Chicas que alquilan habitaciones en Cat Events, retenidas durante la inspección de Hacienda. El dueño del local se dio cuenta al recibir la multa de casi un millón que el expediente incluía decenas de archivos que no eran suyos y que no estaban en los ordenadores que se llevó el fisco
El juzgado de instrucción número 20 de Valencia investiga desde abril de este año si la Agencia Tributaria manipuló la inspección fiscal que realizó en un importante burdel de la capital del Turia, un local donde mujeres practican la prostitución y pagan un alquiler por las habitaciones. El dueño de la empresa, Cat Events, se dio cuenta, tras recibir el expediente que utilizó Hacienda para sancionarle con casi un millón de euros, que en su ordenador aparecían 3.801 archivos que no estaban en su computadora cuando los inspectores visitaron de improviso su negocio. Entre estos nuevos documentos que por arte de magia el fisco ubicaba en el ordenador de su oficina estaban 185 fotografías de chicas desnudas o semidesnudas.
En un auto fechado el pasado 4 de abril, el juzgado decidió abrir diligencias porque "los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito de falsedad en documento público" y solicitó a la Agencia Tributaria "que informe sobre las circunstancias que provocan la divergencia de la huella digital obtenida en fecha 19 de octubre de 2018 [cuando el contribuyente se dio cuenta] con la diligenciada en fecha 31 de marzo de 2017 [cuando se produjo la inspección de Hacienda]". Porque la huella digital (el ADN de la información que contiene cada ordenador, es decir, el rastro que deja al usar Internet y cualquier archivo) es la clave de todo este asunto. El dueño del burdel no ha querido atender a este diario, limitándose a confirmar la denuncia y alegando que todo está en fase de investigación judicial.
En marzo de 2017, la Agencia Tributaria puso en marcha una operación a nivel nacional bautizada como 'Scortum', ya que la Hacienda pública había detectado que muchos empresarios que regentaban clubes de alterne y burdeles (unos 3.600 en toda España) solo tributaban por el importe fijo que retenían a las chicas por alquilar las habitaciones, aunque realmente organizaban la actividad, fijaban los precios y proveían de ciertos servicios. "Esto permite al empresario desvincularse formalmente (que no de forma material) de la actividad misma", señalaba Hacienda al explicar la inspección que realizó en unos 70 de estos locales, elegidos en muchas provincias "por su importancia cuantitativa o cualitativa".
Según el fisco, "los ingresos de la actividad de los servicios prestados a los clientes suelen ser ocultados por los empresarios de forma absoluta, es decir tanto en lo que se refiere a la retribución de la persona que ejerce voluntariamente la prostitución, como en lo referente a la comisión, coste de la habitación o cualquier otro formato que utilice el empresario organizador del club. Aunque este manifieste que las chicas son huéspedes, clientas que pagan una pensión diaria, que cobran lo que quieren y hacen lo que quieren".
Hacienda quería que los inspectores buscasen en los locales seleccionados "las pruebas de que el empresario que regenta el local tiene a las prestadoras de los servicios como verdaderas trabajadoras de la sociedad, por lo que el ingreso producido por estas constituye ingreso para el empresario, sin perjuicio de dar a las trabajadoras una parte". Sin olvidar "que se trata de una actividad generadora de un alto importe de ingresos en efectivo de difícil control tributario". Con este escenario, cuatro funcionarios de la Agencia Tributaria, acompañados de policías de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, se presentaron de improviso el pasado 30 de marzo de 2017, autorizados por el juzgado de lo contencioso administrativo número dos de Valencia, en el local propiedad de Cat Events.
En este punto es importante destacar que el juzgado solo autorizó "recabar, examinar y obtener copias de la documentación y bases de datos informatizada con relevancia tributaria y efectuar volcados de los mismos en soporte informático o de papel". Volcados (es decir, lo que hubiera en los ordenadores), no descargas remotas. Los funcionarios encontraron en el local dos ordenadores, uno portátil y uno de mesa. La inspección se prolongó durante once horas. Según las cámaras de seguridad de Cat Events los funcionarios llegaron a las 17.13 horas del día 30 de marzo y se fueron a las 03.40 del ya día 31.
El administrador de Cat Eventos no volvió a tener noticias de Hacienda hasta un año después, en junio de 2018, cuando la Agencia Tributaria le notificó expedientes de regulación por el impuesto de sociedades (ejercicios 2014 y 2015) y el IVA (2014, 2015 y 2016) que sumaban 934.777 euros, y le entregó un disco duro que supuestamente contenía los ficheros digitales "volcados" de sus ordenadores cuando le inspeccionaron un año antes. El problema es que el disco duro estaba dañado.
