El nuevo Gobierno recupera el coste en nóminas para altos cargos y asesores que criticaba a los ejecutivos del PP y dispara la factura hasta los 54 millones en toda la legislatura
El 15 de septiembre de 2008 comenzó la crisis económica a nivel mundial.Y cuando una mariposa bate sus alas en un parte del mundo, la opuesta puede sufrir un huracán. Así es la teoría del caos por la que hasta la Generalitat Valenciana se vio afectada por un crack hipotecario de primer nivel. Ese año fue el último en el que el Gobierno Valenciano aumentó su gasto en cargos temporales, de los que salen y entran con cada nuevo presidente. En esa época Francisco Camps había sido reelegido como presidente apenas unos meses antes y brindó al Gobierno valenciano la cifra más alta de gasto en altos cargos y personal de confianza hasta ayer. En total, por aquel entonces, 13 millones de euros en nóminas para el Consell más amplio hasta ahora de todos los surgidos de las urnas, con 15 consellerias. A partir de ese año, el gasto en masa salarial de altos cargos y asesores comenzó a decaer al mismo ritmo en el que subía la preocupación por la economía de la Comunitat. Dos legislaturas de caída, tanto de gasto como de número de altos cargos, según se desprende de las propias cifras de la Conselleria de Hacienda a lo largo de sus distintos presupuestos.
Sin embargo, con la llegada del primer Gobierno del Botánico, en 2015, la curva de gasto público en salarios de cargos temporales volvió a dibujar una línea ascendente. Pero es que con el estreno del Botánico II, se han superado todos los registros hasta la fecha. El nuevo Gobierno de PSPV, Compromís y Unidas Podemos batirá el récord de altos cargos y de asesores y devolverá a los dos dígitos la factura de salarios de su estructura. Se acabó por tanto la predicada austeridad, a pesar de que los avisos tanto del Ministerio de Hacienda como de distintos organismos controladores como la AIReF han marcado para el Consell un camino muy distinto al que pretenden recorrer, al menos en el apartado de los gastos. Pero, sobre todo, superará los registros de gasto en nóminas, que se disparan hasta los 13,5 millones, cuatro millones más que el año pasado. La friolera de 54 millones de euros en toda la legislatura, sólo en salarios de los 137 altos cargos del Consell y sus 116 asesores.
BOTANIC II
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12 CONSELLERS: 744.202€. El presidente cobrará 71.61 euros, los dos vicepresidentes y los 9 consellers, 61.131euros.
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12 SUBSECRETARIOS: 726.972€. Cada subsecretario, gestores económicos de las consellerias, percibirá 60.581 euros.
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29 SECRETARIOS AUTONÓMICOS: 1,77 millones de euros. El sueldo de cada secretario autonómico es de 61.117 euros al año.
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84 DIRECTORES GENERALES: 4,9 millones de euros. Cada director general se embolsará al año más de 58.787 euros.
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116 ASESORES: 5,37 millones de euros. Los sueldos de los asesores oscilan entre los 36.700 euros y los 51.400 euros.
Si lo comparamos con el año anterior, 2018, según las cifras de la propia Generalitat, el nuevo Gobierno ha elevado en un 39% su número total de altos cargos y en un 47% su estructura total. Si bajamos al terreno de la matemática, el Gobierno Valenciano, presidido por Ximo Puig, pasará de los 98 cargos directivos en la anterior legislatura a los 137 de ahora. La cifra de asesores pasa de 74 a 116. En concreto, la estructura organizativa que depende del Gobierno pasa de 172 personas a 253. Un total de 81 nóminas más.
En los cuatro primeros años del Consell del PSPV y Compromís, a partir de 2015, el gasto en altos cargos y asesores ya había crecido en más de un millón de euros. Pero, las cifras del Botánico II han devuelto al Consell a los datos del último Ejecutivo de Camps en cuanto a coste de salarios de los consellers , su segundo escalón y asesores. En los cuatro años de gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra la curva de gasto en nóminas ha sido siempre ascendente, de los 8,4 millones de euros de 2015 a los 9,5 con que cerraron el último ejercicio auditado.
