La reducción del déficit ha enmascarado una realidad financiera inquietante de deudas inmanejables y cuentas desbordadas por los gastos comprometidos
La España de las Autonomías de Régimen Común -excluidos los territorios forales de Navarra y el País Vasco- debe a día de hoy más de 179.000 millones de euros al Tesoro del Estado. Sin esta red de seguridad es más que probable que una inmensa mayoría, cuando no la totalidad, de las administraciones autonómicas estuviera hoy en la quiebra. El intenso proceso de reducción del déficit llevado a cabo por las comunidades autónomas en los últimos cuatro años y que les ha conducido en 2018 a cerrar el ejercicio con un desequilibrio negativo del 0,2%, incluso por debajo del 0,3% previsto, ha transmitido una imagen de estabilidad financiera que no es tal.
A cinco días de las elecciones regionales del próximo 26M, los analistas de Equipo Económico han publicado un informe que desnuda la realidad financiera de las 15 comunidades autónomas de régimen común a partir de ocho indicadores que evalúan, entre otros factores, la capacidad de cada autonomía para generar los ingresos necesarios para devolver sus deudas, la parte de sus gastos de estructura que pueden sufragar con la recaudación corriente que generan o el nivel de apalancamiento de cada autonomía medido como el volumen agregado de los gastos de personal, los gastos financieros y la amortización de deuda.
Los resultados del informe son demoledores. La práctica totalidad de las comunidades autónomas de Régimen Común presenta niveles de endeudamiento que exceden con creces los ingresos que son capaces de generar en un año (ver gráfico) y en algunos casos esa servidumbre por las cuentas pendientes de pago asciende a un monto total casi inasumible, que equivale a dos o tres veces los ingresos totales que son capaces de generar en un año. Son los casos de Aragón, Murcia, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana. Éstas tres últimas son las comunidades que enfrentan un mayor problema de sostenibilidad de su deuda, según el análisis de Equipo Económico.
Si esas Administraciones Territoriales han conseguido durante todos estos años continuar prestando servicios sanitarios, educativos, sociales y de cualquier otra naturaleza a sus ciudadanos ha sido, básicamente, porque han sido sostenidas financieramente por el Estado a través de los llamadas Mecanismos Extraordinarios de Liquidez, que desde el año 2012 han proporcionado a todas las comunidades autónomas de régimen común -aunque en diferente medida- la financiación que necesitaban para hacer frente a las deudas acumuladas con sus proveedores y a los vencimientos de deuda que se les venían encima.
Los analistas de Equipo Económico entienden que es necesario poner fin lo antes posible a estos Mecanismos de Liquidez, que nacieron como un soporte extraordinario para sostener las finanzas de las comunidades autónomas en lo más duro de la crisis, pero que corren el riesgo de perpetuarse reconvertidos en un mecanismo de financiación barata para éstas. "En algunos casos se están entendiendo como ingresos a cuenta a la espera de un nuevo sistema de financiación autonómica con peticiones de refinanciación en condiciones aún más ventajosas y condonación parcial o total", critica el informe.
Y los datos parecen subrayar esta interpretación. Después de cuatro años con la economía creciendo en el entorno del 3% y con algunas comunidades autónomas ya solicitando y consiguiendo con éxito financiación en los mercados de deuda, en el primer trimestre de 2019 trece de las quince comunidades autónomas de régimen común -todas salvo Madrid y Castilla y León- recurrieron a estos instrumentos para obtener 16.140 millones de financiación barata.
La fragilidad de las finanzas de las comunidades autónomas
¿Hacía falta recurrir a esos mecanismos? Desde el año 2014 las comunidades autónomas de régimen común han incrementado sus ingresos no financieros en más de 26.000 millones de euros, de todos ellos cerca de 14.000 millones de euros han alimentado nuevos gastos y algo más de 12.000 millones han ido a recortar el déficit. Es decir, seis de cada diez nuevos euros ingresados se han gastado.
¿Se podría haber hecho de otra forma? Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria no sólo se podría haber hecho de otra forma sino que se debería haber hecho de otra forma. En 2014, siete comunidades autónomas incumplieron la regla de gasto que impone la legislación vigente; pero es que en 2015 ese número se disparó hasta las 14 (sólo tres cumplieron: Canarias, Galicia y País Vasco); en 2016, cinco continuaron incumpliendo; y en 2017 el número de incumplidoras se situó en 12.
Según los datos recabados por Equipo Económico, en todo ese periodo la suma de los gastos corrientes y los derivados de la amortización de la deuda superaron los ingresos corrientes de la totalidad de las comunidades autónomas, con la única salvedad de Canarias en 2018. Es decir, que se gastó sistemáticamente más de lo que se ingresó pese a haberse favorecido de un incremento del 22% en los ingresos impositivos en el periodo 2012-2018.
Este comportamiento ha deteriorado la solvencia de los presupuestos autonómicos. El apalancamiento de los gobiernos autonómicos -entendido como el volumen de recursos que tienen que utilizar para pagar las nóminas y atender a sus compromisos de deuda sobre sus ingresos- no ha parado de crecer en el periodo y llega hasta el 88% en regiones como Castilla-La Mancha o el 85% en la Comunidad Valenciana, lo que las deja sumamente expuestos a un escenario de caída de ingresos.
Los datos indican que los gobiernos autonómicos tampoco han prestado demasiada atención a la eficiencia de su gestión. Cuatro de ellos gastan en adquisición de bienes y servicios y en retribuir al personal directamente más de lo que ingresan - Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha y Murcia -, pero es que la media se sitúa en el 88%, lo que deja un margen muy estrecho para desarrollar política o atender a los compromisos financieros adquiridos en el pasado para financiar ese gasto. Es decir, sus gastos corrientes se comen nueve de cada diez euros de sus ingresos corrientes. El margen para 'alegrías' o compromisos adquiridos es mínimo.
Deuda perpetua y presupuestos sin red: el sudoku regional que debe resolver el 26M