La CNMC multa a 34 editoriales de libros de texto no universitarios y a la asociación ANELE por crear un mecanismo para restringir políticas y condiciones comerciales
34 empresas y la Asociación Nacional de Editores de Libros y materiales de Enseñanza (ANELE) coordinaron políticas y condiciones comerciales en el marco de un Código de Conducta para las empresas del sector editorial. La Comisión de Supervisión controlaba las desviaciones con medidas de presión y amenazas de denuncia a quienes no formaron parte de los acuerdos. Anele y 10 editoriales pactaron condiciones comerciales para comercializar el libro de texto digital entre 2014 y 2017. Las sanciones en su conjunto se elevan a casi 34 millones de euros y obliga a cesar estas prácticas.
La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha desarticulado el mecanismo para coordinar políticas y condiciones comerciales en el marco del desarrollo y aplicación de un Código de Conducta para el sector editorial de libros de texto. Para ello, ha impuesto una sanción a 34 editoriales de libro de texto y a la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (ANELE). Además, ha puesto fin al pacto de determinadas editoriales para fijar el precio y condiciones comerciales del libro de texto digital alcanzado entre Anele y 10 editoriales. El conjunto de las sanciones económicas asciende a 33,88 millones de euros. (S/DC/0594/16).
La comercialización de libros de texto tienen unas características peculiares. Las familias de los alumnos, que son las compradoras de los libros, no seleccionan el producto en función del precio, ya que están obligados a adquirir los libros de texto que se prescriban en el centro educativo donde asisten sus hijos; Otro aspecto relevante es que hay etapas educativas de precio fijo (educación infantil, bachillerato y FP) y otras (educación primaria y ESO) con precio libre; A esto hay que añadir una regulación sobre los contenidos de los libros de texto no universitarios muy clara y determinante; Además, los centros educativos tienen la obligación legal de mantener los mismos libros de texto por periodos de al menos 4 años, salvo que estuviera plenamente justificada su sustitución antes del tiempo establecido.
A partir de una denuncia realizada por la Editorial Vicens Vives se han sancionado dos conductas ilícitas, una infracción en relación con el desarrollo y aplicación del Código de Conducta para el sector editorial y otra infracción en relación con el libro digital. Ambas son muy graves, según los artículos 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Desarrollo y aplicación del Código de conducta
La primera de las infracciones consiste en una serie de acuerdos y prácticas concertadas vinculadas con el desarrollo y aplicación de un Código de Conducta para las empresas del sector editorial, que siguen desde abril de 2012. En la elaboración e implementación de este código de conducta las editoriales sancionadas y la asociación han configurado una estrategia dirigida a restringir la competencia en la prescripción de libros de texto no universitarios por parte de los centros educativos.
Dicha estrategia ha supuesto homogeneizar las políticas y condiciones comerciales en el sector, como la entrega de materiales informáticos (pizarras digitales, cañones de proyección, ordenadores portátiles etc.), para reducir y eliminar aquellos elementos que introducían competencia en la prescripción de libros de texto. A pesar de que el Código de conducta se justificó por un sistema de supuestas “buenas prácticas”, se ha acreditado que las entidades que llevaron a cabo las conductas lo hacían con una finalidad económica y para restringir la competencia.
Bajo el paraguas de este Código, crearon una “Comisión de Supervisión” que se ha convertido en un mecanismo de implementación y control de las desviaciones del acuerdo. Ha quedado acreditada la existencia de métodos de castigo a las editoriales que no cumplían con los acuerdos, aunque voluntariamente no se hubieran adherido al Código de conducta. Anele envió cartas a competidores y a los centros educativos, incluyendo amenazas de denuncias. También se realizaron medidas de presión concretas contra Edelvives, hasta que se unió a los acuerdos, y se presentaron demandas de competencia desleal contra Vicens Vives.
En esta infracción se ha acreditado la implicación de un total de 33 empresas: tres pertenecientes al grupo Edelvives, seis al grupo editorial Anaya, otras seis del grupo SM, siete empresas del grupo Santillana, dos empresas del grupo editorial Bromera. Además de Ediciones Bilingües, Edebé, Editex, Ediciones Laberinto, MacMillan, Mc Graw Hill, Oxford University Press, Pearson Educación y la editorial Teide. A todas ellas hay que añadir la responsabilidad que recae sobre la asociación ANELE.
