La crisis ha terminado oficialmente. El PIB español ha vuelto a los niveles anteriores a la crisis financiera, el país es uno de los que más crece en Europa y el desempleo disminuye y se encuentra ya debajo del 16%. Se afirma que la economía vuelve a ir bien y, si dejamos de lado los problemas “territoriales”, el gobierno anuncia un futuro espléndido para el país.
Economistas, incluidos muchos de los que escribimos en este blog, centros de investigación y organismos internacionales tenemos una narrativa diferente y menos autocomplaciente sobre el futuro de España. El mercado laboral sigue siendo disfuncional, con una abuso de los contratos temporales, la productividad, que creció durante la crisis en gran parte debido a la máquina de triturar empleo en que se convirtió la economía, sigue siendo baja y la competencia en los mercados de productos y servicios sigue siendo en el mejor de los casos “limitada”. El gobierno mientras tanto ha adoptado lo que podríamos llamar un dirigismo en el funcionamiento de la economía como muestra su actuación en mercados como el de la energía donde su intervencionismo exacerbado cuestiona la seguridad jurídica, lo que, sin duda, afectará las decisiones de las empresas de invertir en España en el futuro.
Toda esta inacción sucede en un momento donde la competencia de otros países es cada vez más intensa y cuando la mayor industria del país, el turismo, crece en parte por la inestabilidad política de nuestros competidores en el mercado de sol-y-playa. En medio de esta autocomplacencia empezamos a observar en el horizonte el “tsunami” poblacional que los expertos anunciaban y que cada vez está más cerca. Las pensiones en las próximas décadas engullirán una proporción cada vez más importante del gasto público, a menos que queramos que se conviertan en pagos puramente asistenciales. España necesita crecer de manera “equilibrada” (palabra cargada donde las haya) y para ello la inversión en I+D es clave. Sin embargo, el tiempo para poner en marcha políticas orientadas a ello se está acabando.
Y es que uno de los grandes retos del país es la innovación y en este aspecto el diagnostico que la Fundación COTEC hace en su informe de 2017 es directamente desolador. Como podemos ver en el siguiente gráfico, la inversión en I+D en España es de las más bajas de Europa.
Tal y como comentaba en una entrada de 2014 (y Ramón Xifré también aquí en 2015) esta inversión aunque aumentó algo durante la etapa de crecimiento anterior a 2007 nunca quedo ni remotamente cerca de la media de la UE. A pesar de ello, durante la crisis, se redujo notablemente. Incluso diez años después de su inicio, la inversión no ha recuperado su nivel anterior a 2007. Y el problema es que el resto de los países avanzados si han aumentado enormemente su inversión (un 25% a nivel europeo). En otras palabras, no es solo que la situación de partida era mala, sino que en términos relativos ha empeorado substancialmente.
La disminución de la I+D en España durante la última década se ha producido en los cuatro sectores que distingue Eurostat: empresas, educación superior, gobierno y organismos no gubernamentales. En el caso de la financiación pública (gobierno y gran parte de la educación superior) esta disminución es especialmente alarmante. Uno podría afirmar, y con motivo, que entre reducir los servicios básicos y el gasto en I+D lo primero tenía prioridad. Aunque esto es cierto, también es verdad que el gobierno ha reducido esta financiación a la vez que ha mantenido otras inversiones “poco” rentables socialmente como las de obras en el ferrocarril de alta velocidad, tal y como he repetido machaconamente en este blog.
Como contaba Anxo en una entrada reciente la situación está llegando a extremos directamente ridículos. El recorte en el presupuesto público para la ciencia ha sido de un 50% desde el 2010 y 2015, que difiere del 30% anunciado porque la ejecución presupuestaria ha sido alarmantemente baja. En 2016 habría quedado por gastar casi el 60% de lo presupuestado, la cifra más alta desde que se tienen datos (el año 2002).
Esta notable reducción sucede a la vez que el gobierno anunciaba un ambicioso plan de inversión en infraestructuras de transporte por importe de 5.000 millones de euros. Como conté aquí, los proyectos que se iban a financiar parecían ser lo de menos. Y esto no se debe a que la dotación actual de infraestructuras sea baja. Vale la pena recordar que España tiene ya (sin incluir los proyectos en marcha) la segunda red de alta velocidad con más kilómetros del mundo, solo por detrás de China, y de manera parecida, tiene una de las redes de autopistas más extensa de Europa. Y eso sin hablar de los aeropuertos sin tráfico.
Capítulo aparte merece la situación de la I+D que se lleva a cabo por las empresas en España. También en este caso se observa una disminución muy acusada durante la crisis pero la recuperación en este caso tampoco parece muy vigorosa. Según el informe de la Fundación COTEC, entre 2008 y 2015 la inversión empresarial en I+D disminuyó un 14.3% pero el número de empresas que declaraban llevar a cabo esta actividad se redujo en un 35%. En total, algo menos de 16 mil empresas invertían en I+D en España en 2015. Además, las empresas pequeñas (de menos de 250 empleado) representaban casi la mitad de esta inversión, una cifra muy superior a lo habitual en otros países europeos. Si esto se debe a que en España hay menos empresas grandes o a que dichas empresas invierten menos en I+D no está claro.
Es difícil interpretar el origen de esta baja inversión en I+D por parte de las empresas. Solo podemos aventurar algunas explicaciones que dan lugar a más pregunta que respuestas. Por un lado, la financiación de la innovación en España se concentra de manera inusual en el sector público y los fondos propios de las empresas. En la medida en que ha disminuido la ejecución de fondos públicos dedicados a préstamos a las empresas, la inversión puede haberse visto afectada como resultado. Sin embargo, ¿por qué la financiación privada en España es y ha sido tan poco relevante?
Por otro lado, la falta de competencia en España permite que las empresas sobrevivan sin la necesidad de innovar. Como comentaba en otra entrada a raíz de un trabajo académico, existe evidencia de que muchas empresas han preferido no llevar a cabo inversiones que tienen un gran riesgo como la I+D, cuando otras actividades cuya rentabilidad provenía de la cercanía del poder político eran poco arriesgadas e igualmente rentables. A pesar de ello, los esfuerzos por parte del gobierno (nacional pero también de los gobiernos autonómicos) en promocionar la competencia han sido bastante tibios o directamente contrarios a la misma, como sucede con el caso del sector del taxi. Existen multitud de otros ejemplos. ¿Alguien ha vuelto oír hablar de la propuesta para liberalizar los servicios profesionales que el Ministerio de Economía anunció hace casi cinco años?
Esto es lo que estamos sembrando y lo que recogeremos en las próximas décadas. Sin embargo, que la situación lastimosa de la I+D en España no tenga un papel importante en el debate público es la peor señal de cara el futuro porque sugiere que difícilmente cambiará.