Más de 30 editoriales y la asociación ANELE han sido multadas con 33,8 millones por pactar la estrategia comercial del sector
La editorial Santillana ha anunciado que recurrirá ante los tribunales la millonaria sanción de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a 34 editoriales de libros de texto no universitarios por "crear un mecanismo para restringir políticas y condiciones comerciales", una resolución que Santillana "rechaza" por no "ajustarse a derecho" y "contener errores materiales".
Santillana, que ha sido sancionada con más de nueve millones de euros considera que la resolución de la CNMV "descontextualiza la información recabada en el marco de la investigación, menoscabando la presunción de inocencia de las editoriales", según explica en un comunicado.
La sanción de la CNMC a las editoriales y a la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE) asciende a un total de 33,8 millones de euros y se fundamenta en la creación de "un mecanismo para restringir políticas y condiciones comerciales" y al "pacto de determinadas editoriales para fijar el precio y condiciones comerciales del libro de texto digital alcanzado entre ANELE y diez editoriales".
Ese "mecanismo" es el Código de Conducta de la ANELE "al entender que limitaba la entrega de materiales promocionales a los docentes y centros, y la competencia entre las editoriales", según Santillana, que defiende este código suscrito en 2012 por "garantizar que la selección de los proyectos educativos por parte de docentes y centros de enseñanza respondiera únicamente a criterios de calidad y precio".
"Santillana rechaza esta resolución que, además de sancionar a las empresas, prohíbe directamente el Código de Conducta, desacreditando así el objetivo del sector de frenar prácticas que impidiesen una elección ajena a la calidad didáctica", añade la editorial en referencia a una resolución que responde a una denuncia de la editorial Vicens Vives, presentada ante la CNMV en 2016 contra la asociación ANELE.
"Por todo ello, Santillana considera que dicha resolución, que no es firme y contiene errores materiales, no se ajusta a derecho y anuncia la decisión de interponer contra la misma los recursos que procedieran para la defensa de sus legítimos derechos ante las instancias que correspondan", concluye el comunicado.
La asociación ANELE también ha anunciado este viernes interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra esta resolución, que ha calificado como "arbitraria e injusta".