Juan Manuel Moreno desvela la existencia de una avalancha de demandas por la "indolencia" y el "derrotismo" de los gobiernos socialistas. La cantidad reclamada equivale al 5,48 % del proyecto de presupuesto que el bipartito ha enviado al Parlamento
La ‘herencia’ que ha dejado Susana Díaz en Andalucía al bipartito liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) incluye una avalancha de pleitos en los que la Junta se enfrenta a reclamaciones que superan los 2.000 millones de euros, cifra que equivale al 5,48 % del presupuesto autonómico que se tramita en el Parlamento para 2019.
En concreto, la Administración andaluza tiene vivos en estos momentos en los tribunales casi 50.000 procedimientos promovidos por ayuntamientos, diputaciones, particulares, empresas privadas y otros organismos autónomos que requieren la dedicación de casi medio centenar de los abogados que integran los servicios jurídicos de la Junta. De la capacidad de negociación de los nuevos dirigentes y del éxito judicial de los letrados dependerá la cantidad a la que el Gobierno regional tendrá que hacer frente en el futuro.
El dato de la elevada litigiosidad que soporta la Junta de Andalucía lo ofreció este martes Moreno Bonilla en el curso de una charla organizada por el diario La Razón y ejemplifica -en su opinión- la “indolencia” y el “derrotismo” del Gobierno socialista, encarnado en la última etapa por Susana Díaz. El bipartito PP-Cs, con el apoyo de Vox para la investidura, puso fin el pasado mes de enero a casi 40 años de hegemonía del PSOE en esta comunidad.
“Cuando uno no tiene ilusión, cuando uno tiene esa indolencia se produce la ineficacia y la mala gestión que después pagamos todos los ciudadanos, especialmente los contribuyentes”, criticó el presidente andaluz, que citó la “actitud” como uno de los pilares del cambio político operado en estos cinco primeros meses en la Presidencia del Ejecutivo autonómico. El alud de denuncias fue uno de los asuntos comentados en la reunión de este martes del Consejo de Gobierno.
Juan Manuel Moreno achacó el alud de pleitos a los que se enfrenta en estos momentos la Administración regional a la “mala gestión de anteriores gobernantes” -“chapuza tras chapuza tras chapuza tras chapuza”, enfatizó”- y llamó la atención sobre la elevada factura que la falta de negociación de anteriores gobiernos ha provocado para los andaluces: la Junta ha tenido que pagar ya más de 700 millones de euros por sentencias desfavorables.
Sobrecostes del metro de Sevilla
Dirigiéndose al consejero de Hacienda (Juan Bravo), presente en el auditorio, el jefe del Ejecutivo andaluz recordó que antes de 2020 tendrán que abonar 160 millones de euros (145 millones de principal y 15 de intereses de demora) a las constructoras de la línea 1 del metro de Sevilla -una Unidad Temporal de Empresas (UTE) integrada por Sacyr, ACS y Gea 21- por sobrecostes en los trabajos ajenos a su voluntad. Después de agotar la Junta de Andalucía la cadena de recursos, la sentencia alcanzó firmeza a finales del pasado año al rechazar el Tribunal Supremo la casación interpuesta por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.
“Por no poder pagarlo por una cuestión burocrática, yo abro todos los días las puertas de mi despacho de San Telmo, cojo 10.000 euros y los tiro por la ventana. Son los intereses de demora por no pagar esos 160 millones de euros, sin capacidad por ahora para remediarlo”, lamentó de forma gráfica.
Con todo, Moreno Bonilla se apresuró a desterrar la idea de que los abogados puedan tener un “negocio” en Andalucía ante el volumen de procedimientos que tramitan los tribunales contra la Junta de Andalucía y se mostró confiado en llegar a acuerdos extrajudiciales para no tener que hacer frente a los más de 2.000 millones que les reclaman.
“Vamos a ganar, vamos a negociar y vamos a acordar para que los contribuyentes no paguen”, anticipó el presidente andaluz, que citó este caso como un ejemplo “clarísimo” del perjuicio que provoca el gobernante al que “no le duele el dinero público”. “Los que pierden son los ciudadanos”, remachó.
Tampoco prosperó el recurso de casación interpuesto por la Junta de Andalucía contra la sentencia por la que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) había condenado a la Administración autonómica a pagar 165,6 millones de euros al empresario Tomás Olivo por la paralización del centro comercial Nevada -en la localidad granadina de Armilla- durante casi ocho años.
Agotadas las posibilidades de pleitear en los tribunales, la Junta depositó el dinero el pasado 21 de diciembre, justo 19 días después de las elecciones que abrieron la puerta a la salida del PSOE del Gobierno regional y semanas antes de la investidura de Juan Manuel Moreno.
La Junta andaluza se enfrenta a casi 50.000 pleitos con reclamaciones que suman 2.000 millones