de verano y Navidad. Mientras, el salario más frecuente en España se queda en 16.497 euros al año, antes de practicar retenciones a cuenta del IRPF y contribuciones a la Seguridad Social. La diferencia es de más de 5.600 euros y explica de manera muy representativa el problema básico del sistema de las pensiones español: los ingresos por cotizaciones no cubren el gasto que suponen las prestaciones, de ahí el déficit estructural y el cada vez más frecuente recurso al auxilio de la financiación externa.
¿Por qué utilizar como referencia el sueldo que más se repite? La ganancia media anual por trabajador alcanza los 23.156 euros, pero el INE explica que "una característica de las funciones de distribución salarial es que figuran muchos más trabajadores en los valores bajos que en los sueldos más elevados", por lo que el salario más frecuente, que es donde se sitúan la mayoría de los ocupados, parece la variable más ajustada a la realidad del mercado laboral español.
De cualquier manera, estos salarios difícilmente sostienen la factura que supone cada mes la nómina de los pensionistas a las arcas de la Seguridad Social. Más allá de las nuevas altas de jubilación, el repunte en la cuantía de las prestaciones es generalizado, desde las viudas (ellas son mayoría) hasta los huérfanos. Todas las pensiones subieron el 1 de enero un 1,6%, las mínimas y las no contributivas un 3%, y la base reguladora de la pensión de viudedad se amplió desde el 56% hasta el 60%.
En consecuencia, el gasto mensual avanza peligrosamente hacia los 9.600 millones de euros. De seguir creciendo a ritmos interanuales superiores al 7% (5% en términos homogéneos) y en ausencia de medidas que apuntalen la sostenibilidad del sistema a corto plazo, el desembolso volará hasta los 10.000 millones en cuestión de meses. El acelerón será intenso –y preocupante–, habida cuenta de que el salto de los 7.000 a los 8.000 millones mensuales tardó más de tres años en producirse, y hasta cuatro ejercicios llegaron a transcurrir entre los 8.000 y los 9.000 millones que se alcanzaron en junio de 2018.
La última nómina de Sánchez
Todavía tienen que pasar las elecciones generales del 28 de abril, los partidos tienen que negociar y se tiene que formar un Gobierno. Debe volver a funcionar la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, llegar a un acuerdo y emitir sus recomendaciones al poder Ejecutivo que solo entonces pondrá en marcha la tramitación de la que será la primera gran reforma de los últimos seis años, la que prometa garantizar la sostenibilidad del sistema público de las pensiones.
De momento, todos los partidos se han comprometido –lo hicieron aquí, en el primer debate económico de la campaña, que organizó La Información– a revalorizar las prestaciones tomando como referencia el Índice de Precios de Consumo (IPC) real. Pero las formaciones saben, como ha advertido el Fondo Monetario Internacional (FMI), que esta medida aislada pondrá en grave riesgo las pensiones del futuro, por lo que la clave está en avanzar en cuestiones fundamentales como la separación de fuentes de financiación o la ampliación de la edad de jubilación o del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión.
Son temas sensibles que no conviene 'marear' demasiado en campaña. Que se lo digan a la ministra de Trabajo Magdalena Valerio, que tuvo que salir al paso de unas polémicas declaraciones de su secretario de Estado de Seguridad Social zanjando que "el Gobierno no tiene ninguna intención de modificar las pensiones de viudedad, salvo para seguir subiéndolas". Octavio Granado había provocado un incendio al abogar por vincular estas prestaciones a la renta de los beneficiarios.
El nuevo jubilado 'se hace de oro': Cobra 400 euros más que el trabajador común