El cabecilla era el jefe de Inspección en Vigo, concertaban reuniones en Portugal para pactar el fraude y pedían hasta 400.000 euros por cerrar expedientes Agencia Tributaria
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil culminó este martes una investigación de casi dos años sobre una presunta trama corrupta en la Agencia Tributaria. Se trata de una red integrada por funcionarios y asesores fiscales que operaba principalmente en Galicia, donde se han producido la mayoría de detenciones. Según ha sabido Confidencial Digital, el principal sospechoso y presunto cabecilla es el inspector de Hacienda Asdrúbal Casares, jefe del servicio de Inspección de la Agencia Tributaria en Vigo.
Dos años de investigación
La UCO llevaba siguiendo la pista a Casares desde la primavera de 2017, cuando recibió una denuncias realizadas por varios empresarios víctimas de la trama. Según la Agencia Tributaria, la investigación también se puso en marcha por una denuncia que interpuso ante la Fiscalía anticorrupción. Tras casi dos años de seguimientos y de intervención de conversaciones telefónicas a Casares y otros sospechosos, la UCO ha procedido a la detención del inspector de Hacienda por presunta corrupción.
La asesoría fiscal
Los datos de la investigación confirman que el ‘modus operandi’ de la trama sería el siguiente. Asdrúbal Casares estaba asociado con Francisco González Pino, titular de la asesoría fiscal Aserco de Vigo. González Pino se ponía en contacto con las empresas a las que Casares sancionaba por presuntas irregularidades fiscales y les ofrecía sus servicios. Más tarde, se repartían los ingresos.
Por otro lado, el inspector daba orden de bloquear las cuentas bancarias de las empresas expedientadas. Muchas de ellas se veían forzadas a entrar en concurso de acreedores. Fuentes consultadas por ECD aseguran que Casares cuenta con cuentas bancarias en Dubái en las que ingresaba el dinero obtenido de la trama. Asimismo, afirman que, con esos ingresos, Casares llevaba un elevado nivel de vida: viviendas y coches de lujo, barcos, viajes, aficiones caras... Incluso consumo de sustancias ilegales y noches de alterne.
El inspector jefe de Pontevedra
Las fuentes consultadas aseguran que el jefe del Servicio de Inspección de la Agencia Tributaria de Pontevedra, superior de Casares, ha sido citado a declarar como testigo por el juzgado de instrucción número 3 de Santiago de Compostela, que dirige el procedimiento. Las mismas fuentes explican que agentes de la UCO se personaron el martes en su domicilio, en una urbanización cercana a Vigo, para entregarle la citación judicial y registrar la vivienda.
Cómo operaban
Las fuentes consultadas por ECD confirman el operativo de la trama descrito más arriba:
- Casares y otros inspectores de Hacienda que, por ahora, no han sido detenidos abrían expediente sancionador a empresas por presuntas irregularidades fiscales.
- Muchas de ellas terminaban yendo a juicio por fraude fiscal, denunciados por la propia Agencia Tributaria gallega. La Fiscalía se adhería a la acusación, basándose en la presunción de veracidad de los funcionarios, aunque el juez en muchas ocasiones terminaba declarando el delito inexistente.
- Pero en pleno procedimiento, Aserco se ponía en contacto con estas empresas para ofrecerles sus servicios de asesoría fiscal. Más tarde, González Pino se repartía los ingresos con Casares.
- Los empresarios que contrataban a Aserco se reunían periódicamente con González Pino en Vigo, Santiago, Lugo o La Coruña. El asesor les citaba en cafeterías o restaurantes, en reservados. En ocasiones, quedaba con ellos en plena calle y cuando llegaban a la hora indicada, les invitaba a seguirle en coche. Tras alejarse del lugar de encuentro, aparcaba el vehículo y entonces celebraban la reunión.
- Los pagos a la trama se hacían en metálico.
- Algunos acusados por la Agencia Tributaria no contrataban a Aserco. En este caso, comenzaban a recibir mensajes anónimos sobre el procedimiento y la manera de solucionarlo. Por ejemplo: un individuo se presentó por sorpresa en la oficina de unos de los empresarios afectados, se identificó como agente judicial y le pidió 400.000 euros en efectivo “para terminar con el asunto de Hacienda”. Le aseguró que si lo hacía, Casares retiraría el expediente sancionador de inmediato. En otra ocasión, un conductor fue utilizado como mensajero para transmitirle un recado. Lo hizo cuando el empresario salía de su garaje: “esto lo puedes solucionar, queda con el fiscal en Portugal, en São Pedro da Torre, y llegáis a un acuerdo”.
- Existen varios empresarios afectados por la trama. Algunos, contrataron a Aserco, otros pagaron las cantidades solicitadas en efectivo y otros se negaron a hacerlo.
Redcom
Uno de los principales afectados por esta trama es M.F., dueño de la empresa Redcom, la que fuera principal distribuidora de Airtel primero y Vodafone después en España. Poseía 320 tiendas en España y planeaba una ambiciosa inversión para lanzar una operadora de telefonía a través de la compañía extranjera. Además, es dueño de la mayor colección privada de coches de lujo del país, que acaba de poner en venta.
En 2006, Casares le abrió expediente fiscal y le retuvo 3 millones de euros de circulante. Por culpa de esa maniobra, M.F. tuvo que despedir a 300 empleados. Más tarde, la Agencia Tributaria le denunció ante la Fiscalía por fraude fiscal. El Ministerio Público se adhirió a la acusación. Finalmente M.F. fue primero imputado y más tarde juzgado por este delito en el juzgado penal número 1 de Vigo. El Ministerio Público pidió 12 años de cárcel. Sin embargo, casi diez años después, en 2015, la juez absolvió a M.F.
La Agencia Tributaria y el fiscal le acusaban de hacer rotar varias veces en su circuito comercial el mismo paquete con microprocesadores para simular una facturación falsa al exterior y deducir el IVA intracomunitario. Algo que no fue probado. Mientras se desarrollaba el proceso judicial, M.F. perdió buena parte de sus empresas y casi la totalidad de la facturación de Redcom.
Extorsión para la devolución del IVA
La presión de la trama no finalizó con la sentencia absolutoria. La juez obligó a la Agencia Tributaria a devolverle 8,5 millones de euros que se había deducido del pago del IVA, además de un Rolls Royce, un Aston Martin, un BMW, un Audi y un Jaguar que se habían incautado. Sin embargo, Hacienda recurrió el fallo ante la Audiencia de Pontevedra, con lo que esta devolución quedó paralizada.
Pues bien. Entre enero y septiembre de 2016, cuando la Audiencia ratificó la sentencia absolutoria, ex miembros del Servicio de Aduanas de Vigo contactaron con M. F. y le garantizaron la devolución inmediata de los 8,5 millones si se comprometía, por escrito, a no iniciar acciones legales contra la Agencia Tributaria de Vigo y en concreto, contra Casares. El empresario se negó.