Año 2011. España atraviesa uno de los peores momentos económicos de su historia, con el PIB estancado tras dos años consecutivos de recesión y la prima de riesgo situada en niveles históricos por la desconfianza en torno al futuro del euro. Todas las empresas españolas sufren ambos factores en su cuenta de resultados y buscan fórmulas para reducir costes y salvar su negocio.
El sector editorial no se salva de la quema. Las compañías están inmersas en una auténtica guerra comercial para seducir a colegios y profesores para que adquieran sus libros de texto con vistas al nuevo curso lectivo. En sus campañas incluyen todo tipo de regalos destinados tanto a los centros -pizarras digitales, cañones, ordenadores, tablets...- como a los propios profesores - libros para sus hijos o asistencia a congresos de formación y eventos-, según la documentación incautada por los inspectores de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dentro de la investigación que ha analizado durante casi tres años la existencia de un cártel en el sector.
Era la conocida como 'guerra de las pizarras', que llegó a alcanzar un coste de hasta 80 millones de euros al año para las editoriales hasta que despertó una campaña coordinada de control en el seno de la patronal Anele bajo la forma de código de conducta (CDC). El supervisor considera, sin embargo, que las maniobras para poner fin a esta guerra comercial supusieron en realidad un acuerdo para limitar la competencia en el gremio y repartirse el mercado, según la resolución aprobada por la CNMC que impone una multa de 34 millones de euros a un total de 34 editoriales.
Los correos internos interceptados por Competencia han sido prueba suficiente para que el consejo del regulador aprobara la sanción, si bien la propia patronal Anele y varias de las empresas implicadas ya han anunciado que recurrirán ante la justicia. "Aunque Anaya no inició la famosa guerra de las pizarras, desde el primer momento me posicioné en contra de estas prácticas que además de ser éticamente reprobables, suponían la ruina del sector [...] Anaya y Santillana están en la mejor posición frente a otros competidores, lo que justificaría una campaña entre nosotros sin tensiones más allá de la argumentación didáctica de nuestros proyectos", escribía un alto directivo de la primera a otro de la segunda en mayo de 2015.
Los integrantes de Anele -controlada por las grandes editoriales- acordaron crear una comisión interna que vetara estas prácticas y supervisara el cumplimiento del código bajo amenaza de sanción y denuncia judicial por "cohecho" a funcionario público. Entre las prácticas "habituales" incluidas en el informe del regulador se encontraban los descuentos en la venta de libros a los colegios, donaciones pecuniarias, entrega de material tecnológico, jornadas de formación al profesorado o regalo de libros a los hijos de los profesores.
Un correo con instrucciones remitido por la patronal a sus asociados en 2013 amplía las categorías de regalos usados tradicionalmente que ahora pasarían a estar prohibidos, incluyendo viajes, aparatos de aire, regalos o invitaciones a competiciones deportivas o culturales con un valor superior a los 50 euros año por docente. "Todas las editoriales quieren eliminar este impuesto que nos está llevando a situaciones muy absurdas y de muchísimo coste en la cuenta de resultados [...] Queda autorizado un gasto medio de 50 euros por docente para invitaciones, comidas, detalles comerciales... pero nunca aparatos", explicaba el director comercial de Santillana en 2011 a 26 empleados en un correo interno consultado por EL MUNDO que detallaba el acuerdo.
Cruce de denuncias
No obstante, no todas las editoriales aceptaron la censura a esta política comercial y se abrió un enfrentamiento interno en el seno de Anele. La patronal demandó al grupo Vicens Vives por presunto "cohecho" a empleado público por parte de la editorial al seguir con estas prácticas comerciales. La Audiencia Provincial de Barcelona ha absuelto al grupo al considerar que el comportamiento es "completamente usual" en el sector y la pugna está en estos momentos en el Supremo tras el recurso de Anele. Por su parte, la editorial denunció las prácticas promovidas por la patronal ante la CNMC y de ahí nace el actual expediente.
La patronal de las editoriales anunció después de conocerse la sanción que la recurrirá ante la Audiencia Nacional por "arbitraria e injusta" y manifestó su "estupefacción" ante el desconocimiento mostrado por el regulador en su expediente. Anele justificó que la aprobación de un código ético está respalda por la práctica de organismos internacionales para evitar "cohecho, regalos y favoritismo" en la distribución de libros de texto. "Se puede afirmar, pues, que se sanciona al sector por cumplir la legalidad y evitar prácticas poco éticas en centros de enseñanza", destaca el texto.
En el mismo sentido, Santillana -multada con 8,6 millones de euros por su adhesión al código- denunció en un comunicado la "inconsistencia" de la resolución de Competencia y remarcó que el acuerdo pretendía "acabar con cualquier tipo de prebenda o regalo en la prescripción de materiales educativos". La editorial recurrirá también por vía judicial la sanción. "Las sanciones impuestas son el resultado de múltiples errores técnicos, entre otros, carecer de motivación, congruencia y proporcionalidad", responde el Grupo Anaya, sancionado con 6,8 millones por esta conducta, que también recurrirá la sanción.