Las grandes diferencias en el Impuesto de Sucesiones de unas comunidades a otras llevan a los españoles a modificar su residencia habitual para que Hacienda no consiga arruinar a sus descendientes
Los departamentos de Hacienda autonómicos han intensificado la persecución de los que compran una vivienda en otra comunidad autónoma en sus últimos años de vida y declaran allí su residencia habitual con el propósito de evitar a sus herederos la confiscación del patrimonio mediante el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), que varía considerablemente de una región a otra. Un tributo declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la UE pero que Hacienda sigue aplicando en contra de la normativa comunitaria y cometiendo por lo tanto fraude de ley.
Según ha confirmado Jesús Sanmartín, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales de España (REAF), las haciendas autonómicas han endurecido sus controles ya que esta práctica es habitual para elegir pagar donde sale más barato: "Están inspeccionando mucho los cambios de domicilio que se producen poco antes de que una persona fallezca, ya que muchos tienen intención de cambiar de domicilio (por ejemplo, de Asturias a Cantabria)", porque en esta última es más bajo el impuesto, explica. Los cambios de residencia no sólo lo están protagonizando los propios afectados (los que ven la muerte cerca), sino también sus propios hijos intentando huir como mejor pueden del fraude de ley cometido por Hacienda.
Las comunidades compiten entre sí para ver quién ofrece un Impuesto de Sucesiones y Donaciones más bajo o con más bonificaciones para todos los grupos familiares, especialmente en años electorales como este en el que pueden utilizar las rebajas fiscales en campaña electoral. En este tributo en concreto, las comunidades pueden crear reducciones propias siempre que respondan a circunstancias de carácter económico o social, pueden establecer las cuantías y coeficientes de patrimonio sobre las que se aplica el tributo así como deducciones y bonificaciones de la cuota.
Dónde es más caro morirse
El Principado de Asturias, Castilla y León y la Comunidad Valenciana son de las más restrictivas en el ISD, por lo que en términos coloquiales el presidente del REAF explica que allí "es más caro morirse", mientras que Cantabria y Andalucía ofrecen condiciones muy ventajosas.
Cantabria por ejemplo, aplica una bonificación del 100% para Grupo I (descendientes y adoptados menores de veintiún años) y Grupo II (descendientes y adoptados de veintiuno o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes) y de entre el 90% y el 100% para herederos de los Grupos III y IV (colaterales de segundo y tercer grado -tíos y sobrinos- o ascendientes y descendientes por afinidad; y colaterales de cuarto grado, grados más distantes y extraños).
El REAF explica las diferencias con un ejemplo: un soltero de 30 años hereda bienes de su padre por un valor de 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido. ¿Cuánto pagará a Hacienda dependiendo de la comunidad en la que esté la vivienda?
Si su padre vivía en Asturias tendrá que pagar 103.135 euros a Hacienda, si residía en Castilla y León abonará 81.018 euros y en la Comunidad Valenciana 63.193 euros, cifras que contrastan con Cantabria o Andalucía, donde no tendrá que pagar ni un euro a Hacienda.
En las Islas Canarias sólo pagará 134 euros, mientras que la Comunidad de Madrid el tributo será de 1.586 euros.
En el caso en que el heredero sea un hermano son otras comunidades en las que sales beneficiado: Andalucía y la Región de Murcia serán en la que más se tributa y Canarias y Cataluña, en las que menos. Así, un hermano de 40 años que herede una vivienda de 200.000 euros y un total de 60.000 euros en dinero pagará 326.383 euros en Andalucía y sólo 313 euros en las Canarias.
En qué se fija Hacienda en su persejución ilegal a los españoles, con el objeto de expropiar las últimas voluntades de los progenitores
¿Qué hace Hacienda para perseguir este fraude? Jesús Sanmartín explica que para demostrar dónde se encuentra la residencia habitual de una persona se analiza donde ha pasado más tiempo de los últimos cinco años de vida.
Para comprobar su residencia real, Hacienda investiga dónde ha sacado dinero de sus cuentas el fallecido (en qué cajeros), en qué ciudad ha ido al médico con más asiduidad, en qué vivienda ha consumido más luz y agua, e incluso "en qué domicilio recibe el periódico si es que tiene una suscripción".
"Hacienda está intensificando sus controles de estas prácticas y en algunos casos lo está haciendo con mucho éxito", alerta Sanmartín.
Hacienda intensifica el control de los que se mudan para ahorrar al morir