El mismo día en el que el Ministerio de Trabajo anunció que la Seguridad Social deberá desembolsar la notable cifra de 19.000 millones para abonar las pensiones de julio y la paga extraordinaria, el Banco de España lanzó una advertencia al Gobierno y a Pedro Sánchez: proteger a los pensionistas y atender a sus exigencias no puede suponer que las pensiones de los jóvenes se vean sacrificadas o, al menos, comprometidas.
Para ello, Óscar Arce, director general de Economía y Estadística de este organismo, se refirió hasta en dos ocasiones al término "equidad intergeneracional", que no es otra cosa que realizar una "distribución equitativa de los costes y beneficios entre las generaciones actuales y las futuras". O en otras palabras: que los costes de las reformas que necesita la Seguridad Social se repartan entre los pensionistas futuros y los actuales, aunque esta actuación pueda suponer una moderación de las prestaciones o la imposibilidad de ligarlas de manera indefinida al IPC Y, de hecho, señaló que la equidad debe ser uno de los "pilares básicos" de la "necesaria reforma del sistema de pensiones".
Durante su participación en el seminario sobre economía española que esta semana organiza Funcas, y que está teniendo lugar en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, Arce acompañó su presentación con un elocuente gráfico sobre la participación electoral por edad. En este documento se observa cómo casi el 90% de los mayores de 65 años encuestados afirman haber votado en las últimas elecciones, mientras que entre los menores de 34 años el dato no llega al 80%.
Si a esta situación se la suma el hecho demográfico de que España presenta una población envejecida y, por lo tanto, en la que el número de jubilados es creciente, el resultado es que la influencia electoral de los pensionistas es muy importante. Y buena muestra de ello es el acuerdo que el PNV arrancó al Gobierno de Rajoy para que las pensiones se revalorizasen un 1,6%, y que fue consecuencia directa de las masivas y numerosas manifestaciones de los pensionistas vascos en Bilbao; o también, la decisión del Ejecutivo de Sánchez de llevar incluso más allá esa subida e incrementarla hasta el 1,7% tras las movilizaciones en las puertas del Congreso de los Diputados.
La advertencia de Arce, además, está en línea con la que el propio gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, envió hace unos días durante el cierre del año académico Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef). En su discurso, y ante un auditorio predominantemente joven, Hernández de Cos aseguró que "la reforma del sistema público de pensiones debe lograr una distribución equitativa de sus costes y beneficios entre las generaciones actuales y las futuras".
"En particular", añadió, "la manera en la que se gradúen en el tiempo los cambios en el sistema de pensiones tiene consecuencias para la distribución del coste de la reforma entre distintas generaciones". Y concluyó: "Retrasar las necesarias reformas del sistema público de pensiones podría contribuir a que dicha distribución tenga que hacerse de manera menos equitativa y con el coste de una mayor incertidumbre".