Mientras Indra espera su imputación en los próximos días, Santander y Prisa también se ven salpicadas por la situación jurídica del expresidente de la tecnológica
El cerco judicial se estrecha sobre Indra. La compañía de ingeniería y tecnologías de la información se encontró el pasado viernes con la noticia de que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado su imputación y la de su expresidente, Javier Monzón, por su presunta implicación en la financiación irregular del PP en la Comunidad de Madrid. Y está previsto que el juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, decida sobre esta petición en los próximos días, antes del parón vacacional, según han confirmado a El Independiente fuentes judiciales conocedoras del proceso.
Durante la instrucción del proceso, García Castellón se ha mostrado hasta la fecha muy proclive a respaldar las peticiones del Ministerio Fiscal, por lo que todo hace pensar que Indra pasará a figurar como investigado por presuntas donaciones irregulares al PP entre los años 2008 y 2013, durante la presidencia de Monzón. La compañía, que está participada por el Estado a través de la Sepi (actualmente controla un 18,75% de su capital), habría realizado pagos, según sospechan los investigadores, a una red de sociedades controladas por el empresario Óscar Sánchez Moyano, por unos servicios que nunca habrían llegado a concretarse.
El nombre de Indra ha estado persistentemente vinculado a las investigaciones sobre la caja B del partido ahora dirigido por Pablo Casado, pero nunca hasta ahora se había visto señalado por su responsabilidad penal como sujeto jurídico. La presión de esta amenaza se ha dejado notar en la evolución de la compañía en bolsa, donde sus acciones acumulan un recorte del 2,25% desde que se conoció la petición de la Fiscalía el pasado viernes y se sitúan en sus niveles más bajos desde enero de 2015.
Pero los últimos movimientos en torno a Púnica salpican a otros grandes nombres del entramado empresarial español, como Prisa y Banco Santander, que se ven indirectamente implicados en la investigación a través de Javier Monzón.
El expresidente de Indra, que dejó la compañía en 2015, ocupa desde el pasado 1 de enero la presidencia no ejecutiva del grupo editor del diario El País, de cuyo consejo forma parte desde febrero de 2018. El empresario accedió al holding de medios bajo el patrocinio de uno de sus principales accionistas, el Banco Santander, con el que mantiene una estrecha relación desde hace varios años.
El reglamento del consejo de Prisa, renovado a instancias de Monzón, establece que “todo consejero deberá informar a la Sociedad, a través del Secretario del Consejo de Administración, en el caso de que fuera llamado como investigado, resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral en una causa penal por cualquier delito y del acaecimiento de cualesquiera otros hitos procesales relevantes en dichas causas”.
“En este caso, el Consejo de Administración examinará esta circunstancia tan pronto como sea posible y, previo informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, adoptará las decisiones que considere más oportunas en función del interés social”, añade el documento, que establece que “el Consejo de Administración podrá requerir al consejero para que dimita de su cargo y, en su caso, propondrá su separación a la Junta General de Accionistas”.
Disposiciones similares forman parte del reglamento del consejo de Banco Santander, en el que Monzón ocupa el cargo del presidente no ejecutivo de Openbank y consejero de Santander España. “Los consejeros deberán comunicar al consejo cuanto antes, aquellas circunstancias que les afecten y que puedan perjudicar al crédito y reputación de la Sociedad y, en particular, las causas penales en las que aparezcan como imputados”, se señala en el documento de la entidad. Además, en este caso, el BCE también tendría potestad para juzgar la idoneidad del consejero para continuar en el cargo si se produjera su imputación.
Las cuestiones de reputación empresarial han estado muy en boga en las últimas semanas, a raíz de casos como el de BBVA y su implicación en la Operación Tandem -proceso también instruido por el juez García Castellón-, que ha puesto el foco en el impacto que las actuaciones de determinados directivos y consejeros pueden tener sobre la imagen de la empresa y el grado de responsabilidad que esta adquiere.
Esta cuestión resulta especialmente relevante en un momento en el que las cuestiones de gobernanza y responsabilidad social están ganando cada vez más peso en las decisiones de inversión de los grandes fondos internacionales.
El cerco judicial de Púnica complica la situación de Javier Monzón Prisa