Las telefónicas han financiado RTVE con mil millones en los dos últimos años
Los operadores españoles de telecomunicaciones están que trinan por el drama que históricamente padecen en materia de fiscalidad. Desde siempre, los grandes del sector se han quejado del clavo tributario que les aflige, pero ahora se atreven a elevar el tono de su lamento. También han enriquecido sus argumentos para denunciar las discriminaciones que les ensombrece el futuro. La situación ahora es muy delicada: Las compañías de telefonía y acceso a Internet ya no se consideran ricas, como podían insinuarlo hace una década. Los precios de los servicios y los ingresos se han reducido de forma drástica en los últimos años, pero sin que ello frenara su esfuerzo inversor. Y sus espaldas cargan la responsabilidad de construir y mantener las infraestructuras de las que depende todo el tinglado de la sociedad digital, tarea al sector les supone un desembolso de casi 5.000 millones al año.
A grandes rasgos, las telecos no solo tributan el doble que sus iguales del continente, por culpa de tasas específicas del país, sino que conviven con constantes situaciones de inseguridad jurídica y maltrato tributario respecto a otros ámbitos de actividad.
Además de las cargas propias de cualquier empresa, como el impuesto de Sociedades, de la renta o IVA... las grandes telecos afrontan las siguientes cargas específicas: Tasa de financiación de RTVE; tributos locales de más de 8.000 ayuntamientos por la ocupación de dominio público -tanto para la telefonía fija como móvil-; Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de las antenas de telefonía móvil; lmpuestos ecológicos en distintas comunidades autónomas; Tasas y licencias municipales por las actividades relacionadas con la construcción de la red, las obras de instalación o desmantelamiento de infraestructuras; Tasa General de Operadores, que generalmente viene a superponerse con el referido IAE; Tasa de numeración; Tasa del espectro radioeléctrico; Coste de financiación del Servicio Universal de Telecomunicaciones; y el impuesto de transmisiones patrimoniales por la concesión de las frecuencias en los concursos.
En su conjunto, sólo Vodafone España estima que el fisco le exige una factura fiscal de 200 millones cada año, lo que viene a ser el 20% del resultado operativo (ebitda) anual, según apunta Elena Otero-Novas, directora de Legal, Regulación y Seguridad Corporativa de Vodafone España.
Y por si fuera poco toda la catarata de impuestos y tasas, ahora amenazan las recientes propuestas de regulación de los llamados servicios digitales, con la controvertida Tasa Google como bandera. En una jornada celebrada este lunes en Madrid, bajo el título El marco tributario del sector digital, y organizada por DigitalES, los representantes legales de Movistar, Orange y Vodafone hicieron causa común sobre "la pérdida de competitividad, sobrerregulación, desincentivación de la inversión y la doble tributación", según presentó la patronal tecnológica dirigida por Alicia Richart.
La tasa de financiación de RTVE mereció especial atención por parte de los ponentes de la jornada. Así, el responsable de asesoría fiscal de Telefónica España, Álvaro Rico, solicitó la derogación de la Ley de Financiación de RTVE por "discriminatoria, desproporcionada e injusta". Según sus cálculos, que coinciden con los de su homóloga de Vodafone, las aportaciones de las telecos permiten cubrir más del 70% de los gastos del ente público televisivo, sin contraprestaciones a su favor. De esa forma, los 1.000 millones de euros que han destinado los operadores sólo en los dos últimos años a esta tasa de TVE podrían haberlos invertido en I+D+i o en nuevos productos y servicios con los que defenderse de los gigantes de Internet con nuevos productos y servicios. Por su parte, la directora fiscal de Orange, María del Olmo, lamentó la premura con la que se ha lanzado la denominada tasa Google, normativa que debería liderar Europa en el marco de la OCDE.
Las 'telecos' españolas denuncian la hemorragia fiscal que les desangra