La CNMC ha comprobado, también, un descenso de la cantidad destinada por parte de las editoriales a la entrega de material de las TIC entre 2010 y el curso 2017/2018 a las aulas, sin que ello se haya traducido en bajadas de precios de los libros de texto.
Por tales conductas, la CNMC ha impuesto una multa de 180.000 euros a ANELE y un total de 32,2 millones de euros a 33 editoriales que se reparten así:
Además, se declara como responsable solidario a Hachette Livre España, S.A. por la participación de sus filiales en acuerdos y prácticas concertadas que se produjeron en el marco del desarrollo y aplicación del Código de Conducta.
Comercialización del libro digital
La Sala de Competencia de la CNMC considera acreditado que determinadas empresas han llegado a acuerdos y prácticas concertadas para la fijación de precios y otras condiciones comerciales en relación con el libro de texto en formato digital en España entre 2014 y 2017. A través de estas actuaciones se ha restringido la competencia en relación con la comercialización de un novedoso producto que se encontraba en expansión.
El libro de texto en formato digital o libro digital es un contenido editorial que se puede visualizar en un dispositivo digital (ya sea un ordenador, una tablet, un teléfono móvil, etc.). De esta manera, el libro digital se corresponde con el mismo producto que cada editorial desarrolla en papel para las asignaturas que trabaja, pero con posibilidades interactivas adicionales. La digitalización de la educación se ha promovido desde las propias administraciones públicas.
Las editoriales mediante su participación en un Comité Técnico en el seno de ANELE llegaron a pactos para la homogeneización de condiciones de comercialización del libro digital. Así, se fijaron condiciones tales como el precio, la duración de las licencias, su no utilización por parte de repetidores y hermanos y el que no se permita descargar contenidos offline.
Por todo ello, la CNMC considera acreditada la existencia de una infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101 del Tratamiento de Funcionamiento de la UE. Son responsables, además de la asociación ANELE, las comercializadoras de los grupos editoriales SM, Anaya y Santillana, junto con Edebé, MacMillan, Mc Graw Hill, Oxford University Press, Pearson Educación, la editorial Teide y Edición del Serbal.
El total de multas asciende a 1.492.200 de euros, de los cuales 130.000 corresponden a la asociación ANELE, y el resto se distribiyen entre las otras 10 empresas que formaron parte de los acuerdos y que se reparte de la forma siguiente:
Las empresas matrices Grupo Santillana Educación Global, S.L. y Hachette Livre España, S.A. responderán solidariamente del pago de las sanciones como matriz de Santillana Educación, S.L. y como matriz indirecta de Comercial Grupo Anaya, S.A.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa, y se puede interponer recurso contencioso-adminisrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su notificación.
El chivatazo de un 'arrepentido' desmontó el entramado que infló el precio de los libros y coaccionó a colegios
Las editoriales apoyaban a las congregaciones religiosas, regalaban libros de texto a los hijos de los profesores y repartían pizarras electrónicas y ordenadores portátiles. Llegaron a acuerdos entre sí para gastar menos en dádivas. La CNMC los ha multado con 32,2 millones, tras la denuncia de Vicens Vives.
Eran algunas de las principales editoriales del país, reunidas alrededor de la asociación ANELE. Rubricaron un documento, al que llamaron 'código de conducta' que fijaba las líneas rojas que ninguna de ellas debía traspasar para que nadie saliera especialmente perjudicado por las prácticas de la competencia. La Comisión Nacional de los Mercados y las Comunicaciones (CNMC) les ha impuesto multas por valor de 32,2 millones de euros por estos hechos, que fueron denunciados por la editorial Vicens Vives, que hasta julio de 2012 formó parte de ANELE. Las acciones de estas empresas se desarrollaron dentro del mercado de los libros de texto no universitarios.