Si hacemos una retrospectiva de la evolución de los presupuestos de la Generalitat Valenciana y nos remontamos 15 años atrás, nos encontramos un Gobierno al que la cosas le iban más que bien en lo económico a costa de pagar todo con la tarjeta de crédito y aumentar la deuda pública para los ejercicios futuros. En 2004, con algo más de 10 millones en gasto para el sueldo de directivos y asesores, el presidente Francisco Camps ya inició la senda del crecimiento que tocó techo en 2008, con el máximo, de algo más de 13 millones de euros. En ese año pasaron por el Gobierno valenciano hasta 139 altos cargos en distintos momentos y 110 asesores y asesoras y dejaron la factura más alta en nóminas que jamás haya tenido la Generalitat hasta el viernes. Una cifra que apenas se movió en medio millón de euros en los años posteriores, a pesar de que desde Estados Unidos ya avisaban de que la mariposa estaba moviendo las alas a velocidad de colibrí. Pero la tarjeta de crédito y la burbuja inmobiliaria anestesiaron la crisis para los altos cargos hasta 2011, año en que la dimisión de Camps como jefe del Consell tras su imputación en la trama Gürtel, abrió las puertas del Palau al entonces alcalde de Castellón, Alberto Fabra. El entonces presidente de la Generalitat sacó el bolígrafo rojo y rebajó drásticamente el gasto público a todos los niveles. El número de consellers bajó hasta los ocho en los momentos de más apreturas y se instaló la austeridad como mandamiento principal. En su casi cuatro de mandato se rebajó la nómina en altos cargos y asesores de los 11 millones de 2001 hasta los 8,4 millones del último ejercicio que compartió con el actual presidente Ximo Puig. Pero la cifra seguía siendo un escándalo para la oposición, ahora Gobierno.
Entre su primer día de mandato y el último se redujo en más de dos millones y medio el coste de toda la estructura del Consell, secretarios autonómicos, directores generales y asesores, todos los que se nombran y cesan con cada presidente. En 2015, el año que compartieron Puig y Fabra, pasaron por la Administración de uno y otro hasta 328 altos cargos y asesores en distintos períodos (es la suma de los dos equipos que conforma la masa salarial total, que es de donde la Generalitat consigna el dato final).
Pero, en 2016, el primer año completo del Botánico el gasto volvió a subir hasta los 8,8 millones según reflejan los datos de Hacienda. En ese año se llevó a cabo la primera remodelación del Botánico con la entrada de cinco nuevos cargos, que dejó en 139 el número total de cargos. En el siguiente ejercicio, 2017, el gasto total de toda la estructura política del Consell volvió a cruzar la barrera de los nueve millones de euros para situarse en 9,2. Una cifra que el Ejecutivo de Alberto Fabra había abandonado en su último años, después de cuatro años de reducción.
El primer año de Botánico se gastaron 8,8 millones de euros, para aumentar a 9,2 el año siguiente y cerrar su legislatura en más de 9,5 millones de euros, según los últimos datos oficiales de la propia Generalitat. Sin embargo, la cifra en nóminas del nuevo Consell se elevará hasta los 13,5 millones de euros anuales. Para encontrar ese dato en coste total en directivos de las consellerias y asesores hay que remontarse a 2008. Precisamente el año en que la mariposa al otro lado del mundo comenzó a batir las alas.
La deriva de gasto del nuevo Botánico enciende las alarmas en el Gobierno de Sánchez
Jueves por la noche. El Gobierno de Pedro Sánchez confirma el desbloqueo del FLA para aquellas comunidades autónomas que necesitan el apoyo financiero del Ejecutivo central para sostener sus cuentas. El FLA, el acrónimo del Fondo de Liquidez Autonómica, lo creó Cristóbal Montoro en 2012 como mecanismo extraordinario para sostener a las regiones que se vieron sorprendidas por un escenario de crisis económica después de haber vivido demasiados años de vacas gordas. Desde ese ejercicio, la Comunitat ha sobrevivido -y no es un término exagerado- con las aportaciones que el Ejecutivo central le ha venido haciendo a través de este mecanismo y que han servido, además de para hacer frente a los millonarios vencimientos de deuda, para atender los números rojos de la Generalitat con sus proveedores. Sólo hasta el tercer trimestre de este año, 1.208 millones, a los que se suman otros 735 para hacer frente al incumplimiento del déficit del último año.
