Las comunidades autónomas recibirán el próximo año más dinero que nunca procedente del sistema de financiación regional. Gestionarán 108.058 millones de euros, casi un 25% más de recursos en lo peor de la crisis. Aún así seguirán gastando más de lo que ingresan. Son las responsables de prestar los servicios públicos como la sanidad, educación y servicios sociales, capítulos con grandes tensiones de gasto por el envejecimiento de la población, las novedades tecnológicas y farmacéuticas y sujetas a otras demandas por motivos políticos. Los consejeros de Hacienda regionales tienen además otra gran preocupación vinculada a la tesorería: deben atender los vencimientos de la deuda que ya tienen formalizada y suscribir nuevos préstamos para financiar los déficits nuevos.
Para cubrir esas necesidades de financiación, el Estado central volverá a activar los fondos extraordinarios de liquidez (FLA y la Facilidad Financiera) para prestar a las comunidades 25.091 millones de euros. Entre las que más tirarán de estos créditos destacan Cataluña, que recibirá el 32%; Comunidad Valenciana se llevará el 23%; y Andalucía el 13%. En este último caso, es una cantidad muy inferior a otros años, porque como Madrid, País Vasco o Baleares, ya han regresado a los mercados o están a punto de hacerlo.
Regresar a los mercados
Estos mecanismos extraordinarios de financiación nacieron en 2012, en lo peor de la crisis, cuando los mercados financieros cerraron las puertas de par en par a las autonomías. En aquella época, cuando la prima de riesgo daba dentelladas que amenazaba con saltar por los aires la economía española, los inversores desconfiaban de la capacidad de las comunidades para pagar su deuda. Y el Estado central tuvo que salir a rescatarlas.
El Ejecutivo de Rajoy ideó entonces el plan de pago a proveedores, un préstamo del Tesoro en condiciones ventajosas para que las administraciones regionales pagaran las facturas que tenían en los cajones. A este mecanismo le siguió el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un instrumento parecido al anterior pero que también les permitía cubrir los abultados déficits en que incurrían y pagar los vencimientos de las deudas que ya tenían contraídas. Y en 2015 se puso en marcha el Fondo de Facilidad Financiera (FFF), otro tipo de préstamos aún más ventajosos para las autonomías más cumplidoras con los objetivos de déficit. Aunque estas líneas de préstamos iban a ser temporales (de hecho en su apellido oficial figura el término extraordinarias) llevan vigentes desde 2012.
En total, el Tesoro ha inyectado a las comunidades más de 262.000 millones entre los diferentes mecanismos extraordinarios de liquidez, el equivalente al 25% del PIB español, según datos de Hacienda. Aunque las autonomías ya han devuelto unos 88.000 millones de estos préstamos, según figuran en las estadísticas del Banco de España.
Acabar con estos créditos
Los principales organismos reguladores y supervisores internacionales (FMI y Banco de España, entre otros) han recomendado al Gobierno que ponga fin a estos mecanismos porque generan un riesgo moral [por los incentivos perversos para no sanear las cuentas] y someterse a la disciplina de los mercados financieros.
Tanto el Ejecutivo de Rajoy como el de Sánchez han ido dilatando su clausura porque no todas las comunidades están preparadas para enfrentarse de sopetón a las exigencias de los mercados, bancos e inversores.
Por eso, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Ejecutivo socialista aprobó el pasado julio un mecanismo para la salida gradual a los mercados de las comunidades autónomas. "El objetivo es que las comunidades autónomas que se encuentren en una situación financiera más saneada puedan volver a financiarse por sí mismas en el mercado", señalaba Hacienda. Desde entonces, Andalucía, Madrid y País Vasco han emitido deuda de inversores privados. Y Baleares ya tiene la autorización para hacerlo.
El Gobierno de Sánchez también ha ideado otra fórmula para aliviar las tensiones de tesorería. En julio aprobó un protocolo para que las autonomías pudieran refinanciar deudas a corto plazo y pasarlos a largo plazo. Era una medida que favorecía sobre todo a Cataluña y la Comunidad Valenciana, las que más problemas de liquidez padecen. Esta vía permite que las autonomías que tengan créditos financieros de carácter estructural y no coyuntural [que les permite hacer frente a necesidades puntuales] puedan refinanciarlos a largo plazo.
El rescate autonómico en cifras: 190.000 millones prestados y otros 52.000 ahorrados en intereses