La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMV) sigue recibiendo numerosas quejas, así como nuevas denuncia sobre las condiciones de los préstamos ICO por el covid-19.
La entidad continuará muy pendiente de dichas condiciones crediticias en un escenario en el que la crisis económica derivada del coronavirus y la incertidumbre que rodea a la pandemia pueden dar lugar a nuevas lineas de préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Por este motivo, la CNMC va a continuar con los requerimientos de información a las entidades financieras que se han visto envueltas dentro de estas quejas, con el objetivo que comprobar si estas prácticas son compatibles con las normas de la competencia.
En este sentido, la Comisión continúa investigando dichas practicas, gracias al buzón de denuncias habilitado que se puso en marcha durante los meses de confinamiento y que permitió unificar todas las consultas, quejas y denuncias de muchos ciudadanos en relación a la aplicación de la normativa de competencia en un contexto de crisis sanitaria.
Tras más de seis meses de funcionamiento del ‘buzón covid’, a raíz de las primeras consultas recibidas y de varias noticias publicadas en los medios de comunicación, la CNMC inició diligencias previas y realizó una serie de requerimientos de información a diversas entidades financieras. Tras el análisis de la información recabada, la CNMC ha detectado la existencia de una serie de actuaciones que podrían vulnerar la normativa de competencia.
En estos momentos, la Comisión está analizando la vinculación de productos cruzados a la hora de comercializar los préstamos ICO Covid -entre otros, seguros, servicios de alarma o la compra de televisores-, la utilización de dichos créditos como mecanismo para restructurar productos financieros preexistentes, así como el pago de gastos iniciales por parte de los beneficiarios de los créditos, con carácter previo al desembolso de los fondos correspondientes a los créditos concedidos.
La banca española examinada por Competencia de la UE
El Banco Central Europeo (BCE) pretende examinar a la banca española por la utilización masiva del aval del Estado para créditos anteriores al covid-19, por lo que va a trasladar esta situación a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea.
De esta forma, las entidades españolas han aprovechado las líneas ICO -lanzadas en marzo para evitar los problemas de solvencia de miles de empresas- para sacar de su balance entre el 70% y el 80% del riesgo de morosidad de créditos anteriores a dichas lineas del ICO. Entre sus prácticas, las entidades financieras, en el caso de impago de un cliente, solo asumirían un máximo de un 30% de esa pérdida, mientras que el resto corresponderá al ICO.
Esto adquiere mayor importancia dado el enorme importe de dichos créditos: desde el inicio de estas lineas de ayuda se han concedido más de 111.000 millones de estos créditos, de los que el Estado garantiza más de 84.000. Y podrán seguir otorgándose hasta junio del próximo año, con lo cual la cifra seguirá creciendo.
El temor es que un elevado porcentaje de ese importe acabe en impago porque la situación de la economía no haya mejorado lo suficiente para que empresas y autónomos tengan ingresos suficientes para empezar a devolver los primeros plazos. Algo que iba a ocurrir con toda seguridad en marzo de 2021, cuando terminaban los 12 meses de carencia que tenían inicialmente estos préstamos.
El supervisor europeo ha venido dando avisos sobre esta cuestión en las últimas semanas. Andrea Enria, presidente del Mecanismo Único de Supervisión, dijo públicamente que iba a comprobar que los préstamos concedidos al amparo de las medidas especiales por el coronavirus -como los ICO en España- se han utilizado para aportar liquidez ante la situación excepcional y no para sanear sus balances reestructurando créditos anteriores .
Y el propio Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, ha advertido de la posible infraponderación de las provisiones bancarias y del exceso de optimismo de las entidades financieras. En este sentido, la semana pasada Enria remitió una carta a las entidades europeas en las que animaba a provisionar adecuadamente los créditos con riesgo de deterioro para evitar la “prociclicidad”, aunque disfruten de una moratoria. También reclama mecanismos para diferenciar de manera efectiva los deudores viables de los que no lo son.
Por todo ello, la CNMC investiga si dichas actuaciones podrían constituir una conducta desleal que, por falsear la libre competencia, afecte al interés público en un contexto de crisis derivada del Covid-19 y, por tanto, constituir una infracción de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.