El anuncio del departamento que dirige María Jesús Montero da un respiro al Gobierno valenciano, sacudido esta semana por una contundente carta firmada por Diego Martínez López, secretario general de Financiación Autonómica y Local. En su escrito, el alto cargo avisa de las «inconsistencias» localizadas en la información facilitada por el Gobierno valenciano respecto al gasto farmacéutico. Y advierte de que puede poner en marcha las medidas recorgidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para estrechar el control sobre las finanzas autonómicas y «limitar el acceso a los sucesivos tramos de financiación (del FLA)».
Las palabras caen como una bomba en la calle Palau, sede de la conselleria de Hacienda. Y las reitera, de forma oral, un alto cargo del ministerio que el viernes de la semana pasada traslada en forma de ultimátum el cansancio del ministerio con la falta de homogeneida en los datos sobre gasto sanitario transmitidos por el Gobierno valenciano. El problema, tras las advertencias lanzadas y el temblor en las piernas de algún alto cargo valenciano, acaba resolviéndose.
La carta del ministerio de Hacienda al 'excelentísimo señor consejero de Hacienda y Modelo económico' del Gobierno valenciano, Vicent Soler, constituye uno de los más serios avisos lanzados por el Ejecutivo central. Y se produce -la fecha del escrito es del 27 de mayo, aunque el ministerio no lo difunde hasta pasadas dos semanas- con un gobierno socialista y con una ministra, María Jesús Montero, antigua consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía y, en teoría, estrecha aliada de la Comunitat en los aspectos relacionados con la reforma de la financiación autonómica.
El Gobierno central vuelve a ponerle el cascabel a las cuentas autonómicas, apenas unas semanas después de ser consciente de la realidad de las finanzas autonómicas. O al menos, de la fotografía de la realidad remitida desde el Ejecutivo valenciano. El Plan de Ajuste de las cuentas de la Generalitat, remitido a Madrid como condición necesaria para tener acceso a los fondos del FLA, describe un escenario económico crítico y ratifica esa realidad que hace referencia a que, sin la aportación del oxígeno financiero del Gobierno central, la administración autonómica habría tenido que bajar la persiana.
La letra pequeña de ese informe explica que la Comunitat en 2018 gastó 1.130 millones más de los que tenía previstos a lo largo de ese ejercicio. Que se anunciaron 19.671 millones y que acabaron siendo 20.803. Una primera pista del descontrol existente sobre la realidad del gasto público en la administración autonómica -no es una desviación de unos miles de euros, sino de 1.130 millones-. La parte principal de esa cifra, además, está en el gasto corriente, precisamente el que más debería de poder ajustarse a la hora de hacer un presupuesto. De hecho, los capítulos de gasto de capital no sólo no aumentan respecto a lo previsto, sino que disminuyen.
La foto de las cuentas autonómicas, al menos la remitida a Madrid, se completa con otros datos que completan el desolador panorama presupuestario autonómico. La deuda no financiera, la que se mantiene con empresas y particulares, supera los 1.648 millones a mes de noviembre -y algunas fuentes la elevaban un mes después por encima de los 2.000 millones -el periodo medio de pago a proveedores superó en marzo los 52 días-. Las 'facturas en los cajones', la denominación coloquial que alude a los gastos realizados sin cobertura presupuestaria y pendientes de incorporar a las cuentas autonómicas, roza los 1.200 millones.
En su Plan de Ajuste, el Consell del Botánico se compromete a incrementar sus ingresos este año en 250 millones gracias, en particular, al aumento de recaudación previsto en el impuesto que grava la actividad inmobiliaria. Y también a reducir sus gastos en otros 192 millones, que se lograrían supuestamente de recortar subvenciones y ayudas, reducir los capítulos inversores y apretar el cinturón a los altos cargos del sector público. Del documento cae, como todos los años, la broma de los 1.325 millones que se esperan obtener de una reforma de la financiación aún sin fecha.
