La AIReF denuncia que las ayudas para la Formación de Personal Investigador se otorga por el criterio del investigador y no por aspectos objetivos, lo que no garantiza una selección eficiente
España es uno de los países de la Unión Europea con peores resultados de la investigación a la hora de generar patentes. Apenas se producen 12 patentes por cada millón de habitantes, muy lejos de las 72 que genera la Unión Europea o las 174 patentes de Alemania. Estos resultados se deben, en parte, a los pobres resultados de la universidad española.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha detectado que las ayudas FPI (Formación de Personal Investigador) no están ayudando a la mejora de los resultados investigadores de las universidades. Según sus hallazgos, estas ayudas tienen un “impacto limitado sobre la producción científica”, de modo que tienen una baja eficiencia a la hora de estimular la investigación.
La selección de los doctorandos para acceder a estas ayudas se hace de forma prácticamente discrecional. Actualmente, el 60% de los méritos los valora directamente el investigador principal que solicita la ayuda y únicamente el 40% restante depende de los méritos que figuran en el curriculum vitae. De esta forma, la concesión de ayudas para la investigación de doctorandos se hace prácticamente ‘a dedo’ lo que no garantiza la elección del mejor candidato para cada uno de los casos. En la práctica, es el investigador principal el que tiene un proyecto quien solicita la ayuda y elige el candidato que la percibirá.
Las ayudas FPI “cuentan con un diseño de selección de candidatos en el que existe discrecionalidad”, señala la AIReF en su estudio, que forma parte del ‘spending review’ (análisis del gasto público) que está realizando la institución. Esto impide que la selección de personal se realice por criterios objetivos y que se busque la excelencia académica. Pide que se tomen comoejemplo las ayudas postdoctorales Ramón y Cajal, cuyos resultados son mucho mejores.
El coste total de estas ayudas FPI asciende a 98 millones de euros anuales y se conceden 1.100 ayudas cada año. Esto significa que el gasto total del Estado por cada doctorando es de 89.000 euros, un dinero que sí logra importantes resultados a la hora de que los estudiantes acaben el doctorado, pero no consigue mejorar los resultados investigadores.
La AIReF ha detectado que existe también cierta “endogamia” en la universidad como consecuencia de la discrecionalidad en la selección de los estudiantes. Así, en muchos casos, los directores de la investigación eligen a alumnos que previamente han sido sus alumnos, tanto universitarios como de máster.
Esta mala selección del personal investigador también afecta a la salida laboral de los doctorandos. En los años posteriores a la finalización del doctorado, los investigadores que han recibido las ayudas FPI tienen peores resultados laborales. En buena medida es el resultado de la caída en el número de ayudas que se otorgan a la investigación postdoctoral. Apenas un 5,5% de los investigadores que solicitan una ayuda postdoctoral la perciben.
Además, también influye la desconexión entre la universidad y las empresas. La investigación que se realiza en el entorno universitario no responde a las necesidades que tienen las empresas. Esto provoca un alejamiento entre el mundo académico y el privado que dificulta que estos doctores tengan una salida profesional cuando acaban su tesis.
Las ayudas Ramón y Cajal, que se destinan a personal investigador postdoctoral, sí logran mejores resultados investigadores, pero cuentan con una financiación inferior. En concreto, tienen una partida presupuestaria de 54 millones de euros, casi la mitad de los 98 millones de las ayudas FPI. Sin embargo, la AIReF señala que estas becas logran un impacto positivo sobre la producción científica y también elevan la probabilidad de los investigadores de encontrar un trabajo y mejorar su salario una vez que culminan su estudio.
Las ayudas 'a dedo' para doctorandos lastran la investigación de la universidad española