Cataluña y la Comunidad Valenciana se quedan con más de la mitad del FFF y del FLA
A pesar de que en los últimos años la situación de las comunidades autónomas es cada vez más desahogada, sobre todo en contraste con los años de crisis financiera, la deuda pública sigue siendo una losa para la liquidez de las regiones. Así lo demuestra el que la práctica totalidad del primer reparto del Fondo de Financiación de las regiones se vaya a destinar al pago de vencimientos de deuda.
Concretamente, las autonomías van a destinar el 99,1% de los fondos recibidos a través del Fondo de Facilidad Financiera (FFF) y del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a pagar vencimientos de deuda. Los datos del Ministerio de Hacienda indican que de los 14.084 millones que recibirán las autonomías, unos 13.700 se emplearán para este fin.
Como viene siendo habitual en los últimos tiempos, Cataluña es la principal beneficiada en el reparto de fondos, y con mucha diferencia. La región mediterránea se queda con unos 4.481 millones, una tercera parte de lo distribuido por el Estado para mejorar la liquidez de las autonomías.
La segunda región más beneficiada es Comunidad Valenciana, que se lleva un 22,2% de los fondos, 3.184 millones de euros. De esta manera, la autonomía levantina y Cataluña se quedan con más de la mitad del Fondo de Financiación regional, y todo ello por los pagos de deuda que tienen que enfrentar ambas.
Sin freno a corto plazo
Las obligaciones a las que se tienen que someter las autonomías por los vencimientos de deuda no tienen visos de frenarse a corto plazo. Según el Banco de España, la deuda autonómica total se eleva a más de 292.381 millones, y el 60% de la misma es con el propio Estado, a través de mecanismos de financiación el FLA y el FFF .
Todo esto demuestra el círculo vicioso en el que se ha acabado convirtiendo la morosidad de las autonomías con el Estado, puesto que gran parte de los vencimientos de deuda que tendrán que afrontar en los próximos años son por pagos de la propia Administración Central.
De nuevo, y con mucha diferencia, Cataluña es la protagonista principal de este drama. De los 78.506 millones de la deuda total de la administración catalana, 57.513 millones son con el Estado. Y 2019 va a ser un año duro para la Generalitat en este sentido. Solo en el primer trimestre del año tendrá que abonar vencimientos de deuda por valor de 4.428 millones.
Esto vuelve a demostrar lo paradójico de la situación de la deuda. La gran mayoría de la cifra mencionada -unos 4.277 millones- corresponde a deuda con el Estado. Es decir, que la liquidez que va a recibir la Generalitat catalana por los mecanismos centrales es casi por entero para pagar vencimientos de deuda con la Administración central.
Se trata de un círculo vicioso que, además, se va a mantener a lo largo del año, puesto que, tras marzo, a Cataluña todavía quedarán por pagar 2.740 millones en 2019.
Salida a los mercados
En este año la Generalitat espera recibir unos 8.071 millones del FFF -de los que al menos unos 6.133 serán para refinanciar préstamos del FLA de años anteriores- , mientras que sus estimaciones de necesidad de financiación para 2020 y 2021 vuelven a rondar los 10.000 millones.
A pesar de estas necesidades de liquidez estatal para pagar los vencimientos de su propia deuda, y como contó elEconomista, la Generalitat se fijó 2019 como año puente para preparar el terreno antes de volver a buscar financiación en los mercados, descartando poder hacerlo de inmediato debido al escaso valor del bono catalán, así como la situación de la deuda regional.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abrió esta puerta al poco de llegar al cargo con el fin de dotar de más autonomía e independencia financiera a las regiones. Se trata de una aventura a la que otras regiones sí se han decidido volver. Sin embargo, hay condiciones para ello: para que Hacienda dé el visto bueno a la estrategia de salida a los mercados privados de una autonomía, se consideran criterios decisivos el grado de cumplimiento del objetivo de déficit, la deuda pública y la regla de gasto, el periodo medio de pago a proveedores y la calificación crediticia, así como presentar un plan plurianual de endeudamiento.
La primera en emprender la expedición por los mercados fue Andalucía, que sacó a subasta unos 600 millones de los 4.000 millones que tiene todavía vinculados al FLA. También ha recibido autorización para hacerlo Baleares, que ha sacado unos 517 millones.
En 2019, varias regiones más se sumaron a este movimiento. Castilla y León ya puede formular operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 1.190 millones. Mientras, Castilla-La Mancha dispone de autorización para sacar a los mercados unos 680 millones, y ello a pesar de que todavía está en el FLA, para "reducir la carga financiera de su cartera de deuda".
Madrid, uno de los motores económicos de España, es la autonomía que más deuda pública va a ofrecer a los inversores privados: la región podrá ofrecer hasta 2.675 millones destinados a operaciones con vencimiento a largo plazo, un movimiento que tiene como destino financiar amortizaciones de vencimiento de deuda a largo plazo en 2019.
Galicia ha sido la última región en sumarse a estos movimientos de financiación a través de los mercados, a los que la Xunta ofertará unos 400 millones.
La deuda autonómica absorbe el 99% de los fondos de liquidez regionales