En las más de 200 páginas que componen la resolución de la CNMC, se incluyen varias de las comunicaciones electrónicas que mantuvieron los miembros de esta organización durante varios años. En ellas, entre otras cosas, se detalla el 'pacto de no agresión' al que llegaron las editoriales para que no se dispararan sus costes con la concesión de dádivas a los centros educativos y a los profesores.
Estos obsequios se entregaban cuando se alcanzaban acuerdos comerciales con los centros educativos; y consistían desde en el regalo de pizarras electrónicas y ordenadores portátiles, hasta en la formación de los profesores para utilizar el material tecnológico. En la resolución, se detalla cómo las editoriales negociaron entre sí sobre la conveniencia de agasajar a los profesores con libros gratuitos para sus hijos.
En uno de los correos electrónicos interceptados por los instructores del regulador, enviado dentro del Grupo SM, incluso se habla de apoyar a las congregaciones religiosas para intentar aumentar las ventas en los colegios concertados.
La CNMC considerada probada la existencia de acuerdos o prácticas concertadas entre las editoriales competidoras para el reparto del mercado de la edición y comercialización de libros de texto no universitarios en España. También la fijación de determinadas condiciones comerciales y el intercambio de información sensible en relación con las ofertas que realizan ellas mismas y sus directos competidores a las entidades de enseñanza. De ahí que justifique las sanciones millonarias a los 34 sellos editoriales implicados.
La empresa que puso los hechos en conocimiento del regulador, Vicent Vives, recibió denuncias por competencia desleal después de abandonar ANELE y renunciar a cumplir su 'código de conducta'. Dado que ha colaborado con la CNMC, no ha recibido una sanción, pese a que formó parte hasta 2012 de la citada asociación.
Entre los fragmentos de la resolución más significativos se encuentran los que muestran las presiones que ejercían las editoriales sobre los colegios para tratar de retenerlos como clientes. En algunos casos, llegaron a acusar a funcionarios de cometer un delito de cohecho por aceptar que en los tratos con las editoriales incluyeran el regalo de pizarras electrónicas.
Estas misivas -enviadas por burofax en ocasiones- lograron "acojonar" a los directores de los colegios, tal y como se jactan los comerciales de algunas de las editoriales en los correos. En la resolución, se reproduce uno de los mensajes que se remitían a los centros:
“Aceptar este tipo de regalos comprometería seriamente los deberes, principios de conducta y principios éticos recogidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (artículos 52 a 54) con la responsabilidad disciplinaria que, en su caso, conllevara sanciones como: la separación del servicio, despido disciplinario, suspensión de empleo y sueldo, etc.- y ello sin perjuicio de que pueda llegar a considerarse como un comportamiento tipificado en los artículos 419,420 o 424, entre otros, del código penal”.
Para el regulador de la competencia, con estos mensajes, las editoriales de ANELE pretendían que los centros escolares no aceptaran ofertas comerciales y, en consecuencia, se eliminara la competencia del mercado.
En la resolución se incide en que el sector del libro facturó 2.317,2 millones de euros en España en 2016, de los que el sector de los libros de texto no universitarios lograron 856,04 millones de euros, es decir, el 3,1% más que en el ejercicio anterior.
El precio medio de los libros de texto con formato papel fue el 47,9% más caro que la media de los volúmenes editados en el mercado, mientras que en el caso del digital, fue el 78,7% mayor.
En este último terreno, la CNMC ha demostrado que las editoriales, a través de ANELE, establecían cuotas mínimas -de 10 euros se muestra en un correo- para las licencias digitales, lo que, obviamente, contribuyó a mejorar las perspectivas de facturación de los implicados.
Los grupos editoriales multados fueron Anaya, Bromera, Edelvives (que sufrió presiones hasta que se unió a ANELE), SM y Santillana. Esta última, propiedad del Grupo Prisa y la cual recibió la mayor sanción -casi 9 millones de euros- ya ha anunciado que recurrirá la sanción ante la Audiencia Nacional.
Entre las empresas implicadas también se encuentran las editoriales BYME, Macmillan, Laberinto, Editex, Edebé, Mc Graw Hill, OUP, Pearson y Teide. La propia ANELE deberá afrontar el pago de 180.000 euros por estos hechos.