El "gobierno del cambio" de Compromís admite listas de espera de un año, centralitas saturadas y falta de recursos humanos en un documento interno
El informe secreto que ha realizado el Ayuntamiento de Valencia sobre el funcionamiento de sus centros municipales de servicios sociales es demoledor: considerables listas de espera, ciudadanos que se quedan día tras día sin ver atendidas sus solicitudes, incumplimiento de derechos laborales, sobrecarga de trabajo y un largo etcétera.
Que la Concejalía de Bienestar Social e Integración pretendía que las deficiencias no vieran la luz, queda claro en el preámbulo del informe, al que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL: "El presente documento técnico es de uso exclusivamente interno, por lo que no puede ser difundido en todo o parte en otros ámbitos distintos a los propios del Servicio...".
En las elecciones municipales de 2015, la suma del bloque de la izquierda (Compromís, PSOE y València en Comú) dio la alcaldía al nacionalista Joan Ribó, en lo que se autodenominó "gobierno del cambio", uno más de los que alcanzaron las marcas blancas de Podemos y sus socios entonces (Madrid, Zaragoza, La Coruña, Barcelona...). Precisamente una de las áreas en las que el nuevo equipo municipal dijo que iba a percibirse ese cambio es la de los servicios sociales y la atención a las personas más necesitadas.
Cuatro años después, el resultado habla por sí solo. La carga de trabajo de los técnicos municipales ha ido aumentando sin que haya habido un incremento de personal, lo que ha provocado el colapso. Para intentar buscar soluciones es para lo que se ha redactado el referido estudio, de 44 páginas, que lleva por título "Comisión de mejora de centros municipales de Servicios Sociales 2018/2019. Conclusiones y propuestas". Se da la circunstancia de que la concejal competente, Consol Castillo, es del mismo partido que el alcalde: Compromís.
Conflicto, tensión y quejas
De entrada, y aunque la comisión que ha realizado el informe se creó en junio de 2018, llama la atención que el estudio sea de "abril de 2019"; es decirsólo un mes antes de las elecciones, cuando podría convertirse en papel mojado si hay un relevo en el consistorio. Las carencias que se describen son tan graves que sorprende que en cuatro años no haya habido tiempo para tomar medidas antes.
"Los recursos humanos y materiales son insuficientes", se dice en el documento, que detalla que los trabajadores "han estado integrando competencias sin una planificación estratégica o de viabilidad" durante estos años. Esta situación ha llevado a un "desbordamiento del servicio y el aumento de la presión asistencial, las listas de espera y el volumen de tramitación".
El estudio detalla que la excesiva carga de trabajo y las numerosas citas que toca resolver en cada jornada hacen que el tiempo destinado a cada cita sea insuficiente, ya que no alcanza los 20 minutos. Así, a pesar de que las recomendaciones de los técnicos hablan de abordar un total de 9 citas de entre 20 y 30 minutos de duración, no se cumplen.
El estudio también habla de "problemas importantes de organización". Por ejemplo, hay centros de Servicios Sociales en los que se está atendiendo sin cita, "pero como ha ido aumentando el volumen de trabajo, a primera hora ya hay personas y se producen conflictos en la puerta", lo que ha generado "tensión en la ciudadanía". Sin embargo, acudir a primera hora no es sinónimo de obtener cita, ya que los trabajadores reconocen que a pesar de llegar a atender 25 casos diarios, "se quedan diez o 15 personas sin atender". ¿El resultado? "Ansiedad" entre los trabajadores y "maltrato institucional" a los ciudadanos, según refleja el informe.
Incumplimientos de derechos laborales
A estos problemas cabe sumar la denuncia del incumplimiento de los "derechos laborables". Los técnicos de Servicios Sociales atienden las solicitudes durante cuatro horas seguidas, sin cumplir las recomendaciones de prevención de riesgos laborales de realizar paradas de diez minutos cada dos horas.
Además, no hay sustitutos para cubrir las vacaciones, las bajas laborales y los permisos de los técnicos y de los auxiliares administrativos, lo que provoca dejar "sin atención a la ciudadanía" y una posterior sobrecarga a los trabajadores a su regreso.
Un colectivo vulnerable con numerosos problemas es el de los técnicos que se dedican a la infancia, que se enfrentan a tareas impropias -como la gestión de las becas de comer- y en caso de desahucios y discapacidades sufren situaciones de amenazas o intentos de agresión.
La atención psicológica es incompleta y se enfrenta a una ausencia de protocolos específicos, guías y dispositivos de actuación. Según el documento secreto, el sistema está colapsado debido a la crisis económica y hay centros que no disponen de esta servicio, de manera que los ciudadanos tienen que compartir cinco psicólogos en 11 centros.
Listas de espera de un año
Los servicios de ayuda a domicilio también presentan numerosas deficiencias: listas de espera para la atención "de un año", presiones de los familiares de pacientes dependientes para aumentar las horas de atención y carencia de técnicos. No acaba ahí la cosa: las centralitas de Servicios Sociales "están saturadas", lo que impide que hasta la propia atención telefónica sea la "adecuada".
Por último, en cuanto a la tramitación de las "ayudas de emergencia", se denuncia la "demora de semanas en el pago" lo cual "desvirtúa" el propio sentido de urgencia.
El informe que “no puede ser difundido” sobre el caos y el "maltrato" a los necesitados en Valencia