Un 73,2 % de la deuda de la Generalitat, cuyo pasivo suma 78.506 millones de euros, ya está en manos del Estado, según datos del Banco de España. A septiembre de 2018, los últimos datos disponibles, el Estado poseía 57.513 millones de euros de deuda de la Generalitat.
La adhesión de la Generalitat al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y a otros mecanismos de provisión de liquidez habilitados por el Estado, como el plan de pago a proveedores, ha hecho que el Estado haya reforzado notablemente en los últimos años su rol de principal acreedor de la Generalitat.
Esta situación se explica porque la Generalitat no ha podido acudir a los mercados financieros para captar financiación y ha recurrido año tras año a los préstamos del FLA.
No obstante, la Generalitat se plantea ya volver a emitir deuda en los mercados financieros a partir de 2020, aunque supedita esta meta a tres objetivos: cuadrar el objetivo de déficit, cumplir con la regla del gasto y ser capaces de reestructurar la deuda de la Generalitat, que supone en torno al 300 % de sus ingresos ordinarios.
De los 78.506 millones de deuda de la Generalitat contabilizados hasta septiembre de 2018, 6.709 millones de euros corresponden a préstamos de instituciones financieras radicadas en España y otros 5.959 millones a préstamos obtenidos por instituciones de otras partes del mundo.
Asimismo, la Generalitat también tiene en circulación deuda por valor de 4.010 millones de euros y otros 4.315 millones del pasivo de la Generalitat corresponden a asociaciones público-privadas.
No obstante, el grueso de la deuda de la Generalitat ya está en manos del Estado, en concreto esos 57.513 millones mencionados anteriormente, y una buena parte de ellos corresponde al FLA, que se puso en marcha en 2012.
Las comunidades adheridas al FLA firmaron ejercicio tras ejercicio préstamos a diez años con el Estado para cubrir el déficit generado durante los años de la crisis y para poder atender así los servicios sociales básicos.
Esos préstamos se concedieron con los dos primeros años de carencia, pero pasado ese período las comunidades tenían que empezar a amortizar capital, y esa situación ha provocado que la factura del FLA haya crecido ejercicio tras ejercicio como una bola de nieve.
De cara a 2019, la Generalitat ha anunciado que en enero abandonará el FLA para financiarse a través del Fondo de Facilidad Financiera (FFF), otro mecanismo de liquidez habilitado por el Estado, como paso previo para volver a los mercados.
Sin embargo, la Generalitat pedirá a este fondo la misma cantidad que tenía previsto solicitar al FLA: unos 8.071 millones de euros, en caso de que el déficit de las comunidades permanezca fijado en el 0,1 % del PIB, y unos 8.557 millones, en caso de que se ampliara al 0,3 % del PIB.
No obstante, 6.713 millones de euros de esa cantidad se usarán para amortizar préstamos correspondientes a anteriores ediciones del Fondo de Liquidez Autonómico y a otros mecanismos de liquidez a los que se adhirió la Generalitat, por lo que la 'factura' del FLA supondrá ya entre el 78,4 y el 83,2 % del dinero que la Generalitat solicitará en 2019 al Fondo de Facilidad Financiera.
Ello quiere decir, en la práctica, que la Generalitat, al igual que otras muchas comunidades autónomas, piden prestado dinero al FLA o al FFF para cubrir principalmente préstamos anteriores de estos mecanismos de liquidez.
De los 10.069 millones que la Generalitat solicitó al FLA en 2016, se destinaron 2.863 millones a amortizar préstamos del propio FLA, el 28,4 % del total, mientras que en 2017 la factura del FLA ascendía ya al 51,5 % y en 2018 se elevó hasta el 57,8 %, según datos del departamento de Economía de la Generalitat.
La quiebra de Cataluña, con palabras simples
"España nos roba”. Esta frase se ha convertido en un tópico, que desde hace demasiados años habita las mentes de muchos catalanes, y es tremendamente falsa. No solo los ciudadanos españoles no robamos a los ciudadanos catalanes, sino que somos sus acreedores, porque los catalanes deben mucho dinero al resto de los españoles. Me explico brevemente y a continuación pongo un ejemplo de economía doméstica, la del Sr. Menos.
La deuda pública de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que es la forma de obtener recursos para poder pagar gastos por encima de sus ingresos, es una cantidad de dinero de obligada consignación en los presupuestos anuales y se obtiene mediante emisión de títulos valores que se comercializan en los mercados financieros en forma de bonos. Como cualquier deuda incorpora la obligación de una devolución que consta de un principal y unos intereses, porque para que te presten, tú prometes devolver el dinero con intereses.
Esa deuda no para de crecer y es de 75.000 millones de euros en el primer trimestre de este año. Solo en los doce últimos meses (interanual) ha crecido en 3.000 millones, y algunos dicen que eso convierte a los catalanes en los ciudadanos más endeudados de España, pero eso apreciación es superficial y oculta la realidad, porque esa deuda la compartimos todos.
