Naturgy alerta de la disparidad por regiones y pone en duda el carácter medioambiental
La maraña fiscal creada por las comunidades autónomas bajo el paraguas de la protección medioambiental suma ya más de 60 impuestos diferentes en los últimos años. Se trata de tributos que gravan diferentes materias como el agua, los residuos, las emisiones contaminantes, la energía, las grandes superficies comerciales, el turismo o el uso de bolsas de plástico, según un estudio realizado por Fundación Naturgy que analiza el sentido y los objetivos de la fiscalidad energética en España.
Su principal conclusión es que la cesión de tributos verdes por parte del Estado a las regiones ha diluido tanto la efectividad de estos gravámenes como su recaudación, que apenas supone un 1% de los ingresos no financieros de las haciendas autonómicas. En cifras redondas, 803 millones de euros. Aunque la fiscalidad medioambiental es más baja en España que en otros países del entorno europeo, su regulación a nivel regional genera duplicidades, contradicciones e incluso doble imposición, según el informe.
Además, el auge de impuestos diferentes por territorios resta competitividad a las empresas que operan en éstos frente a las que lo hacen a unos kilómetros de distancia, creando fronteras fiscales. "Lo cierto es que es discutible su carácter ambiental, y las bases imponibles tampoco están bien relacionadas con el daño que se pretende internalizar. La pretendida calificación medioambiental se ha utilizado por las comunidades autónomas para crear tributos esencialmente recaudatorios", lamenta el estudio realizado por los especialistas en fiscalidad y derecho tributario Juan Carpizo, Eugenia Montaña y Teresa Checa.
Uno de los impuestos en los que se centra el análisis es el conocido como canon eólico diseñado por regiones como Castilla-La Mancha o Galicia, que grava la generación de energía eólica justificando su imposición en el perjuicio medioambiental que supone la instalación de los aerogeneradores, si bien la energía producida es libre de emisiones contaminantes. En Castilla y León, por ejemplo, el tributo a los mismos parques eólicos se incluye en otra figura impositiva diferente y en Extremadura o Valencia hay exención fiscal a esta fuente renovable. "Esta falta de coordinación y armonización normativa se hace patente también en las formas en que se calcula la base imponible y cuota del impuesto hasta llegar a situaciones contradictorias", señala el documento.
Por ejemplo, en Galicia sólo pagan los parques eólicos con más de tres aerogeneradores -y a partir de ahí cuanto mayor sea el número de turbinas más tipo impositivo-, en Castilla-La Mancha la exención se amplía a 15 aerogeneradores, mientras que en Castilla y León no se grava en función del número de instalaciones sino de su potencia, por lo cual un parque con pocos molinos pero más capacidad de generación puede incluso pagar más que un parque con muchos molinos de menor potencia.
"Estas circunstancias implican que no haya habido reglas de juego homogéneas para poner orden en la creación de estos tributos. Como se ha expuesto, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en el caso de las tasas, han venido creando multitud de nuevos tributos durante estos últimos años, algunos de ellos bajo el paraguas de la fiscalidad medioambiental", critica el informe.
El informe de la Fundación Naturgy se publica en un momento clave ya que el nuevo Gobierno que liderará Pedro Sánchez pretende ejecutar un incremento de la fiscalidad verde para impulsar la transición energética hacia un modelo económico de bajas emisiones. La medida estrella dentro de esta estrategia es el incremento de impuestos al diésel que encarecerá en un primer momento en más de 3,8 céntimos cada litro de carburante, si bien ésta no aparecía detallada en el programa electoral con el que el partido concurrió a los últimos comicios.
El Ejecutivo prevé recaudar con esta y otras medidas englobadas en la categoría de fiscalidad verde un total de 670 millones de euros sólo en el año 2020, según el informe de estabilidad de la economía remitido recientemente a Bruselas. "No persigue un fin recaudatorio per se, sino que busca proteger el medioambiente, a través de una correcta internalización de externalidades negativas", explica el documento.
La maraña 'verde' de las CCAA: más de 60 tributos y 803 millones de recaudación