El Gobierno sume en el desánimo a la comunidad investigadora
Son conocidos los recortes que han sufrido los presupuestos de investigación en España en los últimos años. Algo menos conocidos son los obstáculos que sistemáticamente pone el Ministerio de Hacienda a que los fondos asignados presupuestariamente puedan ser ejecutados; por ejemplo, retrasando la salida de convocatorias o reduciendo su financiación prevista. Pero lo que probablemente es desconocido para la mayoría de los ciudadanos es el acoso al que, desde hace varios años y con finalidad recaudatoria, Hacienda somete a los investigadores, tratándonos casi como a presuntos delincuentes, y exigiéndonos, con muchos años de retraso, otra justificación adicional de nuestros gastos.
Vaya por delante que uno de los principios que asumimos los investigadores es el rendimiento de cuentas y la evaluación. Somos evaluados continuamente y lo consideramos adecuado y positivo. En particular, como receptores de dinero público, estamos absolutamente de acuerdo en que los gastos que realizamos tengan que ser justificados y fiscalizados y asumimos que hemos de dedicar una parte de nuestro tiempo de trabajo a actividades administrativas. De hecho, cuando un grupo de investigación recibe financiación para la realización de un proyecto científico, normalmente de tres años de duración, se compromete a presentar anualmente un informe técnico del trabajo realizado y un informe económico describiendo todos los gastos en que se ha incurrido. Habitualmente, estos gastos cubren la compra de libros y equipos de laboratorio, los viajes de trabajo, la inscripción a congresos y la contratación de personal. Evidentemente estos informes han de ser evaluados positivamente para que el proyecto pueda continuar. Además, al finalizar el proyecto, hemos de realizar un informe final académico y económico para que el proyecto sea evaluado en su conjunto. Si esta evaluación no fuera positiva, se podría dar el caso de tener que devolver total o parcialmente la financiación recibida.
Pero adicionalmente, desde hace unos años, el Ministerio de Hacienda a través de empresas contratadas con este fin, somete a los proyectos a auditorías varios años después de su terminación. Estas empresas analizan los gastos realizados en cada proyecto y piden que se justifiquen los que consideran dudosos. En caso de que alguna justificación sea considerada inadecuada, se exige al centro de investigación que retorne ese dinero con intereses de demora. La realidad es que estas empresas parecen ignorar los informes existentes y piden que se justifiquen por segunda vez un porcentaje altísimo de los gastos realizados. Imaginamos que, en lugar de analizar cada gasto basándose en los informes previos, les cuesta menos pedir que se justifique todo de nuevo. Como estas empresas van a comisión sobre el dinero retornado, así maximizarán la ganancia con un trabajo mínimo por su parte, pero con un coste altísimo en personal y tiempo para los centros.
Veamos un ejemplo representativo real. En un proyecto (de tamaño medio/pequeño) financiado con unos 110.000 euros, se pide que se vuelvan a justificar gastos por casi 100.000 euros. El número total de justificaciones que se solicitan para este proyecto es de casi 200, incluso de cantidades de 2,92 euros. Además, en algunos casos, la descripción que se hace del gasto es casi insultante para el investigador acusado; por ejemplo, un gasto es tildado de “personalísimo”, cuando en realidad se trata de la inscripción de un doctorando a un seminario de formación avanzada, lo que indica el nulo conocimiento del auditor del marco universitario.
El ejemplo anterior pertenece a una remesa de más de 80 proyectos a justificar recibida a principios de año en la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (UPC). Se trata de proyectos cuyos gastos se realizaron entre 2007 y 2009. Según las estimaciones de la unidad de gestión de la investigación de la UPC, esta debía dedicar 3.525 horas de trabajo a esta tarea (si para cada proyecto se pide que se justifiquen 200 gastos, se tendrán que elaborar más de 16.000 informes distintos). Como consecuencia, esta unidad ha quedado saturada de trabajo durante semanas. A ello, evidentemente, hay que sumar las muchas horas que también han tenido que dedicar los investigadores responsables de los proyectos.
Al final, después de un proceso que puede durar varios años, en el que habrá que hacer nuevas alegaciones y justificaciones, el ministerio exculpará unos dos tercios de los proyectos auditados (insistimos, proyectos ya justificados reglamentariamente) y pedirá la devolución de una parte de los gastos del tercio restante. Esto no quiere decir que esos gastos representen ningún tipo de malversación. En muchos casos, el problema se deberá a la aplicación de criterios más restrictivos del gasto que no existían cuando se aprobó el proyecto. Como consecuencia, muchos centros puede que acaben recurriendo a los tribunales para evitar un expolio que consideran arbitrario.
En cualquier caso, el coste que habrá supuesto todo este proceso para un centro de investigación será muy superior al dinero recuperado por Hacienda. Calculen ustedes el coste en personal y horas dedicadas a estos ejercicios contables, dinero que en lugar de usarse para fomentar la investigación o formar investigadores sirve para pagar esas auditoras.
La política que está siguiendo el Gobierno en materia de investigación está sumiendo a la comunidad investigadora en el desánimo. Pero estas auditorías lo que están generando es indignación: no basta con que nos recorten los fondos o que se esté perdiendo una generación de investigadores; además es necesario acosar a los investigadores y a sus centros como si todos fuéramos corruptos y defraudadores. El sistema de ciencia español tiene que destinar el poco dinero disponible en financiar la investigación y la formación y no en duplicar auditorías. Si en los proyectos europeos también somos auditados y los costes y metodologías son radicalmente diferentes, ¿por qué sufrir innecesariamente en los proyectos españoles?
Fernando Orejas es vicerrector de Política de Investigación en la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech. Firman también este artículo Lluís Tort, vicerrector de Proyectos Estratégicos y Planificación en la Universitat Autònoma de Barcelona; Jordi Freixenet, vicerrector de Investigación en la Universitat de Girona, y María Paz Suárez, vicerrectora de Investigación y Campus de Excelencia Internacional en la Universidad de Oviedo.