La actual calificación de esa deuda, por parte de las tres principales agencias de rating del mundo: Moody's, S&P y Fitch (que son las únicas que califican regiones del planeta) es muy inferior a la categoría de "bono basura", que en la jerga financiera son aquellos emitidos por entidades o instituciones con poca solvencia y prestigio, y por tanto son de alto riesgo, bonos que normalmente compensan su elevado riesgo prometiendo muy altas rentabilidades, o sea, pagando unos tipos de interés tremendos.
Las tres agencias mencionadas califican los bonos de Cataluña (según sus respectivas tablas) como Ba3-, BB-, y BB-, en los tres casos identifican la deuda como de "altamente especulativa", a la altura de países como Angola, Bangladesh, Bolivia o El Salvador. Llevan bajando la calificación desde el año 2011 (cuando estaba en grado A) y amenazan con seguir bajándola. Destacan la incertidumbre que generan los planes soberanistas y la más que dudosa capacidad de Cataluña para devolver esa deuda.
Como consecuencia, los inversores internacionales y nacionales, las entidades financieras y los particulares hace años que decidieron dejar de comprar esa deuda, aunque ciertamente su rentabilidad (interés) ya supera el 3,3%, y lo hicieron porque no se creen que algún día puedan pagarla; que es lo que le paso a Grecia. Cataluña está en quiebra técnica porque no puede hacer frente a sus obligaciones y parecen ser los únicos en no enterarse.
Esto no se está explicando con suficiente claridad, tengo la sensación de que muchísimos catalanes lo ignoran o no quieren verlo.
¿Quién sostiene la deuda?, pues el Estado español, que ya es tenedor de más del 70% del total; o sea los españoles, entre otros usted y yo. El total de esa deuda no hay que dividirla entre 7.500.000 millones de catalanes, porque un 70% nos toca a todos los demás.
Pero lo más grave es que esa deuda no la pueden devolver con las actuales calificaciones porque no encuentran financiación externa en ningún rincón del mundo; y hasta el más optimista de los economistas calcula que como mucho, a partir del momento de la implementación de una utópica independencia, la falta de liquidez de Cataluña la llevaría en tres meses a un impago total de facturas, incluidas las de la luz de las farolas. Algo parecido, pero más lentamente, ocurriría si el Gobierno decidiese cerrar el grifo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), mecanismo con el que todos los meses los españoles inyectamos ingentes cantidades de dinero a Cataluña, para evitar el desastre.
Pongo un ejemplo sencillo; una persona (se llama Sr. Menos y no es un "chaval") está pagando una hipoteca y lleva un tren de vida "a tope". Un buen día, la tarjeta de crédito deja de darle dinero; sorprendido, se percata que tiene unos números rojos muy voluminosos en su cuenta corriente, su situación es de tal gravedad que su banco le ha mandado una carta, que como andaba de juerga no había leído. En la carta, el banco le comunica que esta harto de él y que no le presta más dinero; de paso le recuerda lo que debe.
El Sr. Menos, enfadado, busca financiación en otras entidades, pero como éstas comparten datos, se encuentra con todas las puertas cerradas y ninguna le presta dinero. Y además son tan "malos" que le han apuntado contra su voluntad en una "lista negra" internacional.
El Sr. Menos les dice que está dispuesto a pagar los intereses que sean necesarios, pero los bancos no se lo creen, no se creen que sea capaz de pagar, ni el corto ni en el largo plazo. El Sr. Menos pide ayuda a familiares y amigos, a los que ya debe dinero de favores anteriores, estos le dicen que no, de hecho le reprochan que se haya gastado su dinero en absurdas juergas.
Desesperado, descubre que está en quiebra, no sabe qué hacer. Se convierte en un ser más mentiroso de lo que ya era, capaz de venderse al mejor postor o traicionar al mejor amigo. Pero como su soberbia es descomunal, no reconoce sus propios errores y culpa a los demás de sus desgracias.
No contaré el final de la historia... seguro que conocen algún caso parecido.
La filosofía que subyace a la administración de la economía que llevaban a la práctica nuestras abuelas y nuestras madres es la misma que la de cualquier empresa pequeña o grande, la de cualquier ayuntamiento, Comunidad Autónoma o Estado. La diferencia está en el volumen de las cifras que se manejan, en el desglose del balance, en la complejidad del conjunto, y en la correcta o incorrecta gestión de ese capital que determina la capacidad de endeudamiento. Y en que nuestras abuelas y madres no tenían especiales conocimientos matemáticos ni financieros, pero tenían sentido común y sabían perfectamente el significado de los términos ingresos y gastos.
Cuando el sueño independentista se desvanezca, el problema de la deuda pública de Cataluña permanecerá, y estará en manos de futuros políticos la difícil y lenta recalificación de la misma. Porque como es sabido, las deudas se heredan, salvo que se renuncie a la herencia, o ésta se acepte a "efectos de inventario".
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