Comenzó entonces un periplo de reclamaciones que finalizó el 19 de octubre de 2018 con una visita a las oficinas de lnspección Regional de Valencia, con un perito informático, que pudo comprobar junto a personal de Hacienda que la huella digital de la copia del disco duro de su ordenador que se llevaron los inspectores (que siempre ha estado bajo el control de la administración) no se correspondía con la huella de la copia que en teoría se llevaron en marzo de 2017, por lo que "entendemos que han intentado entregarnos ficheros manipulados", según la denuncia que puso Cat Events ante los juzgados. Para más inri, la Agencia Tributaria llegó a manifestar al dueño del burdel que siempre se guardaba junto a la copia original una copia de seguridad de dicho disco, pero cuando esta se solicitó nunca apareció.
La propia Administración Tributaria reconoció "la divergencia de huellas" y aseguró que iba a averiguar qué había podido pasar "por personal experto". El mismo perito contratado por Cat Events, del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de la Comunidad de Madrid, hizo dos extensos informes, aportados al juzgado, dictaminando que uno de los dos ordenadores fue manipulado. "Dicha manipulación se fundamenta en la no coincidencia de la huella digital o código hash SHA-256".
Es decir, "la huella digital de un disco duro obtenida el día 19 de octubre de 2018 es distinta a la calculada para dicho fichero el día 31 de marzo de 2017, por lo que la alteración de la imagen forense se ha producido bajo custodia de la Agencia Tributaria". Finalmente, esta declaró en un recurso firmado en abril de 2019 que la alteración había sido "fortuita" y que el contenido del disco duro no había sido manipulado.
"Es imposible que la no coincidencia de la huella digital sea fortuita, ni que pueda achacarse a ningún tipo de error informático accidental, ya que precisamente, la utilización de la tecnología de las huellas digitales (creada por el Gobierno de los EEUU) en la Agencia Tributaria y en todos los organismos importantes del mundo, es una garantía para evitar manipulaciones en los ficheros informáticos y detectarlas cuando estas se produzcan. Si las huellas digitales no fueran seguras como medio para asegurar la integridad de la información, estas no serían utilizadas por la Agencia Tributaria, ya que todas las comunicaciones entre la Agencia Tributaria y los ciudadanos estarían comprometidas", señala el perito en su informe.
"De hecho, se ha podido delimitar el momento exacto en que se alteró la imagen forense del disco duro, el 3 de abril de 2017, a las 11:41:39 horas, estando en ese momento bajo custodia de la Agencia Tributaria". Es decir, tres días después de los funcionarios visitarán Cat Events y se llevaran las copias. Para que no haya dudas la empresa ha pedido al juzgado que otro perito independiente analice los ficheros y certifique la manipulación. Lo que descubrió el experto contratado por Cat Events es que existían en el disco duro que le devolvió Hacienda 3.801 ficheros informáticos, correspondientes todos ellos relativos al historial de Google Chrome, que tienen como fecha de última modificación el día 31 de diciembre de 2008, algo absolutamente imposible ya que el navegador Chrome fue instalado en ese equipo el 4 de octubre de 2011.
"Lo que es evidente es que, si el navegador se instaló en 2011 no pueden existir 3.801 ficheros con fecha de modificación de 2008. Es imposible que el historial del navegador Google Chrome fuera modificado por última vez tres años antes de ser instalado". Lo cierto es que Hacienda utilizó muchos de los archivos contenidos en la carpeta Descargas del ordenador inspeccionado para justificar su regularización tributaria, con fechas de última modificación entre 2012 y 2017 y estando estrechamente vinculados con Google Chrome y los 3.801 archivos alterados, "lo cual muestra una confrontación de fechas absolutamente imposible, ya que el navegador habría sido utilizado por última vez varios años antes de producirse la descarga de dichos archivos con dicho navegador".
La Agencia Tributaria también alegó corrupción de los archivos. "Si fuera así los archivos no podrían ser leídos, ya que los programas de análisis forense de imágenes de disco duro mostrarían un error en la lectura, sin embargo, los archivos alterados se pueden leer perfectamente, lo que indica que se ha ejecutado un procedimiento deliberado de alteración de la evidencia. Es absolutamente imposible que si no se ha realizado una alteración deliberada del archivo mediante un proceso de edición de mismo, la huella digital de un fichero cambie y el fichero se pueda leer", señala el perito informático.
No fue la única manipulación. El perito también descubrió otra realizada el 30 de marzo a las 17:24:37 horas, cuando los inspectores de Hacienda acaban de empezar su registro en Cat Events y conectaron un disco duro externo a uno de los ordenadores del local. En ese momento se crearon en el equipo cuatro ficheros comprimidos que contienen centenares de fotografías, "sin que pueda determinarse el origen de los mismos, ni por supuesto el origen de dichas fotografías". Se trata de fotografías de chicas desnudas o semidesnudas. Uno de esos archivos, llamado 'Enero2017.zip', contenía 185 fotografías "sin que pueda determinarse el origen de las mismas".