El informe trata de sostener el compromiso del Consell con el cumplimiento del déficit fijado para este 2019 en el 0,1% del PIB. Un objetivo que la AIReF, ese organismo que pretende garantizar el cumplimiento de la Ley de Estabilidad, ya ha advertido que la Comunitat tiene «muy improbable» cumplir -cerró 2018 con un 1,3%-, prácticamente igual que la regla de gasto. «La magnitud del ajuste y la evolución esperada de ingresos y gastos en la comunidad hace que el cumplimiento del objetivo se considere muy improbable», señala el informe.
La entidad que preside José Luis Escrivá, un organismo que se ha ganado un merecido prestigio gracias a sostener posiciones críticas en más de una ocasión con las tesis del Gobierno central, también lanzó una seria advertencia al Consell en uno de sus últimos informes. En el conocido a mediados de abril, en pleno arranque de la campaña electoral autonómico, el mencionado organismo independiente afeó al Botánico que hubiera disparado los presupuestos autonómicos. Y entre sus reproches incluyó la puesta en marcha de À Punt, por llevar a un aumento del gasto del 7% durante dos años consecutivos -un porcentaje superior al del resto de CC AA-.
La AIReF no se quedó en el análisis de las causas. También recomendó al Ministerio de Hacienda que incrementara su vigilancia sobre las cuentas autonómicas ante la elevada probabilidad de incumplir el déficit. Máxime teniendo en cuenta, continúa, que el incremento de los recursos del sistema de financiación previsto es del 5%, y por lo tanto, «muy inferior al estimado por la comunidad en su presupuesto».
Todo este retrato de la realidad económica y financiera de la Comunitat Valenciana es el que componen únicamente los números. No tiene en cuenta ni la falta de productividad ni la ineficiencia, ni aborda la capacidad para prometer ingresos que se sabe positivamente que en un escenario de incertidumbre internacional -mucho más cercano a la recesión que a la estabilidad- difícilmente se cumplirán.
Y todo este retrato contrasta con otra circunstancia. El nuevo Botánico, la repetición de la fórmula a tres -PSPV, Compromís y Unidas Podemos- de la pasada legislatura al frente de la administración autonómica ha puesto rumbo justo en la dirección contraria a la propuesta por Hacienda, a la que advierte la AIReF y a la recomendaría el sentido común.
Primero fue el número de consellerias -que llegó a plantearse hasta 15 y que sólo se frenó ante el amago de escándalo que generó-. Después ha venido el aumento de altos cargos y asesores, justificado sin más reflexión intelectual en el hecho de que el PP gastó más.
Y lo próximo que llegará será la puesta en marcha de nuevos organismos: La Agencia de Cambio Climático, la Agencia Valenciana de Energía, el Centro de Control de Contaminación Atmosférica, el Observatorio Valenciano de Migraciones, la Oficina Valenciana de Atención a Personas Refugiadas, la Oficina de Control de la Demora (en las listas de espera), el Museo de Diseño Valenciano, el Consell Agroalimentario Valenciano y la Oficina de Simplificación Administrativa. Estos son únicamente los que figuran en el acuerdo programático del nuevo Botánico. Se sumarán a los que ya forman parte del conglomerado de entes y sociedades que componen el sector instrumental -el mismo que el Plan de Ajuste también promete reducir-.
Una apuesta, en definitiva, por el crecimiento del aparato administrativo que va justo en dirección contraria a las exigencias de mayor control y vigilancia de las cuentas autonómicas que llegan desde Madrid. El presidente Ximo Puig aseguró esta semana que el aumento de altos cargos y asesores no suponía «problema para la economía». Está por ver que aporten alguna solución a unas finanzas que se sostienen gracias a unos pocos alfileres.
El Botánico bate el récord y gastará 13,5 millones en sueldos
La deriva de gasto del nuevo Botánico enciende las alarmas en el Gobierno de Sánchez