En los últimos Presupuestos Generales, aparecen partidas por 7.954 millones de media a estos organismos públicos, aunque las diputaciones forales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava cuentan con un presupuesto de 15.082 millones de euros. Entre el 30% y el 50% del gasto total de las diputaciones se dedica a personal. Otro 20%-30% es gasto corriente. Lo que deja en un 40% lo que realmente dedican a inversiones y programas.
22.000 millones de euros. Esta es la cantidad que le supone el Estado español mantener 38 diputaciones provinciales, 3 diputaciones forales, 4 consejos y 7 cabildos insulares. Son entidades cuyo gobierno se decide después de las elecciones locales, que determinan el reparto del poder local en los municipios.
En los últimos Presupuestos Generales, aparecen partidas por 7.954 millones de media a estos organismos públicos, aunque las diputaciones forales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava cuentan con un presupuesto de 15.082 millones de euros.
Su función es eminentemente prestar servicios comunes para distintos municipios, sin embargo, tal y como explica la jurista Candela Sánchez, "en los últimos años ha sido refugio idóneo de la corrupción, precisamente por la opacidad de su gestión. No es de extrañar, por tanto, que las fuerzas emergentes en la política española aboguen por su supresión".Más de 7.000 millones de deuda.
Sin embargo, durante años, los partidos tradicionales se han negado a eliminar las diputaciones provinciales. Durante los últimos 4 años, el PP ha controlado 31 de las diputaciones españolas. En su conjunto supone un presupuesto anual de 4.700 millones.
En un segundo puesto se hallaban las diputaciones dirigidas por el PSOE, aunque a bastante distancia, con 10 plazas. Sus cuentas se elevan a los 1.260 millones, apenas una cuarta parte que el PP.
El poder político que pueden representar se refleja con claridad en Cataluña. Las cuatro diputaciones están controladas desde el 2011 por CiU, con un presupuesto total de 1.206 millones. No en vano, la Diputación de Barcelona es la mejor dotada de toda España, con 870 millones anuales.
No solo eso. Según los datos del Banco de España correspondientes al primer trimestre del actual ejercicio, las diputaciones, cabildos y consejos acumulan una deuda de 7.194 millones de euros, de los que 4.168 millones corresponden a las de régimen común, 2.040 a las forales y 986 a las entidades insulares.
Un endeudamiento que ha ido creciendo paulatinamente, en concreto un 35% en el último decenio en el caso de las de régimen común, un 52% en las forales y un 61% en las administraciones canarias y baleares. En su conjunto, el aumento ha sido del 43,4%.Más de 1.000 políticos.
Estas diputaciones, consagradas en el artículo 141 de la Constitución y a punto de cumplir 200 años, implican el mantenimiento de unos 1.000 cargos políticos y cuentan con 76.151 trabajadores públicos, lo que supone el 2,8% del total de empleados al servicio de las distintas administraciones públicas. De ese total, 30.406 son funcionarios, 36.733 personal laboral y 9.012 otro personal.
En cualquier caso, en los últimos cuatro años el número de empleados al servicio de las entidades provinciales ha descendido un 7,5%, aunque no así el número de políticos. Además, unos 15 millones de personas dependen de las diputaciones, según ha remarcado el PP en numerosas ocasiones.¿Cómo se eligen?
La composición de las diputaciones depende de los resultados de las elecciones locales y el número de diputados provinciales del número de habitantes de cada provincia.
Una vez constituidos todos los Ayuntamientos, los escaños de las diputaciones provinciales se reparten, por cada partido judicial, según la fórmula D'Hondt, entre aquellos partidos que han obtenido algún concejal en cada partido judicial y según el número de votos conseguidos por cada uno de ello.
Por otro lado, hasta 500.000 residentes corresponden 25 diputados, de 500.000 a un millón, 27, de un millón a 3,5 millones, 31, y de 3,5 millones en adelante 51 diputados.
El resultados de elecciones celebradas el pasado 22 de mayo fueron elegidos 1.040 diputados provinciales y 157 consejeros de cabildos insulares, frente a los 1.038 diputados y 153 consejeros, respectivamente, de la anterior cita electoral municipal. Aquí también hay una diferencia sustancial con las diputaciones forales, cuyos representantes se eligen de forma directa.¿Qué competencias tienen?
Las competencias de las diputaciones provinciales han ido reduciéndose a medida que se desarrollaba el modelo de comunidades autónomas.
Dentro de las competencias típicas que podemos encontrar en una diputación, cabe identificar dos grandes grupos: servicios sociales, y cooperación con ayuntamientos, por un lado, y desarrollo de infraestructuras, por otro.
En el primer grupo, se encuadran programas de empleo, de formación, de atención a dependientes, de apoyo a instituciones culturales, de apoyo a actividades deportivas, de ayuda a emprendedores, etc., etc. La mayoría de estos servicios se plasman en la concesión de subvenciones.
En el segundo grupo, las diputaciones prestan servicios de cooperación con ayuntamientos, y de desarrollo y mantenimiento de infraestructuras en pequeños municipios de la provincia. En estos servicios se encuadra el apoyo de asesoría jurídica o de recaudación de los tributos, así como del mantenimiento de las carreteras y caminos provinciales, y de la construcción de infraestructuras.
Precisamente por este último punto, el director de Fedea, Ángel de la Fuente, ha defendido la existencia de estas diputaciones en numerosas ocasiones, asegurando que "tienen una financiación modesta y juegan un papel importante en la prestación de servicios en los municipios mas pequeños", por lo que "eliminarlas supondría un ahorro limitado que seguramente desaparecería si se consideran los costes que tendrían que asumir otras administraciones en su lugar".Gasto desmesurado en servicios corrientes.
Sin embargo, otros juristas, como la experta en derecho Constitucional Candela Sánchez, opinan que las diputaciones proviniciales presentan una cuantía desmesurada en lo que se refiere al gasto de personal y servicios corrientes.
Entre el 30% y el 50% del gasto total de las diputaciones se dedica a personal. Otro 20%-30% es gasto corriente. Lo que deja en un 40% lo que realmente dedican a inversiones y programas. "Si añadimos los gastos corrientes de los organismos dependientes, esta cantidad podría reducirse al entorno del 20%".
Estos gastos de personal, insiste la experta, se produce en una institución que no presta servicios directos a los ciudadanos. "Es decir, que corresponde a funcionarios y políticos, nunca a médicos, bomberos o abogados". "Todo el personal de las diputaciones estádedicado a la gestión de los programas en que se plasma la ejecución de sus funciones y mayoría de estos programas se reducen a la concesión de subvenciones", denuncia.
Para esta jurista, si las diputaciones de las autonómicas asumieran las competencias de las provinciales, se produciría una mayor eficacia y control del gasto, a la vez que se eliminarían duplicidades y podría ofrecerse el mismo servicio eliminando muchos costes inecesarios. Y para concluir, pone un ejemplo: "Imagina una ONG que de todo el dinero que recauda para sus proyectos dedicase un 60% a su propia gestión y sólo un 40% llegase a los destinatarios. Esa asociación o estaría mal gestionada o se quedaría con el dinero que recauda. Ese es el problema de las diputaciones: ineficacia y corrupción".
Más información: Informe sobre la diputaciones