La denuncia también señala que los inspectores de Hacienda se extralimitaron en su cometido, ya que el artículo 171 del Reglamento General Tributario (que regula los procedimientos de inspección) deja bien claro que solo se pueden examinar "datos archivados en soportes informáticos". Es decir, los inspectores solo podían volcar lo que encontraran en los ordenadores de Cat Events. Aun así, se descargaron el correo electrónico personal del dueño de Cat, que por motivos de seguridad nunca se había abierto en los ordenadores del burdel. No se produjo por tanto un volcado, sino una descarga.
"En el caso de la cuenta de correo de Gmail se ha demostrado que la información de los correos electrónicos no se hallaba en ninguno de los ordenadores de la empresa Cat Events, por lo que fueron descargados 'in situ' de Internet, es decir, no volcados, por la fuerza actuante el día 30 de marzo de 2017", señala el informe pericial, que asegura que el correo fue descargado además directamente en uno de los ordenadores que llevaban los técnicos de Hacienda, ya que los otros dos ordenadores de Cat Events estaban siendo clonados en ese momento. ¿Cómo lo consiguieron? Los inspectores aseguraron por teléfono al dueño (que en esos momentos no estaba en su local) que tenía la obligación de facilitarles la contraseña.
"Durante este tiempo, los correos electrónicos carecieron de cadena de custodia puesto que no existía ningún fedatario público vigilando la operación y, por tanto, pudieron ser manipulados en dicho ordenador. Es un hecho que los correos se descargaron de Internet sin la presencia de un fedatario público (secretario judicial), violando más que probablemente el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, consagrado en el artículo 18 de la Constitución".
La descarga del correo comenzó incluso 16 minutos antes de que el responsable de la Agencia Tributaria entregara a una trabajadora de Cat Events (la única presente en ese momento) la resolución del juzgado que autorizaba la inspección, quién podía realizarla y el tipo de actuación que se podía llevar a cabo. La Policía Nacional que acompañó a los funcionarios de la Agencia Tributaria no levantaron ninguna denuncia con Cat Events, ya que pudieron verificar que no se estaba produciendo ningún delito relacionado con la trata de seres humanos dentro del local, es decir, ninguna de las mujeres que allí realizaban la prostitución eran obligadas a ello.
Los inspectores se hicieron así con 70.316 correos personales del dueño de Cats, que incluían fotografías, documentos relativos a sus hijas menores, informaciones de índole sanitaria, y también relacionadas con sus creencias religiosas y políticas del administrador, asuntos bancarios privados... de todos ellos Hacienda solo llegó a usar 85 en el expediente tributario. "Los correos no se encontraba en el ordenador sino que se descargaron directamente de Internet tras obtener de manera fraudulenta las claves y contraseñas excediendo de la autorización judicial", señala la denuncia, que asegura que el funcionario jefe encargado de la inspección manifestó los correos se encontraban instalados en el ordenador.
200 horas de grabación que nadie revisó
El 20 de junio de 2018 los asesores fiscales de Cat Events presentaron en sede tributaria alegaciones contra los procedimientos inspectores incoados contra la mercantil, que incluían 200 horas de grabaciones para intentar demostrar que se habían vulnerado varios derechos fundamentales durante la inspección efectuada a finales de marzo de 2017. El disco duro con las grabaciones fue entregado en las dependencias de Hacienda de Sabadell (donde los asesores tienen su despacho) para que fuesen aportados a Valencia (donde Hacienda había abierto expediente sancionador a Cat Events). Curiosamente solo dos días después, el 22 de junio, Hacienda rechazaba los recursos puestos por Cat contra las sanciones tributarias señalando que "han sido valoradas y analizadas las alegaciones presentadas", lo que debía incluir el análisis de las grabaciones.
A los asesores fiscales de Cat les sorprendió que en solo dos días Hacienda pudiera visualizar y analizar 200 horas de grabaciones (las aportadas por las más de 20 cámaras del burdel) y tras preguntar cómo se había hecho Hacienda respondió el 24 de septiembre de 2018 que las grabaciones habían sido incorporadas al expediente electrónico "como no podía ser de otra forma". Sin embargo, la insistencia de los asesores propició que la Inspección Regional de Hacienda en Sabadell admitiera el 14 de diciembre de 2018 que las grabaciones se cargaron electrónicamente en el sistema tributario para que las analizaran desde Valencia el 3 de julio a las 15 horas, por lo que era materialmente imposible que Hacienda contestara el 22 de junio que las había analizado cuando aún no los había incluido en el expediente electrónico.
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